La ONG Foro Penal informó el lunes que verificó 426 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela en el último mes, desde el 8 de enero hasta el 9 de febrero, en el marco del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado.
La organización indicó en su cuenta de Instagram que el balance corresponde al período comprendido entre el anuncio oficial del proceso y la fecha de corte señalada. El registro se construye a partir de verificaciones realizadas caso por caso, según el organismo que lidera la defensa legal de presos políticos en el país.
Más temprano, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró en una rueda de prensa que el número total de excarcelados asciende a 897 personas, aunque aclaró que esa cifra incluye liberaciones efectuadas desde finales del año pasado. Luego precisó que el total actualizado es de 896 excarcelados, uno menos tras la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa durante la noche del domingo, pocas horas después de haber sido liberado.
La nueva detención de Guanipa se produjo tras haber permanecido detenido desde mayo del año pasado. Su caso se sumó a la lista de excarcelaciones que el Ejecutivo vincula al proceso iniciado en enero.
El proceso fue anunciado el 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien declaró que un “número importante” de detenidos sería liberado. En ese momento no precisó plazos, identidades ni las condiciones bajo las cuales se aplicarían las medidas.
Desde entonces, activistas y familiares de presos políticos instalaron campamentos y realizaron vigilias en las afueras de centros de detención en distintas regiones del país. Uno de los puntos de concentración fue el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde grupos de familiares permanecen a la espera de nuevas liberaciones.
La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) pidió la liberación plena de todos los detenidos. La institución religiosa advirtió que la mayoría de las excarcelaciones se concretaron bajo libertad condicional y con medidas cautelares. Entre esas condiciones figuran la prohibición de salida del país, la obligación de presentación periódica ante tribunales y la prohibición de declarar a medios de comunicación.
Por su parte, la ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, criticó el domingo que el Gobierno encargado continúe sin publicar una lista oficial de excarcelados que permita verificar de forma independiente los casos y sus condiciones.
Las diferencias en las cifras divulgadas por el Ejecutivo y las organizaciones civiles forman parte del debate público sobre el alcance del proceso. Foro Penal reportó cifras basadas en verificaciones directas, mientras el Gobierno sostiene balances más amplios que incluyen liberaciones previas al anuncio formal.

En paralelo, el Parlamento prevé debatir esta semana en segunda discusión el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa ya obtuvo aprobación en primera discusión el jueves pasado.
Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron el texto del proyecto. Señalaron la existencia de “contradicciones” y “conflictos de intereses” en su redacción, según sus observaciones públicas.
El debate legislativo se desarrolla en un contexto de expectativa por nuevas liberaciones y con presencia constante de familiares de detenidos en las inmediaciones de centros penitenciarios. Las vigilias comenzaron tras el anuncio del 8 de enero y se mantienen activas en distintas ciudades del país.
(Con información de EFE)
Últimas Noticias
Venezuela alcanzó su mayor nivel de producción de petróleo en meses y se acerca al millón de barriles diarios
La recuperación del bombeo se explica por la reactivación de proyectos en la Faja del Orinoco y la reversión de los recortes aplicados a comienzos de año

Postergaron la sesión en el Parlamento para tratar la ley de amnistía en Venezuela y crece la incertidumbre por los presos políticos
La discusión fue suspendida sin que el Parlamento informara los motivos. El chavista Jorge Rodríguez prometió que la norma sería sancionada esta semana



