El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes que las autoridades del centro penitenciario El Rodeo I, ubicado cerca de Caracas, mantienen un hermetismo total sobre el paradero de los presos políticos recluidos allí, negando información a sus familiares y alertando sobre riesgos de desaparición forzada e intimidación, según informó la organización.
De acuerdo con el OVP, las autoridades penitenciarias niegan oficialmente la custodia de ciertos individuos, pese a que numerosas familias confirman la reclusión de sus seres queridos en El Rodeo I.
La organización calificó este proceder como una política de “negación de custodia”, resaltando que no es una “falla puntual ni un error administrativo”, sino una situación que “agrava la indefensión” de los detenidos.
Esta situación pone en evidencia una vulnerabilidad extrema para quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.
La combinación de incomunicación prolongada, amenazas y ausencia total de información a los familiares eleva el peligro para los internos, advirtió el OVP, con consecuencias potenciales como la desaparición forzada y el aumento del riesgo de tortura o ejecuciones extrajudiciales.
En este sentido, la organización indicó que gestiona acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2008 dictó medidas provisionales a favor de las personas privadas de libertad en los centros El Rodeo I y II, “debido a la situación de gravedad extrema y al riesgo de daño irreparable” para la vida de los internos.
El OVP también incorporó testimonios de familiares y de presos políticos, según los cuales los custodios penitenciarios han amenazado a los reclusos con la posibilidad de que sean utilizados como “escudos humanos” en caso de una intervención militar extranjera, especialmente ante una eventual acción de Estados Unidos. Estas denuncias ilustran un contexto de control y temor dentro del recinto penitenciario, fortaleciendo la sensación de inseguridad entre los internos y sus familias.
A estas restricciones se añade la suspensión de las visitas y la entrega de alimentos y medicinas. La semana previa a la denuncia, el OVP reportó que cinco presos políticos seguían bajo un régimen de castigo que les impedía recibir cualquier asistencia externa por casi 50 días, lo que imposibilitó su acceso a productos básicos y atención médica a través de la paquetería familiar habitual.
Desde el ámbito de los derechos humanos, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó el pasado jueves que 91 personas privadas de libertad por razones políticas padecen “enfermedades graves”, atribuyendo este deterioro físico progresivo a una “forma de violencia estructural” dentro del sistema penitenciario venezolano.
En ese mismo contexto, la ONG Foro Penal contabiliza, con fecha de corte al 15 de diciembre, 902 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, de las cuales 86 poseen doble nacionalidad o ciudadanía extranjera, de acuerdo con su más reciente boletín.
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