Persisten 568 presos políticos en Venezuela pese a la Ley de Amnistía, alertó el Foro Penal

El diputado chavista Jorge Arreaza compareció el martes ante la Asamblea Nacional para anunciar una cifra contundente: la justicia venezolana otorgó 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, de un total de 9.419 solicitudes recibidas. El número sonó a avance histórico. Las organizaciones de derechos humanos, sin embargo, presentaron una lectura radicalmente distinta.

La clave del desacuerdo está en la metodología de conteo. El régimen chavista incluyó en sus totales a personas con medidas cautelares no privativas de libertad —restricciones de salida del país, presentaciones periódicas ante tribunales—, mientras que Foro Penal solo contabilizó excarcelaciones efectivas de personas que estaban físicamente en prisión. Bajo ese criterio, la ONG confirmó algo más de 500 liberaciones desde el 8 de enero, fecha en que el régimen inició las primeras excarcelaciones antes de que existiera una ley formal. De las 6.071 ‘libertades plenas’ anunciadas por Arreaza, solo 245 correspondían a personas que estaban en prisión.

La distancia entre ambas cifras no es un tecnicismo burocrático. Refleja una disputa que atraviesa toda la política venezolana: el régimen niega la existencia de presos políticos y, cuando los libera, lo presenta como un gesto de reconciliación, no como la corrección de una injusticia. Esa posición es rechazada de manera reiterada por organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos.

Al 25 de febrero, Foro Penal contabilizaba 568 presos políticos aún detenidos: 505 hombres y 63 mujeres, 386 civiles y 182 militares, 52 extranjeros, 567 adultos y un adolescente. La organización también precisó que desde 2014 las detenciones por motivos políticos sumaron 18.944 casos en Venezuela, evidencia de la persistente conflictividad y represión reportada en el país durante la última década.

La aplicación de la ley enfrentó desde el primer día obstáculos que las propias organizaciones calificaron de sistemáticos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que los tribunales con competencia en materia de terrorismo se negaron a recibir las solicitudes de sobreseimiento que periodistas presentaron al amparo del artículo 11 de la ley, y calificó la negativa de “denegación de justicia”. Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos registraron numerosos casos en que los tribunales se negaron a recibir solicitudes de sobreseimiento o dilataron la revisión de expedientes.

El activista Carlos Julio Rojas denunció que los tribunales argumentaron que “no había despacho” y que existía la percepción de que esperaban instrucciones superiores para actuar, lo que cuestionó la independencia del Poder Judicial para aplicar la propia ley. Ante la acumulación de quejas, la Defensoría Pública habilitó un punto especial para recibir solicitudes de amnistía en el Palacio de Justicia.

La ley también recibió críticas de fondo por su diseño. Foro Penal advirtió que el texto era una ley incompleta y que al menos 400 presos políticos quedaban excluidos de ella, ya que entre 1999 y 2026 ocurrieron 28 eventos políticos y la norma solo reconoce 13 de ellos, excluyendo la mayoría de las rebeliones militares. Quedan fuera, entre otros, los acusados en la Operación Gedeón de 2020, el atentado con drones de 2018 y el alzamiento en Cotiza de 2019. Más de 200 personas privadas de libertad iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Rodeo I para exigir su inclusión en los beneficios de la ley.

Human Rights Watch advirtió que la ley “no ofrece ninguna garantía para poner fin a la persecución” y que está “plagada de vacíos y ambigüedades” que permitirían mantener la persecución contra figuras como María Corina Machado y Edmundo González.

Arreaza reconoció que la ley debe considerarse “un primer paso” y pidió a quienes esperan resolución que tengan en cuenta que los tribunales disponen de hasta 15 días para decidir. La comisión parlamentaria también anunció que depurará la lista de solicitudes por casos duplicados. Lo que el régimen no aclaró es cuántos de los 568 presos que Foro Penal aún contabiliza como detenidos están incluidos entre quienes esperan ese plazo, y cuántos quedaron simplemente fuera del alcance de una ley construida con exclusiones que el propio chavismo diseñó.