La ONG de Venezuela Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió este miércoles a las autoridades explicaciones sobre el reciente traslado de 29 mujeres consideradas presas políticas -detenidas en el contexto de crisis poselectoral- a un centro penitenciario ubicado a más de 400 kilómetros de distancia de sus casas y familias.
“Exigimos información a las autoridades sobre las razones que motivaron los recientes traslados de presas políticas en Venezuela, específicamente de, al menos, 29 mujeres desde la sede de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) de Lechería, estado Anzoátegui, hasta La Crisálida, en Miranda, alejándolas de sus familias y sus sitios de residencia”, dijo la ONG en X.
También pidió explicaciones sobre el traslado de una decena de “presas políticas desde la sede de la PNB” en una localidad del estado Carabobo al “anexo de mujeres de la cárcel” conocida como Tocuyito, en la misma región.
La organización no gubernamental denunció que estos traslados se realizaron “sin el conocimiento previo” de los familiares, quienes, por tanto, sienten “incertidumbre y angustia”.
Asimismo, JEP advirtió que esta “falta de comunicación no solo vulnera el derecho a la información, sino que también infringe las garantías procesales que deben ser respetadas en todo momento”.
“Instamos a las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas detenidas, así como a asegurar que se cumplan las normas del debido proceso. Es fundamental que se brinde información clara y oportuna a los familiares sobre la situación de las presas políticas, así como el acceso a asistencia legal y condiciones dignas de detención”, agregó.
Según organizaciones, la casi treintena de presas políticas trasladadas al Centro de Formación Femenina La Crisálida, en Los Teques -capital de Miranda-, fueron detenidas tras las presidenciales de julio, cuando se desató una crisis marcada por protestas y operativos policiales, luego de que el dictador Nicolás Maduro fuera declarado oficialmente ganador por el ente electoral nacional y la oposición mayoritaria denunciara fraude.
La ONG Fundaredes denunció este miércoles que más de 200 presas políticas en el país caribeño sufren condiciones de reclusión “deplorables” y “violencia” en las cárceles, donde actualmente hay, según cómputos de la organización Foro Penal, 1.903 personas encarceladas por “disentir” del régimen, entre las que encuentran 245 mujeres.
El domingo, familiares y amigos de presos políticos llevaron a cabo una vigilia en Caracas para exigir su libertad, así como el cese de la represión.
(Con información de EFE)
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