
Una de las prácticas que desplegó Tarek William Saab en su larga pasantía por el Ministerio Público de Venezuela, fue la de exponer en las redes al escarnio público a personas que estaban siendo investigadas por distintos hechos.
Para corregir esta desviación, el nuevo fiscal general de la República, Larry Devoe, informó que “en estricto apego a los principios constitucionales”, ordenó “eliminar de todas las redes sociales oficiales del Ministerio Público las publicaciones en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de la comisión de delitos, sin que exista condena penal en su contra”.
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“Esta medida responde a un principio fundamental: toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario. La presunción de inocencia no es una formalidad, es un derecho constitucional que el Ministerio Público está obligado a garantizar”, argumentó.
Devoe llegó a ese cargo por su cercanía con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien presionó por la salida de Saab, antiguo colaborador de Nicolás Maduro que estuvo casi nueve años en ese puesto. De tener la responsabilidad de la acción penal en el país, Saab ahora pasó a ser el director de una misión cultural que lleva por nombre “Viva Venezuela, Mi Patria Querida”.
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“Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia transparente, objetiva y apegada al debido proceso, donde la dignidad de la persona sea siempre preservada”, indicó Devoe, al dejar atrás una de las irregularidades cometidas por su antecesor.
Positivo
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap -ONG que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes- consideró positiva la decisión adoptada por Devoe. “Corregir esta práctica era necesario desde hace años”, acotó.
“El 5 de mayo de 2022 denuncié públicamente que el entonces fiscal general, Tarek William Saab, exponía en su cuenta personal nombres, fotografías y videos de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar”, recordó Trapani.
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El activista enfatizó que “la presunción de inocencia ya era una obligación. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además, existe una protección especial de su identidad, intimidad y reputación. La existencia de una condena tampoco habilita a exponer públicamente a un adolescente vinculado a un hecho punible”.
El portavoz de Cecodap advirtió que no basta con eliminar las publicaciones, pues ello no repara la estigmatización y daño que pudo generar la difusión. “Hace falta establecer garantías para que no se repita, tanto en los canales institucionales como en las cuentas personales utilizadas para comunicar actuaciones oficiales”, expresó.
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Trapani también se preguntó “¿qué ocurrirá con las publicaciones difundidas desde la cuenta personal del exfiscal?” que, además, sigue siendo funcionario del régimen. “La protección de los derechos debe alcanzar todos los espacios donde se produjo la exposición”, precisó.
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