Representantes de la Fundación para el Debido Proceso participaron este martes de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual le pidieron su intervención, a fin de conseguir la liberación de los ex policías y hermanos venezolanos antichavistas Rolando, Juan y Otoniel Guevara.
“Solicitamos a esta Corte que condene y sancione al Estado venezolano por las violaciones a los derechos humanos y solicite al Estado la libertad inmediata e incondicional de Rolando, Otoniel y Juan Guevara, e inste al Estado a brindar una reparación integral”, dijo ante los miembros de la CIDH Jackeline Sandoval, representante de la organización y esposa de Rolando, al referirse a este “fraude procesal” por el que los primeros dos fueron sentenciados a 27 años de cárcel, mientras que el tercero a 30 años, por delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía y, además, porte ilícito de armas.
En su intervención estresó la urgencia de las medidas, ya que no solo se trata de un encarcelamiento producto de un caso montaje, plagado de irregularidades y testigos falsos, sino que, también, las víctimas son sometidas a delitos de lesa humanidad, torturas, privación arbitraria de la libertad y demás “perturbaciones graves”.
Asimismo, recordó que los tres hermanos fueron objeto de “declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios” del entonces Gobierno presidido por Hugo Chávez.
Los Guevara fueron detenidos en noviembre de 2024, en el marco de las investigaciones por el asesinato con una bomba del fiscal Danilo Anderson, el 18 de ese mismo mes.
Sin embargo, al momento de su arresto, los hermanos no formaban parte del cuerpo policial venezolano ni tampoco se presentó la debida orden judicial que avalaba la privación de su libertad.
Desde un primer momento fueron sometidos a torturas y crueles interrogatorios, a los que luego se sumaron el desconocimiento a su derecho a la defensa y al principio de inocencia.
También, durante su proceso penal, las autoridades judiciales se basaron en los testimonios de solo dos personas, que no pudieron sustentar de forma autónoma y razonable los elementos probatorios implicados.
De hecho, en la audiencia ante la CIDH de este martes estuvo presente la comunicadora María Angélica Correa, quien realizó una investigación independiente sobre el caso y asegura que existe un trasfondo de “engranaje” que incluye a la Fiscalía, jueces, magistrados y hasta la inteligencia militar, que crearon un “guion” y contrataron a estos testigos falsos.
Inclusive, Correa presentó una entrevista en la que el testigo clave Giovanni Vázquez reconoció haber sido contratado para declarar contra los hermanos.
“Ocultaron a los verdaderos autores intelectuales”, que se encontraban dentro de las altas esferas del Palacio de Miraflores y, en su lugar, cargaron contra tres oficiales poco simpatizantes de Chávez, lamentó.
Al igual que ella, el ex fiscal Hernando Contreras tomó la palabra ante la Corte y se refirió a su rol en la investigación del caso Anderson, del cual participó aquel 2004.
Contreras denunció también irregularidades y violaciones al derecho a la defensa durante el proceso pero debió exiliarse ante las represalias y las amenazas que comenzó a sufrir tras alzar su voz.
“Pude haber sido liquidado porque este régimen no perdona nada. (En Venezuela impera) un sistema de terror de los más eficaces y terribles del mundo”, advirtió.
(Con información de EFE)
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