
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció que la detención de su yerno, Rafael Tudares, se utilizó como un instrumento de extorsión para forzar decisiones políticas, según un mensaje difundido en su cuenta de X. González Urrutia compartió un comunicado en el que su hija, Mariana González, detalló tres episodios en los que, afirmó, la privación de libertad de su esposo fue empleada deliberadamente para presionar a su familia y condicionar la postura política del líder opositor. Las acciones, según el presidente electo, requieren respuestas inmediatas por la gravedad de los hechos y los vicios jurídicos involucrados.
Mariana González denunció públicamente haber sido víctima de extorsión, señalando que distintos individuos le exigieron que obligara a su padre a “renunciar a su lucha y causa” a cambio de la liberación de Tudares, quien permanece detenido desde enero de 2025. González explicó que los tres episodios de extorsión provinieron de personas vinculadas tanto a autoridades venezolanas como a representantes de la Iglesia y a individuos que se presentaron como emisarios de organizaciones relevantes. La hija del presidente electo sostuvo que estas acciones ocurrieron en sedes diplomáticas, espacios del Arzobispado y oficinas de entidades que, de manera pública, se dedican a la defensa de los derechos humanos.
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González subrayó que hubo testigos presenciales en cada uno de los episodios y calificó los hechos como parte de un patrón de coacción y persecución indirecta hacia su familia. En sus palabras, la privación de libertad fue utilizada como mecanismo de presión política y personal, incluso empleando espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales.
En el comunicado, Mariana González manifestó que “ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito” y consideró que la situación que enfrenta su esposo, quien es abogado, constituye una arbitrariedad. González argumentó que existe un “sentimiento de venganza” dirigido contra Tudares, a quien calificó de víctima de un proceso penal sin pruebas.
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De acuerdo con el relato de Mariana González, el expediente judicial de Tudares representa un fraude a la justicia y a los derechos humanos, ya que no se presentan testigos, evidencias ni hechos demostrables que constituyan delito. González señaló que no se le permitió acceder al expediente de Tudares, aunque él mismo pudo revisarlo en su totalidad y constató la ausencia de pruebas en su contra.
La hija de González Urrutia afirmó que la condena de 30 años de prisión impuesta a Tudares constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, principios consagrados en la Constitución venezolana y en tratados internacionales de derechos humanos.
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En junio de 2024, González ya había señalado que Tudares quedó atrapado injustamente en un conflicto político. El arresto de Tudares ocurrió el 7 de enero de 2025, días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo. Ese mismo día también fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, quienes posteriormente recuperaron la libertad.
González Urrutia se encuentra exiliado en España desde septiembre de 2024, desde donde reclama la presidencia de Venezuela tras afirmar que resultó ganador en las elecciones presidenciales.
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