Denuncian que la Ley de Amnistía del régimen de Venezuela deja fuera a la mayoría de los militares encarcelados por causas políticas

El Proyecto de Ley de Amnistía que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela suscita críticas por parte del sector militar y defensores derechos humanos, al considerar que es insuficiente y discriminatorio. Es un proyecto chucuto que excluye al 80% de los militares encarcelados injustamente por razones políticas, dice el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero Briceño, quien preside el Movimiento Defensores Populares (DPR). Considera que la propuesta es “chucuta” (incompleto) y limitada, porque la mayoría de las detenciones de militares han sido ordenadas por altos cargos como el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello Rondón, de quien asegura fundamenta denuncias por informantes infiltrados en los cuarteles, conocidos como “patriotas cooperantes”.

Según el coronel retirado de la Guardia Nacional, estos informantes detectan y reportan cualquier comentario crítico hacia el régimen, lo que ha llevado a que numerosos oficiales, subalternos y tropa profesional sean privados de libertad por meros rumores o por expresar inquietudes sobre la situación socioeconómica de sus familias.

Afirma que cuando los jueces militares no encuentran pruebas de delitos, “los inventan” o esperan instrucciones directas desde Miraflores, en alusión a las órdenes que el Poder Ejecutivo, desde Hugo Chávez y continuando con Nicolás Maduro, da a los tribunales, al Ministerio Público y a los defensores públicos.

Destaca Hidalgo Valero, quien es doctor en Ciencias Jurídicas, algunos casos emblemáticos como el del General de Brigada de la Guardia Nacional, Héctor Armando Hernández Da Costa, detenido desde el 13 de agosto 2018, condenado a 16 años de prisión y se encuentra en la Cárcel El Rodeo I. El general Hernández se encuentra detenido por oponerse al narcotráfico y desobedecer órdenes superiores, dice. Otro de los casos es el del teniente coronel del Ejército, Igbert José Marín Chaparro, detenido en marzo 2018 por denunciar ante sus superiores la mala alimentación de la tropa. El Tcnel. Marín denunció la precaria alimentación de su tropa, lo que ratificó frente al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, y “fue sentenciado a 7 años 6 meses de prisión, por el delito de Instigación a la Rebelión”. Posteriormente le abrieron un nuevo juicio para mantenerlo encarcelado.

Además, el coronel Valero Briceño señala la proliferación de causas basadas en presuntas conspiraciones como las operaciones Espada de David, Brazalete Blanco, Constitución u Operación Gedeón, que han servido para justificar detenciones masivas y “sentencias que salen de Miraflores, no del tribunal de la causa”.

Asegura que ordenan revisar los teléfonos de los militares “al conseguir mensajes o cadenas, sobre la situación crítica que vive Venezuela, son llevados a juicio, les imputan, traición a la Patria, desobediencia, insubordinación, incautación de armas, rebelión, terrorismo, entre otros delitos”.

Diosdado ordena detenerlo

Relata Hidalgo Valero Briceño que él ha sido víctima, por orden de Diosdado Cabello, de detenciones arbitrarias en varias ocasiones, entre ellas tras la marcha por la Meritocracia Militar en 2002, siendo excarcelado al día siguiente, pero durante dos años permaneció con medidas cautelares.

Describe cómo, el 5 de julio 2017, fue arrestado tras una manifestación en la Plaza Francia de Altamira, Caracas, permaneciendo 69 días en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), bajo torturas psicológicas, sin juicio y posteriormente sujeto a medidas cautelares durante tres años.

Para acusarlo de Traición a la Patria y rebelión “las pruebas o elementos de convicción más fuertes, que aparecían en el expediente, eran que una señora en la manifestación llevaba la bandera nacional volteada, con el escudo hacia abajo”. La represión, según el coronel, no se limita al ámbito militar. En diferentes localidades, ciudadanos han sido detenidos por expresar opiniones políticas, ya sea a través de pancartas o en redes sociales., como fue el caso de dos médicos, en Valera, estado Trujillo, detenidos por unas pancartas sobre la intervención de Estados Unidos.

Menciona casos como el de un médico de Altagracia de Orituco, capital del Municipio José Tadeo Monagas, estado Guárico, encarcelado tras atender a un miembro de un colectivo, quien, a pesar de los esfuerzos, falleció. Denuncia que son cientos los casos de detenciones arbitrarias. “Casi todos los altos dirigentes de los partidos Vente Venezuela y Voluntad Popular, han sido encarcelados por ejercer su actividad partidista”.

Valero Briceño calcula que son más de 200 los militares que permanecen detenidos por razones políticas, pero denuncia que solo una mínima parte ha sido liberada, desde el 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano.

Una propuesta razonable

El abogado y coronel retirado Hidalgo Valero presenta una propuesta de modificación del proyecto de Ley de Amnistía con dos artículos claves, orientados a garantizar la amnistía a todos los perseguidos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. El primer artículo plantea el otorgamiento de la amnistía a quienes hayan participado en manifestaciones, expresado ideas políticas, difundido información o promovido acciones consideradas conspirativas, así como a aquellos procesados o amenazados por causas políticas dentro o fuera del país.

El segundo artículo establece que la aplicación de la ley recaiga en tribunales imparciales, obligando a la inhibición de jueces y fiscales que hayan intervenido previamente, y fijando plazos máximos de tres días para resolver los casos tras la promulgación de la Ley, y de dos días en caso de apelaciones. Textualmente los amnistiados serían lo que entrarán en estas opciones: “Cuando se hayan cometido, o puedan haberse cometido, por la participación, en manifestaciones o protestas o en reuniones que hayan tenido una finalidad política, o por su organización o convocatoria”.

“Por la expresión de ideas o difusión de informaciones con móviles políticos; o por la realización o promoción de acciones, proclamas, acuerdos políticos o pronunciamientos que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido”.

“Los actos o hechos que hayan sido enjuiciados o no, considerados por los juzgadores, como acciones consideradas conspirativas, o violatorias de la Ley del Odio (inconstitucionalmente promulgada por la ilegal Asamblea Constituyente), o de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar”.

“Los perseguidos políticos, quienes se encuentran en el exterior o en la clandestinidad, con procesos abiertos o por amenazas o temores de ser encarcelados, con o sin juicio abierto por los tribunales nacionales, podrán regresar al país con libertad”.

Hidalgo asegura que así se otorga amnistía de todos los hechos, considerados punibles, con motivación política, ocurridos desde 1999 hasta el 2026.Por otra parte, propone que la Ley de Amnistía quede a cargo de los tribunales de justicia, que hayan procesado o sentenciado los casos, por lo que los jueces y fiscales que actuaron para sentenciar deberán inhibirse y convocar a sus suplentes.

“En cada caso, solo si el detenido no cuenta con defensor privado, el juez nombrará un defensor público de oficio”, considera que los tribunales de la República tengan plazo máximo de 3 días continuos, para resolver los casos previstos en dicha Ley. En casos de apelaciones, se nombrará por el Tribunal Superior, comisiones mixtas, que deberán decidir la apelación para la aplicación o no de la Ley de Amnistía, en un máximo de 2 días continuos.

La comunidad jurídica y militar espera que la Asamblea Nacional atienda estas reivindicaciones y garantice una verdadera amnistía que no excluya a quienes han sido víctimas de la represión política, especialmente en el sector castrense, finaliza diciendo el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero.