Nicolás Maduro ascendió a un general identificado por la ONU como uno de los principales torturadores del régimen chavista

Rafael Franco Quintero, uno de los hombres más temidos del régimen de Venezuela, fue noticia este jueves aunque no por asumir la responsabilidad por delitos y torturas que pesan sobre él sino, por el contrario, por un ascenso que le otorgó Nicolás Maduro.

El dictador dio una promoción al grado de General de División a Quintero, que lleva años prestando sus servicios al Palacio de Miraflores.

El oficial comenzó su carrera en el Ejército Bolivariano en 1995. Años más tarde, en 2013, comenzó a desviar sus tareas y fue incorporado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde se desempeñó como Director Regional de Operaciones en la Región Central y, posteriormente, en Boleíta.

Más tarde, entre noviembre de 2016 y noviembre de 2018 estuvo a cargo de la dirección del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) hasta que a finales de aquel año fue sustituido por Hannover Guerrero.

Desde entonces, Quintero habría dejado de actuar en la DGCIM aunque muchos desconfían de que realmente se haya alejado de la unidad y continúe ejerciendo sus torturas y maltratos.

Diversos informantes anónimos aseguraron que asumió la jefatura de Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la Región Central, algo que fue confirmado en julio de 2020 cuando Maduro lo declaró General de Brigada de la milicia.

Durante todos estos años, Quintero ha gozado de plena impunidad para llevar a cabo los actos más atroces y las violaciones más crudas contra opositores. Estas acciones le costaron el apodo de “la maldad” en el centro de detención de Boleíta donde, aseguran, fue el director más sádico.

Inclusive, ex prisioneros y funcionarios militares aseguraron que su llegada a la CICPC en 2016 marcó un punto de inflexión en la cartera de Contrainteligencia Militar ya que sus órdenes representaron un empeoramiento sustancial en el nivel de torturas y maltratos ejecutados.

Quinteros, en los papeles, recibía órdenes de Hernández Dala, director general de la DGCIM pero, a su vez, tenía la potestad de ordenar a sus subalternos y hasta, en ocasiones, participar él mismo de las torturas, ya sea ejerciendo la fuerza o burlándose a un costado; algunas víctimas aseguraron que, mientras eran agredidos, él grababa con su celular la secuencia y se reía.

A la par, el General dirigió operaciones de inteligencia sobre presuntos militares disidentes, solicitó la apertura de múltiples investigaciones a la Fiscalía Militar y dirigió y participó de interrogatorios a detenidos y arrestos a figuras de alto nivel.

Su política de violencia extrema se vio reforzada con el régimen de “tortura obligatoria” que estableció al llegar a Boleíta donde, antes, era de forma selectiva y sólo se utilizaba para obtener información de presos políticos.

Como si no fuera suficiente, una misión de la ONU encargada de investigar estos sucesos informó que Quintero ordenó la “tortura despiadada” sobre un militar de alto rango detenido en el centro que, poco después, debió ser liberado por razones humanitarias relacionadas con su mala salud, deteriorada tras los malos tratos.

Un grupo de presos escuchó, en una oportunidad, que Quintero instruyó a sus oficiales para “tratar peor” a un grupo de detenidos recién llegados.

Junto con estas condiciones de detención crueles e inhumanas, el General se encargó de eliminar “beneficios” que los presos habían conseguido antes de su llegada al centro de detención que, en realidad, sólo constituían derechos básicos.

Por ejemplo, a los reos se les suspendió el acceso a comidas regulares, tiempo al aire libre, libros, televisión y más de cinco minutos para asearse. Las luces permanecían encendidas en todas las celdas, las 24 horas del día y la única manera de librarse de ello era ser llevado al Cuarto de los Locos donde, para peor, se pasaban los días en completa oscuridad.

Quienes eran llevados a esta prisión sabían que las visitas de sus familiares y abogados serían repetida y repentinamente canceladas, y que los bienes con los que ingresaban serían distribuidos como “botín de guerra” entre los funcionarios de la DGCIM.

La ONU mantiene abierta una investigación sobre Quintero por todos estos crímenes así como por violencia sexual, otra de las prácticas a las que sometía a sus víctimas.

Uno de los casos más notorios fue el del capitán Juan Caguaripano, quien se presentó en su audiencia preliminar el 11 de agosto de 2017 con graves lesiones derivadas de golpes en sus pies, piernas, rodillas, cara y genitales, y hasta heridas abiertas y sangrantes.

Frente al juez, describió en detalle las condiciones de su detención y la tortura y la violencia sexual a la que había sido sometido.

En respaldo al proceso iniciado por las Naciones Unidas, varios países han impuesto sanciones contra Quintero.

Estados Unidos dispuso el congelamiento de sus activos y lo prohibió de participar en cuestiones financieras en el país el 19 de julio de 2019, citando su papel en la perpetración de “abusos sistemáticos de los derechos humanos y la represión de la disidencia”.

Poco después, el 27 de septiembre, la Unión Europea y el Reino Unido avanzaron en la misma línea y congelaron sus fondos y recursos financieros, y emitieron una prohibición de viaje.

Por último, Suiza impuso las mismas medidas el 10 de octubre y el 31 de aquel mes se sumaron Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Armenia y Georgia.

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