En la ciudad de Rosario, cinco policías fueron imputados por presuntos maltratos a detenidos en la comisaría 2da. Entre los efectivos señalados se encuentran dos mujeres y tres hombres, quienes, según se alega, agredieron a varios internos, incluyendo a un menor de 17 años.
La acusación de apremios ilegales desencadenó en diversas reacciones y medidas correctivas en el ámbito institucional.
Según informó Noticias Argentinas, los hechos que provocaron este escándalo ocurrieron el sábado pasado, cuando los detenidos, alojados en la comisaría 2da. de Rosario, supuestamente sufrieron agresiones físicas.
Los policías implicados forman parte de la Brigada Motorizada de la ciudad. Inicialmente, la unidad de Asuntos Internos detuvo a siete efectivos en el marco de esta investigación. No obstante, tras indagaciones más profundas, la detención de dos de ellos fue cancelada.
La gravedad de la situación motivó a una respuesta formal por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que, tras el pedido de la Fiscalía, reafirmó su compromiso con la transparencia y el respeto a la legalidad. La institución enfatizó en la necesidad de distinguir y defender el trabajo de aquellos efectivos que actúan dentro del marco legal, en contraste con los señalados por estas acusaciones.
Quedaron presos los jefes policiales por un desfalco de $45 millones mensuales
A mediados de mayo, después de tres extensas jornadas de debate en el Centro de Justicia Penal, 13 policías de Rosario fueron imputados por el escándalo del desvío de fondos destinados a la carga de combustibles para los patrulleros —entre ellos, altos mandos de la Unidad Regional II— y cuatro civiles vinculados con una estación de servicio.
El juez provincial Gustavo Pérez Urrechu ordenó la prisión preventiva efectiva para todos por seis meses, a excepción de una empleada administrativa del predio donde se expende la nafta, que quedó en libertad.
En el transcurso de los tres días, el fiscal José Luis Caterina explicó que las maniobras para desviar el dinero se hicieron de dos formas: una, por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales, la otra, por cargas ficticias o “fantasmas”.
Se presume que en los diez meses que tiene la investigación se generó un perjuicio de al menos 45 millones de pesos mensuales a las arcas provinciales.
Los policías que quedaron detenidos son Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería respectivamente.
Los otros agentes encarcelados, pero de menor rango, son Javier Arce de Infantería, el subinspector Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito, el subinspector Jorge Delgado de la División Logística, el subinspector Sergio López del Comando Radioeléctrico, el subinspector Gustavo Bazán de la División Logística, el inspector Juan Villordo de la brigada motorizada, la empleada de la División Personal Nancy Plomer y el inspector Franco Cuesta de la Policía de Investigaciones.
Los civiles, en tanto, son Mónica Juana Bianconi, presidenta del directorio “Gas Auto Tiferno S.A.”, su director suplente Oscar Artemio Coullery, el encargado Daniel Reynoso y la empleada administrativa María Fernanda De Franco.
Todos ellos relacionados con una estación de servicio que está situada en Ovidio Lagos al 3900, a diez cuadras de la Jefatura de Policía de Rosario, donde se concentraron las operaciones investigadas por el Ministerio Público de la Acusación. Solo De Franco quedó en libertad, bajo una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante seis meses.
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