El régimen chavista mantiene 503 presos políticos mientras la amnistía enfrenta su primera crisis de credibilidad

Al menos 503 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, según el balance del Foro Penal difundido este martes con datos al 23 de marzo. La cifra, que incluye a 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, refleja un descenso respecto a los 526 contabilizados a principios de marzo, pero llega en un momento en que la ley de amnistía enfrenta cuestionamientos crecientes por la discrecionalidad con que los tribunales aplican sus beneficios.

De los 503 detenidos, 315 son civiles y 188 militares; 452 son hombres y 51 mujeres. Entre el total figura un menor de entre 14 y 17 años. La organización precisó además que más de 11.000 personas siguen sometidas a medidas restrictivas —prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales— sin estar formalmente encarceladas.

El Parlamento venezolano informó el viernes que 8.068 personas recibieron la libertad plena durante el primer mes de aplicación de la ley, promulgada el 19 de febrero. Según el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento, 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares y los restantes 260 estaban encarcelados. Las autoridades registraron un total de 11.396 solicitudes válidas hasta esa fecha, pero no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados.

Esa opacidad fue señalada directamente por Naciones Unidas. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó ante el Consejo de Derechos Humanos que su oficina solicitó la lista oficial de los liberados y acceso sin restricciones a varios centros de detención, sin obtener respuesta favorable. Su despacho solo pudo verificar de forma independiente la liberación de unas 950 personas detenidas arbitrariamente, frente a las más de 7.000 que contabilizan las autoridades. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, respondió calificando al funcionario de la ONU de “enemigo” del país.

La ley presenta limitaciones de diseño que las organizaciones de derechos humanos han cuestionado desde su aprobación. Aunque abarca formalmente 27 años —desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder— el beneficio solo se aplica a personas vinculadas con 13 “hechos” específicos ocurridos en 13 años distintos. Quedan excluidos los casos relacionados con operaciones militares, homicidios, corrupción y violaciones de derechos humanos.

Los rechazos a solicitudes concretas acentuaron esas dudas. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, denunció este martes que un tribunal rechazó la solicitud de amnistía presentada por él, su hermano Rafael y el abogado Omar de Dios García, al considerar que la causa quedaba fuera de la norma. Tarazona, detenido en 2021 y acusado de terrorismo y traición a la patria en un caso ampliamente denunciado como persecución a un defensor de derechos humanos, había sido excarcelado con medidas cautelares en febrero.

La negativa a Tarazona no fue un caso aislado. El 17 de marzo, Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela —el partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado— anunció que el sistema judicial rechazó también su solicitud. Alviárez fue detenido en marzo de 2024 junto a la ex diputada Dignora Hernández, acusado de presunta vinculación con planes relacionados con las elecciones presidenciales de julio de ese año. Seis dirigentes sindicales condenados en 2023 a 16 años de prisión por conspiración corrieron la misma suerte.

El horizonte de la amnistía depende ahora de si los rechazos judiciales se consolidan como tendencia o si el mecanismo de apelaciones —que el propio Rodríguez señaló como vía disponible— permite revertir los casos excluidos. La líder opositora María Corina Machado denunció que la ley opera como una herramienta de “represión selectiva”, mientras organizaciones de derechos humanos la describen como un “espejismo” que no resuelve la crisis estructural. Más de 500 personas permanecen detenidas y miles más bajo restricciones que contradicen el discurso de reconciliación con el que Caracas presenta este proceso ante la comunidad internacional.