Transición en Venezuela: Delcy Rodríguez eliminó por decreto programas sociales y entes emblemáticos del entramado chavista

La sucesora del dictador narco Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, eliminó siete organismos del entramado construido por el chavismo durante más de dos décadas, incluyendo programas sociales, fundaciones y un organismo de coordinación de inteligencia y seguridad del Estado.

La decisión quedó establecida en el Decreto N.º 5.248, que ordena la supresión y liquidación de entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

¿Qué organismos eliminó Delcy Rodríguez?

Entre las entidades eliminadas destacan:

• Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa): fue creado en 2013 y centralizaba la coordinación de información sobre seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Su función era “unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles” del Estado.

• Fundación Propatria 2000: se encargaba de la ejecución de obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos y proyectos especiales. Es la entidad suprimida con más denuncias de corrupción. Entre 2013 y 2015, el proyecto “Gimnasios Verticales” fue señalado por adjudicar contratos millonarios a empresas sin experiencia y con vínculos irregulares, algunas investigadas por lavado en Colombia y Panamá. Algunas investigaciones revelaron sobreprecios, obras inconclusas y transferencias sospechosas desde el Banco de Venezuela a la fundación. Se estima que parte de los fondos se desviaron a través de contratistas cercanos al régimen.
• Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”: impulsaba proyectos de formación, producción y emprendimiento dirigidos a la población juvenil. Su desaparición deja sin soporte institucional a programas de desarrollo de jóvenes gestionados desde el despacho presidencial.

• Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE): fue creada en 2011 para coordinar y ejecutar acciones de desarrollo urbanístico, arquitectónico y paisajista. Diversos reportes han denunciado contrataciones directas y sin licitación en proyectos emblemáticos como el mausoleo de Bolívar y otras obras inconclusas o sobrevaloradas. Transparencia Venezuela y otras organizaciones han señalado opacidad en la asignación de contratos y desvío de fondos.
• Fundación José Félix Ribas (Fundaribas): activa desde 1986 en la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
• Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez: desde 2016 impulsaba programas de desarrollo socio-productivo en áreas agroalimentarias, farmacéuticas e industriales.
• Misión Socialista Nueva Frontera de Paz: creada en 2015 para la atención de zonas fronterizas y de seguridad.

El decreto ordena el inicio inmediato del proceso de liquidación de estos organismos y la conformación de una junta que supervisará el cierre administrativo, la revisión de bienes y la adecuación institucional.

“Se ordena la supresión y el inicio del proceso de liquidación de los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno”, indica el texto oficial.

Algunas funciones no desaparecen, sino que serán reasignadas. Por ejemplo, el trabajo de prevención de adicciones de Fundaribas pasará a la Fundación Misión Negra Hipólita. La gestión de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz será responsabilidad de la cancillería. Otros entes, como el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción y la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida, fueron transferidos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, mientras que la Fundación Radio Miraflores queda bajo el Ministerio de Comunicación e Información.

La lista incluye también el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, ahora bajo el Ministerio de Educación, y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez, que pasa al Ministerio de Educación Universitaria.

El documento sostiene que esta reorganización “resulta obligatoria para adecuar la gestión pública a los objetivos actuales”. El proceso entró en vigencia el mismo día de la publicación en la Gaceta Oficial y marca un cambio en la administración de programas sociales, estructuras de seguridad y fundaciones históricas del chavismo.