
El juicio por el crimen de Darío Monges, un asesor político de Salta que fue hallado acribillado en su camioneta el 3 de septiembre de 2022, llegará a su fin este miércoles, cuando los jueces del Tribunal Federal Oral N°1 den su veredicto. En el banquillo de los acusados estarán sentados Roberto Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago, señalados como los autores materiales del homicidio.
Durante el debate, se ventilaron retazos de una oscura trama narco que incluyó lazos políticos y policías. Además, se habló de boxeo, deporte predilecto de la víctima, quien organizó varios eventos pugilísticos en Orán y Tartagal junto a su amigo de la infancia, el ex boxeador Diego “Carioca” Aquino, a quien, Monges había agendado en su celular como “Tommy Shelby”, el líder de los “Peaky Blinders”, protagonizado en la ficción por Cillian Murphy.
Justamente, el de Aquino fue uno de los testimonios más esperados. El ex deportista habría actuado como nexo entre el ejecutado y el temible Cristian “Gringo” Palavecino, el capo que hace semanas fue trasladado de una cárcel provincial a un pabellón de alto perfil, tras las sospechas sobre un presunto plan para asesinar al jefe de los fiscales salteños, Pedro García Castiella.
Aquino, con antecedentes por narcotráfico, reconoció, entre otras cosas, haberse reunido, en el preludio del crimen, con “El Gringo” y el asesor en la casa del narco, que en ese momento estaba prófugo de la Justicia. Sin embargo, dijo que no recordaba lo que se había hablado en la mesa, frente a un fajo de dinero y hombres armados. Ese encuentro quedó registrado en un video que se emitió en una de las audiencias.
Claro que los investigadores creen que el tema que trataron los tres hombres estuvo vinculado a la situación de encierro del jefe de sicarios Alejandro “Cabezón” Díaz, amigo de Palavecino y a quien Aquino conoció en un gimnasio, según el mismo admitió durante su declaración.
Sospechan, además, que podrían haber conversado sobre la liberación de rutas y el trasporte de cocaína y dólares con permisos de circulación oficiales durante la pandemia.
David, el hermano mayor de los acusados, reconoció al declarar que había hecho, a pedido de Darío, dos viajes a Orán con permisos oficiales para trasladar barbijos y dólares escondidos en cubiertas.
En esa densa red de relaciones, se habría ubicado la figura del ex secretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz, para quien la víctima trabajaba. Según la imputación en su contra por tráfico de influencias, el funcionario habría facilitado la visita de Monges al “Cabezón” en la Unidad Carcelaria de Orán para, según la investigación, prometerle una serie de beneficios que nunca se cumplieron.

Aunque todos elementos surgieron en el juicio, para el Ministerio Público Fiscal, representada por Eduardo Villalba y Mariana Gamba Cremaschi, los acusados asesinaron a Monges, con quien venderían droga, tal vez, por una “mexicaneada” o una diferencia de dinero, tal como aseguró un testigo de identidad reservada que se presentó en la sala, por videollamada y con la voz distorsionada.
Los fiscales y el abogado de la víctima, Nicolás Escándar, pidieron que sean condenados por homicidio agravado por alevosía, premeditación y el uso de armas de fuego. Como evidencias se apoyan en pericias odorológicas y balísticas de la Policía de Salta que fueron discutidas por expertos de la PFA.
Una hipótesis muy diferente sostiene la defensa oficial, liderada por Clarisa Galán, para quien los Bejarano son inocentes, víctimas de un plan para inculparlos y encubrir a los verdaderos responsables, mientras la investigación recayó en un sesgo que no permitió avanzar más allá del padre y los dos hermanos, “dejando de lado otras hipótesis que complicaban a personas vinculadas a distintos poderes”.

“Los investigadores perdieron más de dos años”, dijo con crudeza la abogada al inicio de su extenso alegato de cinco horas, al mismo tiempo que denunció la manipulación de pruebas claves durante la instrucción del caso, como la del celular de la víctima.
“La muerte de Darío Monges fue injusta, pero también es injusto que se haya investigado tan deficientemente y que con esas investigaciones deficientes estén sentados acá detenidos hace más de dos años mis asistidos. Y lo peor, también sería muy injusto que sean condenados sin pruebas”, concluyó Galán.
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