Qué sucede en El Rodeo I, la cárcel que se convirtió en el nuevo símbolo de la represión a los presos políticos en Venezuela

Quince minutos. Un vidrio. Un teléfono. Ningún abrazo. Ese es el único contacto que decenas de familias pueden tener cada semana con los presos políticos recluidos en El Rodeo I, la cárcel a las afueras de Caracas que durante los últimos años reemplazó al Helicoide como el principal símbolo de la represión en Venezuela.

Del otro lado del cristal aparecen hombres cada vez más delgados, algunos con problemas respiratorios, lesiones o secuelas de las golpizas. Otros simplemente dejan de aparecer. Sus compañeros apenas alcanzan a susurrar que fueron llevados al “piso cuatro”, un área de castigo de la que durante días nadie vuelve a saber. La incertidumbre es parte del sistema.

No solo resulta imposible conocer qué ocurre dentro del penal. Tampoco existe una cifra precisa sobre cuántos presos políticos permanecen allí. El último balance de la ONG Foro Penal registra 372 presos políticos en Venezuela, mientras que Justicia, Encuentro y Perdón eleva el número a 551. La diferencia refleja la dificultad para documentar las detenciones en un país donde muchas familias todavía temen denunciar por miedo a sufrir represalias. En El Rodeo I esa opacidad adquiere otra dimensión.

Según explicó Hiowanka Ávila, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y hermana del detenido Henryberth Rivas, el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó en una reunión que dentro de la cárcel había 234 personas privadas de libertad. Pero ese número incluye presos comunes, condenados por narcotráfico y otras causas penales.

El registro elaborado por el CLIPP identifica alrededor de 130 presos políticos, aunque la propia organización reconoce que la cifra probablemente sea mayor.

Durante meses, numerosos familiares evitaron denunciar las detenciones por temor a convertirse también en víctimas de persecución. En el campamento instalado frente a la prisión comenzaron a conocerse historias de personas que aseguraban haber perdido viviendas, vehículos o negocios después de reclamar por sus familiares encarcelados. Muchas detenciones, simplemente, nunca fueron reportadas. Para las organizaciones, esa falta de información no es una falla del sistema, sino uno de sus mecanismos de control.

Del Helicoide al nuevo “centro de tortura ejemplarizante”

Durante años, el Helicoide concentró buena parte de las denuncias internacionales por torturas contra presos políticos. Sin embargo, familiares y defensores de derechos humanos sostienen que El Rodeo I terminó ocupando ese lugar.

“Es el centro de tortura ejemplarizante”, afirma Andreína Baduel, hermana del preso político Yosnar Baduel. Según explica, el incremento de las denuncias internacionales sobre el Helicoide obligó a las autoridades a reducir parcialmente algunas prácticas visibles allí, mientras El Rodeo I pasó a concentrar los casos más sensibles.

“Te vamos a mandar para El Rodeo”, aseguran los familiares que escuchan decir a custodios en otros centros de reclusión cuando algún preso reclama por sus derechos o denuncia abusos.

Vivir encerrado 23 horas al día

Las condiciones de reclusión describen un régimen de aislamiento extremo. Los internos permanecen 23 horas diarias encerrados en celdas de aproximadamente dos metros de ancho, donde apenas caben una cama de cemento, una letrina y un pequeño espacio para moverse.

Comen, duermen y hacen sus necesidades en el mismo ambiente. El agua llega durante un tiempo limitado cada día y los detenidos improvisan tapas para las letrinas utilizando bolsas plásticas con el fin de contener los malos olores.

Los familiares denuncian infecciones respiratorias, hongos, otitis, dolores articulares y otras enfermedades agravadas por las condiciones sanitarias y la falta de atención médica especializada. Las visitas tampoco rompen el aislamiento.

Durante apenas quince minutos semanales, los familiares hablan mediante un teléfono separados por un vidrio, sin posibilidad de abrazarse o tocarse. Hasta hace pocos meses, además, quienes ingresaban debían hacerlo con una capucha para impedir que identificaran el recorrido interno del penal.

El terremoto y una nueva escalada de violencia

Las denuncias recrudecieron tras el terremoto que afectó el centro norte venezolano. Uno de los detenidos terminó hospitalizado con un edema cerebral. Otros denunciaron golpizas, uso de gases lacrimógenos y gas pimienta dentro de las instalaciones.

Baduel asegura que desde entonces algunos presos fueron trasladados al denominado “piso cuatro” y a otro espacio conocido como “la cámara del tiempo”, áreas donde —según los testimonios de los internos— permanecen incomunicados, con restricciones adicionales de alimentos y electricidad, mientras son sometidos a castigos físicos.

Una amnistía que no cambió la realidad

El gobierno anunció en enero el proceso de amnistía impulsado tras la llegada de Delcy Rodríguez como el inicio de un “nuevo momento político”. Sin embargo, quienes siguen de cerca la situación de los presos políticos sostienen que las condiciones para quienes permanecen encarcelados no mejoraron.

Andreína Baduel asegura que incluso se agravaron debido a una presunta disputa por el control del penal entre funcionarios de la DGCIM y del Ministerio de Servicios Penitenciarios, una convivencia que, según denuncia, terminó incrementando los episodios de violencia.

Mientras tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos advierte que alrededor de 40 detenidos necesitan atención médica especializada urgente y que varios podrían morir en prisión si no reciben tratamiento oportuno.

Frente a los muros de El Rodeo I, las familias continúan esperando cada fin de semana esos quince minutos de conversación detrás de un vidrio. Salen con más preguntas que respuestas. No saben cuántos presos políticos siguen dentro, quiénes fueron trasladados a las áreas de castigo, ni cuándo volverán a ver a sus familiares. En una cárcel donde la información también está encarcelada, la incertidumbre se ha convertido en otra forma de castigo.

En realidad, la versión anterior tiene unas 390 palabras, por lo que ya está por debajo del límite de 500. Sin embargo, creo que puede quedar todavía mejor si es más ágil y periodística. Al ser un apéndice, no necesita desarrollar todo el expediente, sino mostrar por qué el caso de José Ignacio Moreno ilustra lo que ocurre en El Rodeo I.

El abogado José Ignacio Moreno Suárez

Entre los presos políticos que permanecen recluidos en El Rodeo I está el abogado José Ignacio Moreno Suárez, detenido hace más de dos años mientras representaba en Venezuela a la empresa minera Gold Reserve Inc., enfrentada al Estado venezolano en un arbitraje internacional por el proyecto Brisas-Cristinas.

Moreno Suárez fue arrestado el 4 de junio de 2023 cuando almorzaba en un restaurante de Caracas. Funcionarios de la DGCIM le pidieron que los acompañara para una supuesta entrevista y, según la documentación revisada por Infobae, quedó detenido sin que existiera una orden de aprehensión. Desde entonces permanece recluido en El Rodeo I sin que haya comenzado su juicio.

La Fiscalía lo acusa de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir. Su defensa sostiene, en cambio, que el proceso constituye una represalia por su trabajo como abogado de Gold Reserve y denuncia que la prisión preventiva ya superó los plazos previstos por la legislación venezolana sin que exista una sentencia.

Mientras el expediente permanece prácticamente inmóvil, la mayor preocupación de su familia es su estado de salud. Según los informes médicos incorporados por la defensa, ha perdido alrededor de 70 kilos desde su detención y padece hipertensión arterial, esófago de Barrett y una afección prostática que requiere atención especializada. Sus allegados aseguran que en distintas oportunidades se les ha impedido ingresar medicamentos y que la asistencia médica sigue siendo insuficiente.

Su situación volvió a agravarse tras el terremoto que afectó el centro-norte de Venezuela. De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, permaneció casi tres semanas incomunicado, sin visitas ni posibilidad de recibir alimentos o medicinas. La familia solo pudo verlo después de advertir que denunciaría públicamente una posible desaparición si las autoridades no ofrecían una prueba de vida.