Dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevuelan el Caribe frente a las costas de Venezuela

Dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaron el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela en el marco de operaciones que la flota norteamericana ejecuta en la región con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, según informaron este miércoles fuentes del Comando Sur de Estados Unidos en su canal oficial de la red social X. Las aeronaves, conocidas por su capacidad letal, se integraron a ejercicios junto a helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, desplegados en la región con el Grupo Anfibio Listo USS Iwo Jima en apoyo directo a las operaciones de interrupción del tráfico ilícito de drogas y protección del territorio estadounidense.

De acuerdo con el comunicado del Comando Sur, estos ejercicios se realizan en coordinación con el Departamento de Defensa y bajo las prioridades presidenciales para “interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional”. El despliegue se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el litoral caribeño, donde la campaña incluye la utilización de barcos de guerra y aviones F-35 en operaciones similares.

El recorrido, visible en los registros públicos de la aplicación, muestra una secuencia de maniobras que algunos usuarios en redes sociales interpretaron como una figura curiosa frente a las costas de Maduro en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Venezuela. Según los datos disponibles, la aeronave se mantuvo en todo momento dentro del espacio aéreo internacional y no ingresó en territorio venezolano.

En el ámbito regional, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, realizó este martes una visita oficial a Granada y Antigua y Barbuda para consolidar la cooperación en materia de seguridad. Las conversaciones incluyeron la posibilidad de instalar de manera temporal radares y personal técnico estadounidense en el aeropuerto internacional de Granada, aunque autoridades de ese país advirtieron que cualquier decisión será adoptada desde criterios de soberanía nacional.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un operativo militar contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales cercanas a Venezuela. Trump informó en un mensaje de video, compartido a través de sus redes, que la acción resultó en la muerte de seis personas vinculadas, según inteligencia estadounidense a una organización designada como terrorista. El ataque, autorizado bajo las prerrogativas ejecutivas, fue ejecutado bajo órdenes del Secretario de Defensa en la zona de responsabilidad del Comando Sur.

Según Trump, la embarcación transitaba una ruta identificada de tráfico de estupefacientes y estaba conectada a redes de narcoterrorismo. La confirmación sobre la naturaleza del cargamento fue atribuida a labores de inteligencia. Trump aseguró que no hubo bajas entre las tropas estadounidenses durante la operación, que se enmarca en una estrategia de presión contra lo que la Casa Blanca describe como “el cartel liderado por Nicolás Maduro”, presidente de Venezuela. Las autoridades estadounidenses han acusado a Maduro de narcoterrorismo y emitieron cargos judiciales en su contra.

En respuesta, el régimen venezolano, encabezado por Maduro y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó estos operativos como una “agresión armada” encaminada a imponer un cambio de régimen y a apropiarse de los recursos naturales de Venezuela. Cabello anunció el despliegue del plan de defensa “Independencia 200” en regiones costeras y fronterizas, movilizando tropas, milicias y reservistas con el respaldo de comunidades indígenas y mensajes de apoyo de fuerzas armadas aliadas regionales, según difundió la televisora estatal Venezolana de Televisión.

Portavoces venezolanos y aliados del bloque Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), que agrupa a países como Cuba, Bolivia y Nicaragua, han condenado las operaciones estadounidenses calificándolas como “incursiones ilegales” y señalando intentos de desestabilización regional. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez catalogó los ataques a embarcaciones como “ejecuciones extrajudiciales y sumarias”.

En Washington, el debate sobre la legalidad de estas acciones continúa. Sectores del Congreso de Estados Unidos y analistas legales cuestionan la constitucionalidad de los ataques letales en aguas internacionales, solicitando explicaciones sobre la designación de organizaciones terroristas y recordando que la declaración de guerra es prerrogativa legislativa. Medios estadounidenses reportaron la existencia de un memorándum del Departamento de Justicia que permitiría la participación de la CIA en estos operativos, aunque la fiscal general Pam Bondi evitó confirmar este documento al comparecer en el Senado.