Con la defunción de Fabiana Desirée Páez Fernández, interna del Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabiliza un total de 26 reclusos fallecidos entre abril y junio en Venezuela.
“Nuevamente la falta de atención médica en los centros penitenciarios de Venezuela cobra la vida de una persona privada de libertad. El OVP conoció que Fabiana Páez presentó insuficiencia respiratoria y otras patologías de salud, que no recibieron debida atención médica integral”, denunció la organización a través de sus redes sociales.
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El Observatorio destaca que esta es la primera muerte que documenta ocurrida en La Crisálida, instalación que comenzó a funcionar en 2018.
“El OVP también ha registrado las inadecuadas condiciones de reclusión en este penal, donde hay presencia de presas políticas junto con presas sociales y recibían un solo envase de agua para su aseo personal y lavar su ropa. Además, en las celdas se registró hacinamiento de mujeres detenidas luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024”.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024 sin presentar las actas de escrutinio, se levantó una ola de protestas que arrojó un saldo de decenas de muertos y más de 2 mil detenidos. En la actualidad, la ONG Foro Penal estima que existen 32 presas políticas en el país.
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Auxilio
“Datos de nuestra organización revelan que en La Crisálida hay alrededor de 320 mujeres privadas de libertad. Por ello, exigimos urgente atención médica especializada a las reclusas, para evitar que se produzca otra muerte bajo custodia del régimen”, manifestó el OVP.
El último informe de esta organización apunta que en 2025 murieron 181 privados de libertad bajo custodia del Estado. “De esta cifra al menos 151 personas (95%) fallecieron sin recibir la atención de salud que necesitaban, entre ellas una mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina”, precisan.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez promueve la reforma de la justicia penal, tras admitir que el sistema está minado por una serie de desviaciones como la corrupción de los funcionarios, el retardo procesal y la criminalización de la pobreza.
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