Denunciaron la falta de transparencia en el proceso de designación de titulares en la Fiscalía y la Defensoría en Venezuela

La falta de la designación de los titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela generó que once organizaciones no gubernamentales denunciaran la “ausencia de reglas claras y públicas” sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para los nombramientos de los directores de ambos cuerpos autónomos.

En un comunicado difundido este martes, las ONG reclamaron que el 25 de febrero se constituyó un Comité de Evaluación de Postulaciones del Parlamento integrado solo por diputados en funciones, en su mayoría del partido oficialista, sin incluir representantes de otros sectores de la sociedad como exige la Constitución y la ley.

Las organizaciones advirtieron que esta conformación “anula la pluralidad e independencia del proceso” y sugiere que la futura designación de autoridades podría responder a lealtades políticas antes que a méritos profesionales, lo que comprometería la autonomía de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Entre las ONG firmantes se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón y Acceso a la Justicia.

Recordaron que el 16 de marzo el Parlamento difundió una lista con más de 130 postulaciones, pero no publicó el reglamento del proceso de selección, el cronograma ni el baremo para evaluar las credenciales de los aspirantes.

Las organizaciones sostienen que la falta de reglas claras y públicas limita la posibilidad de un escrutinio público efectivo y restringe la participación informada de la ciudadanía, debilitando la legitimidad del proceso. Consideran que esto “abre la puerta a decisiones discrecionales en lugar de una selección basada en méritos, criterios técnicos y probidad”.

Las ONG instaron al Parlamento a garantizar un proceso de designaciones que permita la selección de personas “independientes e idóneas” conforme a la Constitución y a estándares internacionales.

El proceso para designar a un nuevo defensor del pueblo y fiscal general comenzó tras la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos cercanos al chavismo, el 25 de febrero. Las dimisiones ocurrieron en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero, que contempla liberaciones de presos políticos desde 1999, aunque solo abarca 13 hechos ocurridos en 13 años distintos.

Por su parte, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, solicitó días atrás que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y contribuyan a recuperar la credibilidad de ambas instituciones.

La organización abogó por unas elecciones transparentes tras la renuncia de los anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.

Alfredo Romero, director presidente de la organización, afirmó que Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”, pero consideró que la amnistía aprobada en febrero brinda una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización, clave para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que —según la ONG— se utilizaron como “instrumentos de persecución política”.

“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Romero en rueda de prensa.

Romero explicó que la Fiscalía tiene “el monopolio de la acción penal” y puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “investigue con independencia” y no sea “sumisa” a órdenes políticas, además de una Defensoría que actúe como “contrapeso incómodo” para el poder y cumpla su función de defensa de los ciudadanos.

Himiob señaló que el proceso de selección de fiscal y defensor pone “a prueba” a las instituciones y advirtió que representa una oportunidad real de justicia para miles de víctimas. “El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”, subrayó.

(Con información de EFE)