Una ONG documentó 27 violaciones a la libertad de expresión en el mes de agosto en Venezuela

La organización no gubernamental Espacio Público documentó 27 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en agosto, con lo que el total de casos registrados durante los primeros ocho meses del año subió a 261, según el más reciente boletín de la ONG, publicado este miércoles.

De los 27 ataques de agosto, hubo 10 casos de censura y otra decena de “intimidaciones”, así como tres registros de “hostigamiento verbal”, dos “agresiones”, una amenaza y una restricción administrativa, señala el escrito.

La organización indicó que al menos 13 periodistas fueron víctimas de estos ataques, así como cuatro medios de comunicación, un miembro de una ONG, “un particular y cuatro casos que afectaron a la ciudadanía en general”.

“Cuatro instituciones estatales, tres cuerpos de seguridad y tres funcionarios vulneraron el ejercicio de la libertad de expresión. Entre los victimarios también destacan dos directivas de medios de comunicación, dos grupos violentos, dos desconocidos y un particular”, prosigue el boletín.

La ONG, según la cual hay una media diaria de 1,08 atropellos al derecho a la libertad de prensa, denunció que en el país “se mantiene el patrón de persecución y criminalización de la prensa y el discurso crítico” por parte del Gobierno y de las instituciones públicas.

Entre los casos subrayados por la organización, está la alocución del dictador Nicolás Maduro del pasado domingo, cuando acusó al medio estadounidense Voz de América de tener “una campaña contra Venezuela y mentir”.

Además de Espacio Público, otras ONG locales e internacionales denuncian de manera reiterada la “persecución” a periodistas en Venezuela por parte de la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

En 2022 se registraron 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 7 % respecto a 2021, de acuerdo con la organización.

Presos políticos

En Venezuela hay 113 “presos políticos”, de un total de 288, que tienen “más de tres años” detenidos sin condena, denunció en agosto la ONG Foro Penal, que -aseguró- ha entregado una lista con los nombres de estos privados de libertad a la Corte Penal Internacional (CPI).

“Esto es gravísimo, (...) esta lista la tiene la Corte Penal Internacional, cuya investigación se reabrió y (...) está llevándose a cabo, (...) 113 de los 288 presos políticos tienen más de tres años en prisión preventiva, sin condena, muchos de ellos ni siquiera han comenzado el proceso judicial”, dijo el presidente de la organización, Alfredo Romero, durante una rueda de prensa.

El abogado indicó que, según la más reciente actualización del monitoreo de la ONG, la “mayoría de los presos políticos” son militares, quienes suman 155, por lo que los 133 restantes son civiles.

Señaló que, desde 2014, Foro Penal ha registrado 15.791 personas que han “pasado por la prisión política”, y 9.415 “se encuentran bajo medidas cautelares”, es decir, “todavía se mantienen con medidas restrictivas a su libertad”.

Asimismo, Romero afirmó que “11 personas han fallecido en custodia del Estado desde el año 2014″ y 875 civiles han sido “presentados ante tribunales militares”.

Actualmente, al menos 50 “presos políticos” tienen “algún problema de salud”, de acuerdo con la organización, entre ellos el general Héctor Hernández Da Costa -condenado a 16 años de cárcel por el caso del intento de magnicidio contra el dictador Nicolás Maduro en agosto de 2018-, cuya esposa, Lili Barboza, denunció que su estado “es muy delicado”.

Aseguró que el militar, en “injusta prisión a pesar de ser inocente”, “sufre una cardiopatía congénita” y “presenta un cuadro muy delicado” por “diabetes”, además de padecer “otra serie de patologías” que ha sufrido durante “los cinco años de prisión”.

El Foro Penal aseguró que “todo lo que está pasando en Venezuela” está “bajo la lupa” de la CPI, y agregó que la apelación del régimen de Nicolás Maduro a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte internacional “no detiene la investigación” sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.

(Con información de EFE)