El caso de los empresarios presos por contrabandear toneladas de bronce y cobre: “Uno tenía USD 4 millones”

¿Qué pasó con todo lo obtenido del robo de picaportes, porteros, cables, manijas y demás objetos de bronce y cobre tanto en ciudades como Buenos Aires como en zonas rurales y hasta en cementerios? ¿Dónde terminó? Después de haberlos pagado migajas, una banda los convirtió en millones de dólares y criptos que llenaron los bolsillos de varios empresarios: contrabandeaban esos materiales ferrosos en toneladas y lavaban el dinero proveniente de la ilegalidad en financieras.

No estaban solos, contaban con la ayuda de funcionarios públicos y agentes de seguridad que son investigados por recibir sobornos para hacer la vista gorda.

Al menos, eso fue lo que descubrió la justicia, en una causa abismal que investiga la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, secretaría única de Fernando Vallone.

En los últimos días, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) apresaron a nueve sospechosos (siete hombres y dos mujeres), entre ellas una ciudadana de nacionalidad china imputada por infracción al Régimen Penal Cambiario y por lavado de activos.

Uno de los investigados habría efectuado entre 2021 y 2025 un total de 425 operaciones con criptoactivos, por un monto superior a 21 millones de USDT.

“Contrabandeaban cantidades y cantidades industriales de insumos críticos. Y luego recibían millones de dólares y criptos que inyectaban en el mercado negro. Básicamente, saqueaban al país con la complicidad de funcionarios y agentes de seguridad”, le dijo uno de los investigadores a Infobae para graficar el volumen obsceno de la maniobra.

Los detenidos están acusados de lavado de dinero y contrabando, en una causa en la que durante un allanamiento a un implicado le encontraron 4 millones de dólares en efectivo: “Les ofreció a los funcionarios que estaban en el procedimiento lo que quisieran de esa pila de plata para que lo dejen ir”. Y quedó también imputado por cohecho.

No fue el único: hay varios funcionarios públicos y agentes de seguridad en la mira de la Justicia por haber colaborado con facturas faltas, avisos y por haber simplemente hecho la vista gorda. “A uno le pagaron con una transferencia a su billetera virtual”, ejemplificaron las fuentes del caso consultadas por este medio para dar cuenta de la impunidad con la que se manejaban.

En una escucha, por ejemplo, descubrieron que los funcionarios a los que los investigadores les habían pedido datos fiscales de los sospechosos les avisaban de que los estaban vigilando.

La banda compuesta por empresarios argentinos se dedicaba a sacar de Argentina bronce, cobre y demás materiales ferrosos en toneladas. Los llevaban en camiones -propios o alquilados- que transitaban libremente, después del pago de un soborno, por las rutas argentinas hasta pueblos de frontera en el Norte del país. Ahí tenían galpones.

Luego, cruzaban los cargamentos a Paraguay y Bolivia. “Hay un video que se rescató de uno de los celulares secuestrados, donde uno de los implicados saludaba a dos semirremolque que habían ‘$orteado’ a las autoridades para salir del país”, destacaron.

Una vez en territorio extranjero, donde también planeaban construir más galpones, llegaban hasta Perú, donde venían los cargamentos a Europa, EEUU y China, evadiendo todo tipo de impuestos nacionales. La plata, en dólares o cripto, vía financieras, se lavaba.

“La complicidad de los funcionarios públicos y de seguridad es evidente y es materia de investigación”, explicaron las fuentes y dijeron que, por eso, en un punto del caso, hubo secreto de sumario en el expediente.

La investigación se originó a partir de un desprendimiento de la denominada “Operación Comando Crypto”, instruida en septiembre de 2023, vinculada a cuevas financieras y al lavado de dinero de organizaciones criminales con base en Brasil, como el Primer Comando Capital (PCC).

En ese contexto, la declaración de un imputado colaborador aportó información relevante sobre un grupo de empresarios argentinos que realizaban operaciones de contrabando de materiales ferrosos.

Según la investigación, los pagos millonarios se efectuaban mediante criptoactivos, a través de operaciones ilegales con cuentas radicadas en China y Hong Kong. Esos fondos luego eran convertidos en efectivo y retirados en la Argentina por medio de las denominadas “cuevas” financieras locales.

Ante la magnitud del patrimonio no justificado y los elementos reunidos, la autoridad judicial dispuso la detención de los principales implicados y el secuestro de vehículos y bienes vinculados a las maniobras.

Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ordenó la realización de 20 allanamientos. Se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez, Merlo y San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

Los operativos se realizaron en tres etapas y se incautaron 4.495.419 dólares, 473.722.770 pesos, 124.585 euros, 76.042 reales y 44.090 USDT (criptoactivos estables).

Además, se secuestraron dos pistolas con 94 cartuchos, 19 teléfonos celulares, un camión, siete camionetas, ocho autos, tres motocicletas, 14 computadoras, veintisiete pendrives, una billetera física tipo Bitcoin, cuatro máquinas contadoras de billetes y diversos elementos de interés para la causa.