“Tenemos que sobrevivir”: las penurias que viven las personas mayores en Venezuela

“¿Qué son 130 bolívares?”, se pregunta José Orlando Guerra, quien de inmediato dispara la respuesta cargada de indignación: “¡Nada!”. El monto en cuestión equivale a menos de 30 centavos de dólar, cantidad que reciben mensualmente alrededor de 5 millones de venezolanos como pensión de vejez.

Guerra tiene 62 años, al igual que su esposa. Reside en un barrio pobre de Petare, al este de Caracas. Allí el servicio de agua potable llega cada dos meses, no pasan los camiones que recogen la basura y la luz falla frecuentemente.

Además de su señora, que padece un fibroma que requiere ser operado, de él dependen directamente dos nietos, una hija de 30 años que está en silla de ruedas y otro de 28, que se queda en la casa apoyando a la madre y la hermana en los quehaceres diarios.

Los abuelos reciben el llamado “Bono de Guerra Económica” que reparte el gobierno. Son 58 dólares para cada uno. Con eso pagan unos tanques que necesitan para almacenar agua.

Guerra salió este martes 14 de abril de su hogar a las 5:30 de la mañana. Dos horas y 40 minutos después, llegó a su trabajo en el otro extremo de la ciudad. El sexagenario se desempeña como vigilante privado en una urbanización privada del oeste caraqueño. “Mi trabajo no lo dejo, en ningún lugar voy a ganar tanto”, expresa convencido.

Cobra 230 dólares al mes. Las jornadas son duras: 48 horas de trabajo seguidas, que luego alterna con cuatro días de descanso. Sin embargo, no se queja. “A mi edad y con mis problemas de salud, aquí ya no consigues trabajo en ninguna parte. Y si voy a esperar por lo que dé el gobierno, me muero de hambre”, explica dentro de la diminuta garita.

Sin parar

La historia de Guerra no es la excepción en la República Bolivariana. El último informe de la asociación civil Convite, titulado “Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela”, registra “un cambio significativo en la participación laboral de las personas mayores”, destacando que “55% se encuentra actualmente trabajando, superando por primera vez a quienes están inactivos”.

El análisis subraya que “la motivación principal para continuar en el mercado laboral es la necesidad de complementar ingresos destinados a alimentación, salud y apoyo familiar”, dado que “la insuficiencia de la protección social obliga a prolongar la vida laboral más allá de la jubilación”.

Los hallazgos de Convite son producto de una encuesta realizada a 1.803 individuos (45% hombres y 55% mujeres) de entre 60 y 80 años o más. Del total, 85% percibe al mercado venezolano como edadista; es decir, que discrimina a las personas por su edad.

En cuanto a los ingresos mensuales, el estudio muestra que 76% de las personas mayores se ubican entre 50 y 100 dólares. Asimismo, 54% de los entrevistados sostiene económicamente a sus hogares. La canasta alimentaria se calcula en 645 dólares, en un país que hasta el mes de marzo alcanzó una inflación interanual de 649,5%, según el Banco Central de Venezuela.

Imposible

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, admitió que el actual sistema de protección social venezolano es absolutamente inviable. La sucesora de Nicolás Maduro reconoció que hay más pensionados que cotizantes, y que se necesitan más de 38 millones de trabajadores activos para sustentar el modelo que impuso el propio chavismo en estos 27 años de gestión. Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes.

El último aumento en el monto de las pensiones -equivalente al salario mínimo- se ejecutó en marzo de 2022. Tras cuatro años de congelamiento, Rodríguez anunció que el primero de mayo decretará un nuevo incremento que definió como “responsable”, sin precisar cantidad.

Mientras las deudas se acumulan, Convite advierte que “la proporción de personas de 60 años o más ha crecido de forma sostenida y se ha visto potenciada por la migración masiva de los últimos 10 años, reconfigurando la carga de cuidados, la demanda de atención primaria geriátrica y las necesidades de políticas públicas focalizadas”.

Aguantar

El informe subraya que “la caída abrupta del valor real de las pensiones de vejez ha consolidado la pobreza de ingreso” de este sector de la población, que termina expuesto a la inseguridad alimentaria y a las interrupciones en el consumo de las medicinas que requieren.

“La deuda institucional con las personas mayores permanece sin resolverse. El país continúa sin planes, programas ni proyectos socioeconómicos integrales que, con la participación de expertos, sociedad civil organizada y activistas, respondan a las necesidades prioritarias de este grupo poblacional”, denuncia Convite.

En medio de ese panorama, el vigilante José Orlando Guerra hace lo que puede para mantener a su familia. “Vamos a ver cómo viene el aumento que prometió el gobierno. Por lo pronto, voy rogando y cuidando mi trabajo. Tenemos que sobrevivir”.