El Fiscal de Chile confirmó que un testigo acusó a Diosdado Cabello de ordenar y pagar por el crimen del militar venezolano Ronald Ojeda

El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, confirmó que un testigo protegido acusa al número dos del chavismo, Diosdado Cabello de haber ordenado y pagado para que se cometiera el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno.

Según destacó en un medio local, Valencia reveló que un testigo protegido dentro de la investigación “atribuiría el encargo y el pago del crimen al señor Diosdado Cabello”. Esta revelación ha generado gran expectación, dado el perfil y la relevancia de uno de los principales líderes del régimen de Nicolás Maduro.

El fiscal fue enfático al mencionar que la investigación sigue en curso y mantiene en reserva diversos antecedentes. “Todavía la investigación es reservada”, aseguró el fiscal en sus declaraciones, señalando que dicha información había sido compartida recientemente con los abogados defensores y será discutida oficialmente en una audiencia este lunes. “Es necesario esclarecer estos antecedentes con la investigación”, puntualizó Valencia, subrayando lo delicado del caso.

Testimonios e involucrados

Con base en la información divulgada por las autoridades, Valencia confirmó que son tres las personas que han entregado declaraciones señalando a figuras del régimen venezolano como responsables del asesinato del teniente. Uno de esos testimonios pertenece a un testigo cuya identidad está protegida por las leyes chilenas. Según este individuo, Diosdado Cabello habría sido quien ordenó y financió el asesinato, implicando directamente a esta figura en el acto criminal.

“Tenemos que ver más allá de los antecedentes para evaluar las circunstancias completas”, comentó Valencia en referencia al análisis legal que requiere el presunto involucramiento de altos funcionarios internacionales.

El fiscal reiteró la firme posición de Chile respecto al cumplimiento de su legislación, aclarando que no se descartaría procesar penalmente a cualquier figura extranjera, sin importar su rango o procedencia.

“En Chile la ley se cumple, y si alguien no la cumple, la vamos a hacer cumplir... tenga el cargo que tenga en un gobierno extranjero como el de Venezuela”, declaró el fiscal, en una clara postura de no ceder ante presiones de orden político.

Desafíos del proceso judicial

El caso plantea el reto de procesar en Chile a altos funcionarios extranjeros, lo que obligaría a un análisis de las normativas internacionales y las correspondientes jurisdicciones. Cuando se le preguntó al fiscal si esto era posible, respondió que, aunque las circunstancias como vivir en otro país o ostentar un cargo político de alto nivel en el exterior no descartan responsabilidades legales en Chile, existen otros factores que condicionan el desarrollo del caso. Por ello, destacó: “No es una situación que quede excluida de nuestro derecho”, subrayando la disposición del sistema judicial chileno para actuar ante crímenes cometidos en su territorio.

Asimismo, Valencia señaló que el fiscal a cargo del caso, Eugenio Barros, sigue trabajando para recopilar todas las pruebas y testimonios necesarios para presentar un caso sólido.

Contexto internacional

Este caso representa un golpe a las ya tensas relaciones entre Chile y Venezuela, especialmente en el escenario político regional. La implicación de figuras como Diosdado Cabello, considerado por muchos como el hombre fuerte del chavismo, no es menor. Valencia dejó claro que no habrá concesiones.

“Esté donde esté esa persona, vamos a perseguir su responsabilidad”, insistió, remarcando que la justicia chilena actuará en función de los resultados de la investigación, sin temer posibles repercusiones diplomáticas.

La muerte del teniente Ronald Ojeda ha sido tema de controversia desde su ocurrencia, en particular por los indicios que apuntan a motivaciones políticas detrás del crimen. Según el testimonio protegido citado por los investigadores, las órdenes habrían emanado de altos niveles del régimen venezolano, algo que, de confirmarse, podría tener repercusiones dramáticas no solo a nivel jurídico, sino también en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Este miércoles, una investigación del canal Chilevisión reveló que Cabello, habría ordenado al Tren de Aragua el secuestro y posterior homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda.

Chilevisión cita a un testigo de la causa que asegura: “Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”.

En el informe, el canal de televisión chileno muestra declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien sostiene que la participación de la dictadura venezolana en el asesinato “no es solo una opinión que esté construida sobre la base de una simple especulación, es una hipótesis de investigación que tiene sustento en la evidencia que se ha ido recopilando”.

“De acuerdo a los antecedentes, la investigación sí. Y hemos sido súper responsables en eso. Nosotros siempre dijimos en un principio que por el perfil de la víctima esto era un hecho político, pero los antecedentes que ahora existen en la investigación dan cuenta que ya no solo es por el perfil de la víctima, sino que los pagos habrían sido realizados por el gobierno venezolano”, respondió el fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de Chile.

Un operativo policial terminó este miércoles con la detención de al menos dos personas pertenecientes a la banda trasnacional Tren de Aragua, uno de los cuales es “directamente relacionado” con el asesinato en febrero pasado del ex militar venezolano Ronald Ojeda, informó la Fiscalía chilena.

“Estamos dándole un golpe importante a una agrupación criminal que cometió decenas de crímenes en nuestro país y que se había ramificado por el resto del continente”, subrayó el fiscal nacional, Ángel Valencia.

La operación, desplegada en varias comunas periféricas de la capital y coordinada con Estados Unidos, buscó capturar a miembros de la banda ‘Los Piratas’, célula del Tren de Aragua, implicada tanto en el crimen de Ojeda como también en el asesinato del policía Emmanuel Sánchez en abril.

Las autoridades también informaron que un sujeto venezolano, apodado ‘el Turco’ y que sería uno de los líderes del Tren de Aragua que al parecer ordenó crímenes en el país suramericano, fue detenido en Estados Unidos, por lo que se está trabajando en su extradición.

Un disidente perseguido por el chavismo

Ojeda Moreno, quien recibió asilo político en Chile en 2023, había huido de Venezuela tras denunciar torturas y persecución política bajo el régimen de Maduro. En 2017, escapó de la prisión militar de Ramo Verde, donde estuvo detenido por supuesta traición a la patria. Luego de su fuga, las autoridades venezolanas lo degradaron y expulsaron de las Fuerzas Armadas (FANB).

Desde su exilio, Ojeda Moreno se convirtió en una figura crítica del chavismo. En 2022, realizó una protesta simbólica frente al Palacio de La Moneda en Santiago, donde denunció las violaciones de derechos humanos en su país y exigió la liberación de presos políticos. Poco antes de su desaparición, el régimen venezolano lo incluyó en una lista pública de “traidores a la patria”, en el marco de las acusaciones del supuesto plan “Brazalete Blanco”, que, según el fiscal general venezolano Tarek William Saab, buscaba desestabilizar al gobierno de Maduro.

El caso de Ojeda Moreno es investigado como un secuestro con motivaciones políticas. Las autoridades chilenas siguen varias líneas investigativas, entre ellas la participación de agentes infiltrados del régimen venezolano. Activistas como Iván Simonovis y Tamara Suju han denunciado que Ojeda Moreno habría sido capturado por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, quienes se habrían infiltrado en Chile disfrazados de funcionarios migratorios.

El vehículo utilizado en el secuestro, un Nissan Versa modelo 2020, fue encontrado abandonado en la autopista Costanera Norte, pero no se hallaron huellas digitales ni evidencia concluyente. Además, se investiga el posible uso de una “casa de seguridad” y el movimiento de otros diez vehículos relacionados con el caso.