Un total de 15 organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales exigieron este viernes a la Asamblea Nacional de Venezuela que garantice independencia judicial, transparencia e imparcialidad en la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El llamado llegó mediante un comunicado conjunto firmado, entre otras, por el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la alianza global Civicus. Los grupos advirtieron que la designación “no puede responder a dinámicas de lealtad política, sino a una evaluación rigurosa de méritos profesionales, trayectoria jurídica, independencia y solvencia ética".
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La Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, debe cubrir en total 20 vacantes en el tribunal: 8 cargos de magistrados que renunciaron o se jubilaron, y 12 nuevas plazas creadas por una reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada en mayo, que amplió la corte de 20 a 32 miembros. Además, el Parlamento designará al inspector de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM).
En el comunicado, presentaron exigencias concretas al Parlamento. Pidieron publicar un cronograma con “cada una de las fases restantes del proceso y sus plazos”, difundir la lista de aspirantes junto con sus hojas de vida, y fijar criterios de calificación objetivos antes de las evaluaciones.
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También reclamaron mecanismos de impugnación con respuestas fundamentadas a cada objeción recibida, así como “espacios reales de participación ciudadana”.
Las organizaciones, señalaron, debe permitir a la sociedad civil seguir cada etapa, presentar información relevante y acceder a las decisiones adoptadas, lo que consideran indispensable para “vigilar y verificar que la selección se realice de forma transparente, imparcial y conforme a estándares internacionales”.
Los grupos también vincularon la renovación del TSJ con la situación de los derechos humanos en Venezuela. Un tribunal autónomo e independiente, señalaron, “es una condición indispensable para garantizar su acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como para prevenir la repetición”.
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La cuestión “resulta particularmente importante en un contexto en el que persisten la criminalización y las detenciones arbitrarias por motivos políticos, prácticas represivas que no han sido erradicadas y frente a las que el Poder Judicial tiene un rol determinante", advirtieron.
Entre los destinatarios del llamado figuran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los mecanismos internacionales pertinentes, a quienes se pidió monitorear el proceso.
El plazo de postulaciones, que acumula dos prórrogas, cierra el miércoles 18 de junio. Hasta ahora se han registrado más de 600 aspirantes. Una vez cerradas las inscripciones, el Comité de Postulaciones dispondrá de 15 días para recibir impugnaciones y evaluar expedientes, tras lo cual remitirá a la AN la lista de elegibles para los nombramientos definitivos.
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(Con información de EFE y AP)
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