El bolívar, moneda oficial de Venezuela, experimentó en julio una depreciación del 13,11% frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, donde la divisa cerró el mes en 125,42 bolívares, según informó el Banco Central de Venezuela (BCV). El dólar, utilizado en la nación sudamericana como referencia principal en la fijación de precios y pagos, comenzó el mes con una cotización de 108,97 bolívares, según los datos oficiales.
Este nuevo retroceso en el valor del bolívar se suma a la tendencia registrada en el primer semestre del año, cuando la moneda local perdió 51,4% de su valor frente al dólar. En ese periodo, el precio oficial del dólar en Venezuela se duplicó, al pasar de 52,57 bolívares al inicio del año a 108,18 al cierre de junio, de acuerdo con la información publicada por el BCV.
En paralelo, el mes de junio estuvo marcado por operativos judiciales contra lo que las autoridades denominan “mafias cambiarias”. El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció la detención de 58 personas supuestamente vinculadas con la cotización paralela del dólar, una tasa superior a la oficial, además del cierre de 12 portales ilegales que, según el funcionario, manipulaban el tipo de cambio con el objetivo de “desestabilizar la economía”.
Expertos citados en medios nacionales afirman que el incremento sostenido del valor del dólar es uno de los factores principales que impulsan el encarecimiento de bienes y servicios en Venezuela. Desde 2019, la fijación de precios en la mayoría de los comercios se realiza en la moneda estadounidense, lo que aumenta la sensibilidad del mercado ante las fluctuaciones cambiarias.
El Banco Central de Venezuela no publica cifras oficiales de inflación desde octubre de 2024. Desde esa fecha, el país ha vuelto a enfrentar episodios de devaluación acelerada del bolívar, mientras el uso cotidiano del dólar se consolida tanto en operaciones comerciales como en el pago de servicios.
Leve recuperación en producción petrolera
A pesar de la prolongada crisis cambiaria e inflacionaria, Venezuela ha mantenido la producción petrolera a flote al cierre del primer semestre. De acuerdo con cifras oficiales, el país superó en enero el umbral del millón de barriles diarios (bpd) por primera vez desde junio de 2019, alcanzando los 1.031.000 bpd, y logró un aumento del 3,6% hasta junio al registrar 1.069.000 bpd. El régimen de Nicolás Maduro sostiene que la actividad continúa en crecimiento a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y del fin de la licencia a Chevron para operar en el país desde mayo. Las sanciones también afectan los negocios de algunas empresas europeas en territorio venezolano.
En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), el régimen chavista informó recientemente un crecimiento del 9% en el primer trimestre de 2025 y “más de un 6%” entre abril y junio, lo que atribuye a 17 trimestres consecutivos de expansión, con destaque de las actividades petrolera y minera. Sin embargo, una estimación preliminar realizada por un grupo independiente, citado bajo reserva, señala una contracción del 2% en el semestre respecto al mismo periodo de 2024. La desaceleración estaría vinculada a “la caída de la economía no petrolera, la falta de financiamiento y la continua devaluación del bolívar”.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la inflación alcanzó el 26% en mayo, un incremento de 7,6 puntos respecto a abril, lo que llevó la inflación acumulada en los cinco primeros meses del año al 105,5%. El OVF atribuye la subida de precios a la depreciación del bolívar y al alza del dólar, que se usa como referencia en la mayoría de las transacciones.
El deterioro de la moneda nacional ha erosionado la capacidad de compra de los trabajadores, en particular de quienes reciben salarios en bolívares, como los empleados del sector público. El salario mínimo, fijado en 130 bolívares, se redujo en términos reales de 2,4 a 1,2 dólares mensuales en el primer semestre del año. Mientras el monto permanece congelado desde marzo de 2022, Maduro anunció en mayo un aumento del llamado “ingreso contra la guerra económica”, que pasó de 90 a 120 dólares, sumado a un bono de alimentación de 40 dólares. Estos beneficios adicionales no inciden en el cálculo de prestaciones laborales.
(Con información de EFE)
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