Human Rights Watch (HRW), la ONG referente en la lucha de los derechos humanos, instó al régimen venezolano, encabezado desde enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a desmantelar el aparato represivo del Estado, aplicar reformas electorales y judiciales efectivas, y destituir al fiscal general Tarek William Saab por su papel en la maquinaria chavista, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
“Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”, señaló en un comunicado la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.
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La organización valoró las recientes excarcelaciones de presos políticos, consideradas un “alivio importante”, aunque recordó que unas 600 personas permanecen encarceladas por motivos políticos. HRW advirtió que el aparato represivo sigue activo y que la ley de amnistía debatida en la Asamblea Nacional no garantiza la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente.
“La discusión sobre la amnistía no debe usarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos ni las reformas necesarias para restaurar la democracia”, subrayó Goebertus.
El proyecto de ley, según el chavismo, contempla la excarcelación de personas que hayan cometido delitos desde 1999, pero organizaciones y activistas advierten que excluye a decenas de detenidos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.
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HRW citó datos de Foro Penal que apuntan a casi 19.000 detenciones arbitrarias en Venezuela, con denuncias de malos tratos, tortura, incomunicación y audiencias virtuales masivas. También recordó que, desde 2014, se registran violaciones generalizadas de derechos humanos contra disidentes, periodistas y activistas, con la complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial.
La ONG demandó reformas para garantizar la independencia judicial, cooptada desde la reforma de 2004 durante el gobierno de Hugo Chávez, y la destitución de Tarek William Saab, señalando que su permanencia es incompatible con un proceso de reforma real.
Además, exhortó a crear condiciones para elecciones libres y justas, incluyendo la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos miembros respaldaron la reelección de Maduro y bloquearon candidaturas opositoras, como la de María Corina Machado.
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HRW remarcó que Rodríguez debe garantizar el acceso sin restricciones a Venezuela para los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que puedan documentar la situación de derechos humanos en el país.
El martes, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, reclamó que la ley de amnistía en discusión en el Parlamento sea “verdadera, integral y efectiva” y permita la liberación total de todos los presos políticos.
La alianza advirtió que el texto actual deja fuera a numerosos detenidos y condiciona la libertad a requisitos que distorsionan el propósito de reconciliación nacional.
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En un comunicado, la PUD sostuvo que “una amnistía que excluye a presos no es amnistía” y denunció que cualquier normativa que seleccione beneficiarios o imponga restricciones representa “administración del castigo” y no un acto de justicia. La coalición insistió en la necesidad de “libertad plena para todos los presos políticos, sin excepciones, sin cálculos y sin trampas jurídicas”.
El pronunciamiento se conoció mientras la Asamblea Nacional mantiene pendiente el segundo y último debate del proyecto de ley, necesario para su aprobación final. La votación fue postergada debido a desacuerdos internos sobre un artículo que exige que los beneficiarios de la amnistía se presenten formalmente ante la justicia, requisito conocido como “ponerse a derecho”.
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(Con información de Europa Press)
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