El abanderado de la oposición en Venezuela y ex candidato a la presidencia de su país Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio emitió este jueves un comunicado en Madrid en el que aclaró que fue coaccionado por el Gobierno de España para ser trasladado y asilado en este país.
“No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos”, dice en el comunicado en que comienza justificándolo “ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español”.
González Urrutia subraya que todas las gestiones de su traslado “fueron supervisadas y facilitadas directamente por el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Alabares, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión”.
Por su parte, España negó su implicación en las negociaciones entre el líder opositor venezolano y el régimen de Nicolás Maduro para su huida al país, antes de la cual firmó una carta en la que aceptaba la victoria del mandatario en las elecciones de julio.
La carta incluía el compromiso de limitar la actividad política una vez en España y fue firmada en la residencia del embajador español en Caracas, donde González Urrutia se había refugiado antes de su partida.
En una rueda de prensa el miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró fotografías impresas de lo que dijo era el momento en que se firmó el documento en su presencia, así como en la de su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos.
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, dijo el jueves a la prensa en Bruselas que su Gobierno no había invitado a nadie a visitar a González en la residencia del embajador.
“El Gobierno español, y por supuesto el embajador, no participaron en ninguna negociación de ningún documento de ningún tipo”, destacó.
Tras el comunicado de González Urrutia, Albares cargó contra el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, por haber acusado al Gobierno de “ocultar” las “coacciones” al líder venezolano y exigir la dimisión de Albares, así como el reemplazo del embajador de España en Caracas, Ramón Santos.
“Hay momentos para ser oposición @NunezFeijoo @ppopular y otros en los que hay que ser un solo país. España está comprometida con la democracia y derechos humanos”, escribió Albares en un mensaje en la red social X.
González Urrutia, a quien se concedió asilo político en España a principios de este mes, dijo en un mensaje de video publicado el miércoles que la carta se firmó bajo “coacción, chantaje y presión”.
En Caracas, Rodríguez dijo a periodistas que tiene en su poder otro documento en el que González pide que se respeten los bienes de él, su familia y amigos en Venezuela, entre otros temas que no detalló.
Una figura de alto rango del opositor Partido Popular (PP) de España dijo el jueves que Madrid había sido “cómplice” de sacar a González de Venezuela, asegurando así que Maduro se mantuviera en el poder.
“Más allá de ver cómo se chantajea a una persona en directo, queda claro que España está implicada en convertir a Maduro en dictador por más tiempo. Nuestro gobierno es cómplice de lo que sucede en Venezuela”, dijo el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, en una entrevista radiofónica.
El Ministerio de Exteriores español respondió que España no tuvo nada que ver con la carta ni con las negociaciones para la salida de González.
Según el comunicado, cuando González pidió ser recibido en la residencia del embajador español, “tuvo la garantía de que podía verse o realizar las gestiones que decidiera hacer en relación a su situación”.
“El ministro dio instrucciones directas al embajador de no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el líder opositor”.
González Urrutia abandonó Venezuela tras la emisión de una orden de detención en la que se le acusaba de conspiración y otros delitos tras las elecciones.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio, lo que provocó acusaciones de fraude y protestas generalizadas, ya que la oposición publicó en línea recuentos de votos que, sostiene, mostraban que González había ganado.
(Con información de EFE y Reuters)
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