Congresista del Centro Democrático denunció ante la DEA a la ex primera dama Verónica Alcocer por tráfico de drogas: “Transportó el dinero”

El senador del Centro Democrático Óscar Villamizar presentó una denuncia ante la Administración de Control de Drogas (DEA) contra la exprimera dama Verónica Alcocer tras las acusaciones de Eva Ferrer sobre presuntos traslados de narcóticos y dinero entre Colombia y Venezuela, posibles operaciones de tráfico de armas y movimientos financieros que el congresista pidió investigar por su eventual alcance transnacional.

La actuación se sumó a una denuncia que Villamizar radicó el 3 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción. El senador consideró que las nuevas acusaciones requerían la intervención de autoridades estadounidenses para determinar si existieron delitos vinculados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Las declaraciones de Ferrer fueron difundidas el 10 de octubre de 2026 en una entrevista publicada por la revista Semana. Según el relato citado por Villamizar, Manel Grau Pujadas le habría dicho que en viajes entre Colombia y Venezuela se trasladaron drogas en aviones públicos asignados para el transporte de Alcocer.

Ferrer también aludió a fotografías que mostrarían a Alcocer bajando de una aeronave con maletas grises que, según su versión, contenían narcóticos. La información remitida a la DEA aclaró que esas afirmaciones eran acusaciones y que la entrevista no las acreditaba de manera independiente.

Los presuntos movimientos de dinero entre Venezuela y Colombia

Uno de los señalamientos se refiere a un viaje realizado a Venezuela en enero de 2023, tras el cual habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares de origen desconocido. Ferrer sostuvo que Grau le habría atribuido el traslado de ese dinero a Alcocer.

“Según el relato de Ferrer sobre esa conversación, Alcocer presuntamente transportó el dinero y una parte de este estaba destinada a apoyar la campaña electoral de Mario Fernández Alcocer, su primo, quien estaba interesado en postularse a la gobernación de Sucre en 2023”, señala carta enviada a la DEA.

La comunicación enviada a la agencia estadounidense señaló que la entrevista no establecía el origen de los fondos, el mecanismo con el que habrían sido trasladados, la existencia de declaraciones obligatorias ante las autoridades ni el destino final de los recursos. Tampoco aportaba elementos independientes para confirmar esas operaciones.

Ferrer mencionó además a Enrico Romagnoli con relación a una posible red de tráfico de armas. Describió encuentros con él en Barcelona y Colombia, así como supuestos vínculos con personas cercanas a Alcocer.

Después de la difusión de ciertos audios, Ferrer afirmó que recibió una advertencia sobre un presunto tráfico de armas y el riesgo que podría correr. Sin embargo, el material remitido por Villamizar indicó que no se identificaron armas concretas, cantidades, compradores, vendedores, fechas, rutas ni una transacción específica que permitiera establecer la existencia de ese delito o la participación de personas determinadas.

La solicitud para reunir las investigaciones en Colombia

Las acusaciones también abarcaron una posible operación de lavado de activos y ocultamiento patrimonial en España. Ferrer se refirió a una transacción inmobiliaria valuada en cerca de tres millones de euros y mencionó al exembajador colombiano Eduardo Ávila en ese contexto.

La presentación ante la DEA precisó que no se exhibieron registros bancarios, escrituras de propiedad, documentos societarios ni detalles de transacciones que permitieran determinar el origen de los fondos o los beneficiarios reales de los activos.

Ferrer planteó, además, la posibilidad de que terceros o intermediarios hubieran recibido recursos o mantenido bienes en nombre de otras personas, aunque sin identificar titulares, sociedades, activos ni operaciones concretas.

Villamizar pidió a la DEA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos una investigación amplia sobre los hechos expuestos por Ferrer, ante la eventual relación de las acusaciones con narcotráfico y tráfico de armas. El congresista solicitó que se determine si hubo delitos cometidos por altos funcionarios de Colombia.

“Debido a la gravedad de la información suministrada por la señora Ferrer, y entendiendo que muchas de las alegaciones podrían implicar la comisión de delitos que pueden y deben ser investigados por la DEA y el Departamento de Justicia, dado que presuntamente están involucrados el tráfico de drogas y de armas, solicito respetuosamente una investigación completa y exhaustiva de los hechos expuestos en la entrevista, para que se haga justicia si dichos delitos fueron cometidos por altos dirigentes de mi país”, señala la carta.

El 14 de octubre de 2026, Villamizar remitió también una petición a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, para que se acumulen las denuncias que recaigan sobre Alcocer si se refieren a hechos iguales o relacionados. El proceso iniciado por el senador se encuentra en la unidad de la Fiscalía contra la Corrupción y ya cuenta con una ampliación de denuncia.

En esa solicitud, el congresista indicó que Ferrer habría revelado información adicional sobre posibles delitos, incluso de carácter transnacional, y que existirían otras denuncias en curso ante la Fiscalía General de la Nación. Añadió que, según reportes de medios de comunicación, Ferrer fue citada ese mismo día para ampliar su declaración.

Villamizar sostuvo que reunir los expedientes permitiría a los interesados conocer el avance integral de las pesquisas y evitar una fragmentación de las pruebas que complique el desarrollo del proceso.