El Foro Penal pidió que la renovación del TSJ en Venezuela vaya acompañada de cambios estructurales

La ONG Foro Penal aseveró que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia venezolano debe incluir cambios en la estructura judicial, reformas legales y el desmontaje del aparato.

La organización planteó su posición mientras la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, avanzó en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales que evaluará y preseleccionará a los próximos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El proceso contempla la incorporación de 12 integrantes de la sociedad civil junto con 11 diputados.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, sostuvo en una entrevista que la designación de nuevos magistrados no resolverá por sí sola los problemas del sistema de justicia. Durante un evento celebrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, señaló que los cambios deben alcanzar a tribunales, fiscalías, normas penales y organismos vinculados con la persecución de opositores.

“De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre los hombros de las mismas personas”, declaró Himiob.

El abogado afirmó que la justicia venezolana funciona con eficacia para atender los intereses de quienes ejercieron el poder, aunque no responde de la misma forma ante las necesidades de los ciudadanos. Por ello, pidió una reconstrucción que parta de las bases del sistema y que incorpore al TSJ a personas que cuenten con la confianza de la población.

Himiob también propuso una reforma del Código Penal, al que calificó como anacrónico y alejado de las necesidades actuales del país. A su juicio, varias leyes se utilizaron como herramientas para la persecución política, por lo que planteó su modificación o derogación dentro de una transformación más amplia de la administración de justicia.

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, acompañó el planteamiento y sostuvo que el sistema judicial continuó como un instrumento de persecución política. “Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes”, afirmó.

La petición de Foro Penal se sumó a una discusión más amplia sobre la independencia judicial y la necesidad de establecer mecanismos que permitan investigar violaciones de derechos humanos. Himiob vinculó ese debate con la experiencia de la organización en casos de persecución política y con las denuncias que llevaron ante organismos internacionales.

En una entrevista reciente, el abogado recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado venezolano por las violaciones registradas durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Además, explicó que las víctimas y sus representantes expusieron sus alegatos durante una audiencia en San José, Costa Rica, mientras el Estado venezolano no asistió.

Según Himiob, la causa abordó presuntas acciones, omisiones y fallas en la investigación de los hechos violentos de aquella jornada. El abogado indicó que las víctimas solicitaron que se determine la responsabilidad estatal, se ordenen medidas de reparación y se adopten garantías para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

“El Estado venezolano violó los derechos humanos de las personas por acción, por omisión y por violación a las garantías judiciales”, sostuvo al explicar el planteamiento presentado ante la Corte Interamericana. También señaló que el tribunal regional examina la responsabilidad del Estado y no las responsabilidades penales individuales de funcionarios o particulares.

Durante la entrevista, Himiob afirmó que los expedientes vinculados con los hechos de abril de 2002 reflejaron un patrón de impunidad. Dijo que el propio Estado reconoció la apertura de 79 investigaciones y sostuvo que más del 85 % quedó detenido en las etapas iniciales, sin una determinación de responsables.

El abogado señaló que dos expedientes llegaron a sentencias definitivas: uno concluyó con la absolución de personas que dispararon desde Puente Llaguno y otro derivó en condenas contra comisarios y policías metropolitanos. También mencionó una investigación sobre integrantes de la Guardia Nacional cuyo resultado, afirmó, no pudo ser establecido.

(Con información de EFE)