Colapso, abandono y corrupción: un informe analizó la respuesta del Gobierno al terremoto en Venezuela

El doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio no solo provocó una de las mayores catástrofes de la historia reciente del país, también expuso, según un informe del Miranda Center for Democracy, el colapso de la capacidad del régimen chavista para responder a una emergencia de gran magnitud.

El centro de estudios sostiene que el Estado venezolano no activó los mecanismos previstos para una situación de desastre, dejaron sin coordinación las primeras 72 horas —consideradas decisivas para salvar vidas— y terminaron agravando una crisis que pudo haber tenido consecuencias aún mayores de no ser por la intervención de decenas de equipos internacionales de rescate.

El documento, elaborado por el think tank fundado por venezolanos y con sede en Washington, reconstruye la respuesta de la cúpula chavista tras el desastre a partir de testimonios de especialistas en gestión de riesgos, rescatistas, funcionarios, documentos técnicos y datos de organismos internacionales. Según el informe, la magnitud de la crisis estuvo marcada no solo por la fuerza del doble terremoto, sino también por el deterioro de las instituciones encargadas de atender emergencias.

La investigación sostiene que las cifras oficiales no reflejan la verdadera dimensión de la tragedia. Mientras el régimen interino mantiene un balance de 5.208 fallecidos, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó una probabilidad del 70% de que la cantidad de muertos superara los 10.000.

El informe también cita estimaciones del sistema de Naciones Unidas y del Comité Internacional de Rescate, según las cuales habría al menos 50.000 personas desaparecidas, aunque un registro ciudadano mantiene alrededor de 30.000 casos que todavía no han podido ser localizados.

Los datos recopilados muestran además el alcance de la emergencia humanitaria. Naciones Unidas calcula que hasta 6,76 millones de personas resultaron afectadas por los terremotos, incluidos unos dos millones de habitantes del área metropolitana de Caracas. El organismo también estima que 680.000 niños requieren asistencia y que hasta 1,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. En paralelo, una evaluación de la NASA proyectó que cerca de 58.870 edificaciones sufrieron daños o quedaron destruidas, frente a las poco más de mil reportadas oficialmente por el chavismo

El Miranda Center sostiene que, frente a un evento de esa magnitud, el Estado debía haber activado de inmediato el Sistema Nacional de Protección Civil, clasificar formalmente la emergencia, iniciar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinar las operaciones durante la denominada ventana crítica de las primeras 72 horas.

De acuerdo con los especialistas consultados para el estudio, la conducción de esa respuesta debía recaer en autoridades civiles con experiencia en gestión de desastres, mientras que las Fuerzas Armadas tendrían que haber concentrado su participación en tareas logísticas, como mantener operativos los aeropuertos de Maiquetía y La Carlota para facilitar el ingreso de equipos internacionales, aportar maquinaria pesada, coordinar el trabajo de voluntarios y garantizar la seguridad de las zonas afectadas.

Sin embargo, el informe afirma que esa estructura nunca llegó a funcionar. Aunque la noche del 24 de junio fue anunciado un Estado Mayor de Emergencia, los investigadores sostienen que esa coordinación no se tradujo en operaciones efectivas sobre el terreno. El estudio también señala que Protección Civil ha permanecido durante años bajo conducción de autoridades militares y que esa situación debilitó la capacidad técnica del organismo.

La ausencia de una respuesta coordinada, sostiene el documento, hizo que las labores de búsqueda recayeran principalmente en ciudadanos, bomberos voluntarios y brigadas internacionales procedentes de 28 países. En total, participaron 51 equipos extranjeros de búsqueda y rescate.

El informe describe además las limitaciones materiales con las que trabajaban numerosos rescatistas venezolanos.

“No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología… estamos en la Edad de Piedra”, declaró un integrante de Protección Civil citado por el estudio. Según la investigación, muchas unidades operaban desde hacía años con una fracción mínima de su capacidad, sin vehículos suficientes, maquinaria especializada ni equipos hidráulicos para remover grandes estructuras colapsadas.

Durante los primeros cinco días posteriores al terremoto, agrega el documento, el principal registro de personas desaparecidas fue elaborado por ciudadanos y voluntarios de la diáspora venezolana, ante la ausencia de un sistema oficial de identificación y seguimiento.

El informe también establece un paralelismo con la tragedia de Vargas de 1999, que dejó decenas de miles de muertos y desplazados. Según los expertos consultados, aquella experiencia impulsó reformas legales destinadas a fortalecer la gestión de riesgos, pero con el paso de los años esas instituciones perdieron autonomía y capacidad técnica.

Uno de los capítulos más extensos del estudio examina la Gran Misión Vivienda Venezuela. El Miranda Center sostiene que numerosos desarrollos habitacionales fueron construidos en zonas aluviales de La Guaira, donde ya existían antecedentes de alta vulnerabilidad geológica. Asimismo, afirma que nunca se realizaron auditorías independientes para verificar el cumplimiento de las normas antisísmicas y que los cálculos estructurales permanecieron bajo reserva oficial.

El documento recuerda además que ingenieros habían advertido sobre posibles riesgos tras un sismo registrado en 2017. Uno de los colaboradores del informe documentó un conjunto residencial de ocho torres en el que seis edificios colapsaron completamente y los otros dos quedaron inhabitables.

La investigación también identifica una serie de actuaciones atribuidas al régimen interino durante la emergencia. Entre ellas menciona la militarización de La Guaira mediante controles de acceso, restricciones impuestas a voluntarios y equipos de rescate, obstáculos administrativos que retrasaron el ingreso de brigadas internacionales, amenazas contra periodistas, suspensión temporal del acceso de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales a las zonas afectadas, además de denuncias sobre incautación de ayuda humanitaria y presuntos casos de saqueo y cobros irregulares para la entrega de cuerpos en morgues.

En materia de acceso a la información, el documento sostiene que persistieron restricciones digitales durante la emergencia y recuerda que tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela como Amnistía Internacional solicitaron el levantamiento de las limitaciones que afectaban la labor informativa y el acceso humanitario.

Finalmente, el Miranda Center afirma que el país contaba con recursos suficientes para fortalecer su capacidad de respuesta ante desastres. El estudio menciona inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sistemas de videovigilancia, la adquisición de miles de camiones pesados y multimillonarios desembolsos destinados a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, sostiene que esos recursos no estuvieron disponibles durante la emergencia. Para los autores, lo ocurrido tras el doble terremoto refleja el deterioro prolongado de las instituciones encargadas de atender desastres y documenta cómo la falta de preparación, coordinación y capacidad operativa terminó profundizando una de las peores tragedias que ha vivido Venezuela en las últimas décadas.