Después de los terremotos, los venezolanos temen perder sus casas dañadas

Morela Luna espera ansiosamente la llegada de un equipo de expertos para inspeccionar su casa parcialmente derrumbada, donde sus vecinos tuvieron que rescatarla tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio y que ha cobrado más de 3.600 vidas.

Luna vivía con su esposo y su hijo de cuatro años en el segundo piso de su casa en el barrio La Lucha de Catia la Mar, en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos. Su padre vivía en el primer piso.

“Sigo pensando que esto es una pesadilla. Ojalá pudiera reconstruir mi casa. Crecí aquí y no quiero perderla”, dice la estudiante de geografía de 23 años, que duerme por las noches en casa de la abuela de su pareja.

Dos semanas después de los sismos, ingenieros y arquitectos están evaluando las viviendas en este barrio de bajos recursos, construidas por sus propios residentes.

Determinarán cuáles son seguras para vivir (marcadas con una pegatina verde), cuáles necesitan reparaciones (marcadas con una amarilla) y cuáles son peligrosas y deben ser evacuadas (marcadas con una roja).

La casa de Luna es una de las viviendas derrumbadas a las que ni siquiera pueden entrar.

Cerca de allí, Juana Alfonzo, de 65 años, aún se mueve por su casa, a pesar de que el suelo está hundido y agrietado, y las columnas muestran daños visibles.

Ella y cinco de sus familiares duermen en tiendas de campaña en el patio, por temor a más derrumbes. Pero confía en que su casa se pueda salvar.

“Algunas personas lloran mucho porque, claro, es una pérdida total. Tantos años construyendo estas casas, solo para que desaparezcan en 39 segundos” con los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5, dice Alfonzo sobre sus vecinos.

Ella aún no sabe que la inspección determinó que varias columnas de su casa están dañadas y que no debería ser habitada porque podrían ceder.

Alfonzo no recibirá esta noticia de la brigada de ingeniería. En cambio, un equipo del gobierno vendrá más tarde para informarle y colocar una calcomanía roja de advertencia en la fachada de su edificio.

Los pequeños espacios abiertos del barrio La Lucha están llenos de tiendas de campaña pertenecientes a los residentes que esperan ansiosamente las reparaciones gubernamentales en sus hogares. En algunas áreas, los trabajadores están retirando escombros, pero hasta ahora, nada más.

Muchos recuerdan el deslizamiento de tierra de 1999 que dejó miles de muertos en esta misma zona, así como decenas de miles más sin hogar en ese desastre, algunos de los cuales pasaron años en albergues.

Los terremotos del 24 de junio dejaron a casi 18,000 personas sin hogar, según las autoridades.

Gustavo, un mecánico de 60 años que prefirió no dar su apellido, está preocupado.

“Nadie va a querer irse de aquí”, dijo. Según cifras oficiales, los dos terremotos provocaron el derrumbe de 190 edificios y dañaron otros 856. Un estudio de la NASA estima que la cifra podría alcanzar los 58.000.

6.000 inspecciones

En Los Palos Grandes, uno de los barrios de clase media más caros de Caracas y uno de los más afectados, tres residentes observan con consternación el letrero rojo colocado en su edificio.

“¿Quién realizó esa inspección y con qué capacitación?”, pregunta una mujer con enojo.

“He vivido aquí 40 años, no quiero que demuelan”, dice otra mujer.

Una comisión presidencial encargada de determinar la habitabilidad de los edificios ha estado organizando talleres para capacitar a ingenieros y arquitectos en la inspección de los edificios dañados por los terremotos.

Su presidente, Francisco Garces, quien también es Ministro de Transportes, afirmó que ya se han realizado alrededor de 6.000 evaluaciones.

“Las fases de reparación y rehabilitación vendrán después”, añade.

“Ya se están construyendo nuevas viviendas, algunas están casi terminadas y otras se están renovando para brindar soluciones a quienes perdieron sus casas por completo”, declaró a la AFP.

Revisión técnica

Gustavo Duque, alcalde de Chacao, un barrio de clase media de Caracas, insta a la cautela al interpretar la señal roja de riesgo.

“No implica necesariamente demolición, pero el edificio debe someterse a una revisión técnica para determinar si se puede reparar”, explicó a la AFP.

En su municipio, que incluye Los Palos Grandes, tres edificios residenciales se derrumbaron por completo.

De un total de 3100 edificios en el municipio de Chacao, se han inspeccionado hasta el momento unos 1000, y 25 están clasificados como de riesgo.

Recientemente se emitió una advertencia sobre la fragilidad de los edificios: en Caracas, parte de una escuela en el centro histórico —también clasificada como de riesgo— se derrumbó el 3 de julio, sin causar heridos porque estaba vacía.

(AFP)