
La Justicia ordenó este viernes la detención de Ariel Alejandro Rodríguez, un ex asesor del ex legislador cordobés Ernesto Ramón “Cañito” Flores, quien había recibido una condena en primera instancia por usurpación y peculado. De esta manera, se trata del segundo empleado vinculado a Flores que fue detenido.
La medida fue dispuesta por el Tribunal de la Cámara del Crimen de Deán Funes, que hizo lugar a un pedido de captura inmediata formulado por Javier Foresi, el abogado de Lucas Arellano. Este último había denunciado al ex empleado legislativo por la presunta usurpación de un terreno de su propiedad.
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A partir de esta orden, las autoridades localizaron al hombre en Villa de María, la localidad ubicada en el departamento de Río Seco, al norte de la provincia. Desde allí fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje.
De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, Rodríguez, que también se desempeñaba como empleado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), había sido condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva. La sentencia aún no estaba firme debido a la presentación de un recurso de casación, situación que hasta ahora le había permitido permanecer en libertad.
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Sin embargo, según publicó Diario Primer Informe, la solicitud se basó en la existencia de un supuesto riesgo de fuga. El planteo fue analizado por la fiscal de Cámara Carolina Elías, quien avaló la detención y elevó el pedido al Tribunal para su resolución.
En el juicio de primera instancia, fue declarado culpable de usurpación y peculado. De acuerdo con la prueba incorporada al expediente, Rodríguez habría utilizado vehículos y herramientas pertenecientes a EPEC para ocupar un terreno que poseía Arellano en Villa de María de Río Seco.
De hecho, la Fiscalía y la querella habían solicitado que quedara detenido de forma inmediata una vez conocida la condena. Sin embargo, el Tribunal permitió que siguiera en libertad mientras se resolvía el recurso de casación presentado por su defensa.
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Para definir el nuevo pedido de detención, la Justicia también requirió informes a la Legislatura de Córdoba sobre la situación de Rodríguez. Pese a sus antecedentes judiciales y a la condena no firme, el imputado había trabajado como asesor legislativo durante la gestión de Flores.
La captura se produjo en un contexto de fuerte impacto político y judicial para el entorno del exlegislador, luego de la detención de otro de sus ex asesores, José Aníbal Ricardo Villarreal, investigado en una causa por presuntos delitos contra menores de edad.
La causa por grooming y abuso sexual contra otro ex asesor de “Cañito” Flores
En el caso de Villarreal, este permanece detenido en el establecimiento penitenciario de Cruz del Eje desde que fue detenido en agosto por grooming y abuso sexual con acceso carnal reiterado contra adolescentes en Villa de María de Río Seco.
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No obstante, a comienzos de septiembre sumó otro cargo en su contra. Luego de que se abstuviera de declarar, la fiscal Analía Cepede le sumó el delito de promoción a la corrupción de menores.
La situación judicial se agravó tras la difusión de un audio de campaña política que se le atribuye, en el que se refería a mujeres con expresiones denigrantes y aludía a la entrega de elementos para vincularse con ellas. Ese material es parte de los elementos que la fiscalía analiza dentro del expediente.
Las víctimas tendrían entre 13 y 16 años y los hechos investigados habrían ocurrido en Villa de María de Río Seco. Al momento de los episodios denunciados, Villarreal trabajaba como asesor de Ernesto Ramón “Cañito” Flores.
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Actualmente, la causa cuenta con 16 personas imputadas. La investigación comenzó a principios de agosto, a partir de la búsqueda de una adolescente de 14 años denunciada como desaparecida por su familia.

La joven fue localizada el 2 de agosto en Santiago del Estero, tras un procedimiento realizado por la Justicia provincial y la Departamental Ischilín. Desde entonces, la pesquisa quedó dividida entre Córdoba, por los hechos que habrían ocurrido en esa provincia, y Santiago del Estero, por los episodios bajo análisis en ese territorio.
En una primera etapa fueron detenidos siete hombres mayores de edad, varios de ellos remiseros o conductores de aplicaciones de transporte no habilitadas que operaban en la zona. No obstante, el resto de los acusados fueron identificados a medida que avanzó la causa.
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La hipótesis de la fiscalía sostiene que la captación y la circulación de información sobre las menores se habrían producido de manera informal, sin el uso de plataformas digitales. Además, los investigadores analizan si uno de los presuntos abusos podría haber ocurrido en un campo vinculado a Flores.
Tras darse a conocer el caso, el ex legislador presentó su renuncia al cargo y sostuvo que esa decisión no implicaba reconocer acusaciones en su contra. Mientras tanto, la Justicia continúa con la recolección de pruebas y el análisis de las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.
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