Venezuela registró 181 muertes de presos bajo custodia estatal en 2025, según un informe de una ONG

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 181 presos murieron bajo custodia del Estado en Venezuela en 2025, según su informe anual. La organización advirtió un aumento frente al año anterior y atribuyó la mayoría de los fallecimientos a la falta de atención médica en cárceles y calabozos del país.

El OVP detalló que 158 personas privadas de libertad murieron en cárceles y 23 en calabozos policiales a lo largo de 2025. Del total, 151 casos correspondieron a muertes por desatención médica; el resto se vinculó con afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias y respiratorias, además de falla multiorgánica y shock hipovolémico. En el reporte, la organización sostuvo que el Estado venezolano no garantizó el derecho a la salud de los presos en ninguna etapa de la reclusión y remarcó que esa omisión se agravó en 2025.

Familiares de internos relataron al OVP que enfrentaron obstáculos para entregar medicinas, obtener traslados para atención médica, garantizar una alimentación adecuada o acceder a agua potable. Según esos testimonios, los reclusos almacenaron agua en envases dentro de las celdas y, en muchos casos, quienes ingresaron con enfermedades preexistentes no recibieron controles médicos regulares ni acceso a consultas, exámenes, medicamentos y seguimiento de sus condiciones de salud.

El informe anual alertó sobre intentos de suicidio y reiteró denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de reclusión. La organización afirmó que no se trató de hechos aislados, sino de un patrón sistemático y de una política de Estado en materia penitenciaria.

Durante la presentación del documento, Humberto Prado, director del OVP, sostuvo que el problema carcelario en Venezuela respondió a una falta de voluntad política y señaló que las personas designadas para gestionar el sistema penitenciario desconocieron la realidad de las cárceles.

En el mismo informe recordó que entre 2015 y 2025 murieron 26 presos políticos bajo custodia estatal e incluyó el caso de Víctor Quero, cuyo fallecimiento las autoridades reconocieron diez meses después de ocurrido. Además, el OVP contabilizó 5.657 muertes de reclusos bajo tutela estatal desde 1999 hasta 2012, y 2.454 entre 2013 y 2025, bajo la dictadura de Nicolás Maduro.

La crisis del sistema penitenciario también se reflejó en hechos violentos como el motín en el Internado Judicial Yare III, en el estado Miranda, donde varios privados de libertad resultaron heridos de bala. El Ministerio para el Servicio Penitenciario no ofreció explicaciones oficiales a más de un mes de ocurrido el episodio y tampoco publicó resultados de las investigaciones anunciadas.

De acuerdo con información obtenida por el OVP, el motín en Yare III comenzó cuando los internos llevaban al menos cinco días sin acceso a agua ni a comida suficiente. Los presos compartieron los pocos alimentos recibidos de sus familiares, pero la escasez se volvió insostenible.

Durante una requisa nocturna en el módulo II, funcionarios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas) irrumpieron en las celdas y generaron el descontento de la población penal. Los reclusos protestaron golpeando puertas y exigieron alimentos, la visita del director y traslados a otros penales ante las condiciones precarias.

Las protestas se extendieron al módulo III. Según la ONG, la respuesta de los funcionarios incluyó el ingreso del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), que disparó balas y perdigones durante la madrugada. Testimonios recogidos por la organización señalaron que uno de los internos, Erkin Josué Ramos Flores, murió por impacto de bala. Los familiares permanecieron semanas sin información sobre el estado o paradero de sus seres queridos. El OVP identificó a funcionarios presuntamente involucrados en el operativo, entre ellos miembros del Sesmas y del GRIC.

El traslado de 600 reclusos después del motín fue presentado como una medida para aislar a testigos y heridos. El OVP lo calificó como una acción perjudicial que también afectó a las familias.

En el ámbito militar, la exclusión de retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de ciertos beneficios de seguridad social generó protestas y denuncias de discriminación. Un alto oficial retirado sostuvo que la nueva política de Seguros Horizonte, que limitó servicios a militares activos, constituyó una discriminación contra quienes contribuyeron durante años al sistema de previsión social.

El coronel retirado José Rangel Terán calificó la medida como un irrespeto y una provocación. Bajo el régimen de Nicolás Maduro y con Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de la Defensa, los militares retirados denunciaron restricciones en beneficios como asistencia médica y funeraria.

Oficiales retirados acudieron al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en busca de apoyo, pero no encontraron recursos disponibles para medicinas ni equipos médicos, aunque continuaron los descuentos en sus pensiones.

El Instituto de Oficiales en situación de Retiro de la Fuerza Armada Nacional (IORFAN) advirtió que la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada exigió protección integral para personal activo y retirado, así como para sus familias. El organismo reclamó equidad en la previsión social y recordó que el Estado tiene un deber moral y legal con quienes sirvieron a la Nación.

El deterioro de la protección social de los militares retirados se vinculó a decisiones presupuestarias y administrativas y a una supuesta falta de autonomía de la estructura militar.

(Con información de EFE)