Gustavo Juliá, quien cumplió una condena de 13 años de cárcel por el tráfico de 944 kilos de cocaína en España en el caso “Narcojet”, volvió a ser detenido: está acusado de haber participado en el secuestro extorsivo de Gastón Alfredo Tallone, un empresario portuario que fue raptado el 8 de julio pasado cerca de un hotel en el barrio porteño de Almagro.
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la detención se produjo el domingo pasado en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. Durante el operativo, los agentes de la Policía Federal le secuestraron dos teléfonos celulares.
Juliá es hijo del fallecido brigadier argentino José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Sául Menem. Se trata de un viejo conocido de la Justicia. De hecho, había sido detenido en agosto del año pasado en Vicente López en el marco de una causa que investiga el contrabando de oro a Estados Unidos. Sin embargo, fue liberado tiempo después. Ahora está en la mira por el secuestro de Tallone.
El empresario entrerriano fue raptado en las inmediaciones de un hotel en la zona porteña del Abasto y, posteriormente, fue mantenido cautivo en la localidad bonaerense de Benavidez. Investigadores judiciales indicaron que su familia pagó en una estación de servicio del barrio porteño de Belgrano un rescate de 65 mil dólares por su liberación, aunque fue en vano, porque el empresario nunca apareció.
En la causa ya había dos detenidos que fueron procesados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Uno es el abogado José Alberto Tomás Uriburu, quien cobró notoriedad mediática en cuarentena, en medio de la pandemia, por haber corrido una maratón de 42 kilómetros en su departamento. Y el otro es Juan Carlos Miró, allegado de Tallone.
Para llevar a cabo la emboscada, se sospecha que Miró convocó a la víctima a un lugar para que allí fuera atacada. Los agresores, de acuerdo a la reconstrucción de la fiscalía, habrían sido dos personas que habrían ido desde la ciudad de Rosario en un auto Volkswagen Gol. Los investigadores señalaron a Uriburu como la persona que supervisó toda la operación a bordo de un auto, a pocos metros.
El móvil del secuestro habría sido, según los indicios recolectados en el expediente, por un robo de cocaína y dólares.
¿Cuál es la conexión de Juliá con el secuestro? La Justicia cree que el auto donde se trasladó a Tallone fue provisto por él. “El auto utilizado para el traslado de Tallone registra una oblea de peaje a nombre de Gustavo Adolfo Juliá, quien lo abona a través de una tarjeta de crédito suya”, aseguró una fuente clave del caso.
La pista de Rosario llevó a que las investigaciones del caso apuntaran hacia los presuntos integrantes de la barra brava de Newell’s Alejandro “Rengo” Ficcadenti (31) y Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni (43), detenidos por los atentados contra Ángel Di María y su familia. Se sospecha que ellos también participaron del plan para secuestrar a Tallone.
La información se conoció este jueves, después de que se ventilara en una audiencia contra los dos barrabravas que el fiscal federal Carlos Stornelli pedía los traslados de los ambos para indagarlos.
“Rengo” y “Bebe” actualmente están alojados en el sector de alto perfil de la Unidad penitenciaria Nº11 de Piñero, bajo monitoreo, con restricción de comunicaciones y visitas.
En la audiencia de este jueves, las defensas particulares de los barrabravas y los fiscales Luis Schiappa Pietra y Adrián Spelta coincidieron a la hora de rechazar que ambos sean llevados a Buenos Aires para la indagatoria. Argumentaron que es un acto que puede concretarse por videoconferencia, sin necesidad de moverlos.
Según pudo saber Infobae, el pedido de Stornelli se dio luego de que los fiscales Franco Carbone y Pablo Socca detectaran en los teléfonos de Ficcadenti y Di Vanni –incautados en allanamientos por los atentados al futbolista Di María y sus familiares– información que los relacionaba con el rapto del empresario. Puntualmente, en las conversaciones entre ambos había contenido vinculado al plan.
Tallone estaba relacionado a negocios en el puerto de Concepción del Uruguay y en 2013 tuvo una causa por falsificación de moneda en un juzgado federal del conurbano bonaerense. En su provincia, la fiscal federal Josefina Minata lo investigaba por lavado de activos.
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