El 3 de enero vuelve a destacar en la historia política latinoamericana tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en Caracas, exactamente 36 años después de la captura de Manuel Antonio Noriega en Panamá. La operación, ejecutada este sábado y confirmada públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reeditó un precedente que marcó la relación entre Washington y los gobiernos latinoamericanos considerados ilegítimos.
En la madrugada, tropas estadounidenses desplegaron una operación en la capital venezolana que resultó en la rendición y detención de Maduro y su esposa. Según detalló Trump la acción se realizó tras semanas de inteligencia y coordinación, siguiendo las imputaciones de narcoterrorismo formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2020. El mandatario estadounidense difundió una fotografía del dictador venezolano bajo custodia y anunció que un equipo designado por Washington asumirá la administración de Venezuela hasta concretar una transición política.
El paralelismo con el 3 de enero de 1990 es inmediato. En esa fecha, Noriega, entonces jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, fue capturado por fuerzas estadounidenses tras refugiarse en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de Panamá, al término de una intervención militar. Posteriormente, fue extraditado a Miami y juzgado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, consolidando el precedente de que un jefe de Estado latinoamericano podía ser llevado ante la justicia estadounidense.
Los casos de Noriega y Maduro comparten trayectorias políticas marcadas por el aislamiento internacional y la pérdida de reconocimiento de legitimidad. Noriega gobernó Panamá mediante el control militar y la manipulación del sistema político; Maduro accedió al poder por vía electoral en 2013, pero fue declarado ilegítimo por Estados Unidos y otros países desde 2018, en medio de denuncias sobre deterioro institucional y concentración de poder. Ambos enfrentaron cargos por narcotráfico y conspiración presentados por la justicia estadounidense, lo que sirvió de base para las intervenciones directas de Washington.
La operación, bautizada como Resolución Absoluta, involucró una coordinación inédita en la región, con el despliegue de más de 150 aeronaves estadounidenses y ataques simultáneos sobre objetivos estratégicos en Caracas, incluyendo Fuerte Tiuna y el aeropuerto internacional, así como en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua. Según explicó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, la misión fue el resultado de meses de ejercicios y ensayos detallados para garantizar la precisión de la extracción, lo que permitió la rendición de Maduro y Flores sin resistencia ni bajas estadounidenses. Ambos fueron trasladados de inmediato a Nueva York, donde enfrentarán cargos federales por narcotráfico y terrorismo.
La reacción internacional mostró una profunda división en la región. Gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Panamá respaldaron la intervención y el inicio de una transición en Venezuela, mientras que Colombia, Brasil, México, Cuba y Uruguay condenaron la operación y reiteraron su apoyo al régimen depuesto. En ciudades del exterior, venezolanos exiliados celebraron la noticia con manifestaciones, mientras que dentro del país persiste la cautela ante posibles reacciones violentas de sectores leales al chavismo.
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