La dirigente opositora venezolana María Corina Machado reclamó el viernes la liberación inmediata de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el 9 de febrero de 2024.
“Venezuela entera y el mundo democrático exige su libertad”, afirmó Machado a través de su cuenta oficial en la red social X. La ex diputada definió a San Miguel como “una mujer valiente y firme” y denunció que su arresto representa una maniobra para “callar las voces que los enfrentan”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Provea, reiteraron el llamado a la liberación de San Miguel. La ONG denunció que la activista permanece detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, conocida como El Helicoide, bajo condiciones que calificó de arbitrarias.
“Exigimos una medida humanitaria y su libertad para que Rocío pueda recuperar su vida. Además del respeto a sus derechos fundamentales y el debido proceso”, indicó Provea en un comunicado.
La organización afirmó que la defensora de derechos humanos fue presentada ante un tribunal contra el terrorismo sin la posibilidad de designar una defensa privada. Según Provea, el régimen la acusa de terrorismo y traición a la patria por su trabajo en Control Ciudadano, organización dedicada a la documentación e investigación sobre temas de defensa, soberanía nacional y asuntos militares.
El fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, declaró que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar venezolanos a un embajador de la Unión Europea y a otras tres delegaciones diplomáticas extranjeras, cuyos nombres no reveló.
La Fiscalía sostiene que la activista está vinculada a una “trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra el dictador Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen.
Tras la detención de San Miguel, las autoridades también arrestaron a cinco de sus familiares. Cuatro de ellos, incluyendo a su hija, fueron excarcelados posteriormente bajo régimen de presentación, prohibición de salida del país y sin autorización para declarar públicamente. Su ex esposo, Alejandro González, permanece detenido.
En diciembre, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, informó a la agencia EFE que su clienta sufrió una caída provocada por un cuadro de laberintitis no tratado adecuadamente, lo que le ocasionó una fractura. “Se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos”, afirmó el jurista, quien sostuvo que no ha recibido atención médica adecuada desde entonces.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han reiterado la solicitud de una medida humanitaria a favor de San Miguel. La campaña por su liberación ha recibido apoyo de sectores opositores, activistas y grupos de derechos humanos que alertan sobre el deterioro de su salud y el carácter político del proceso judicial.
Machado responsabilizó al Ejecutivo de emplear métodos represivos para acallar a la disidencia. “Así actúa este sistema criminal (…) violan todos los derechos humanos y cometen terrorismo de Estado”, escribió en su publicación. La dirigente reiteró su respaldo a San Miguel y pidió el cese de las persecuciones contra quienes, dijo, “defienden la verdad y la libertad en Venezuela”.
(Con información de EFE)
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