El jefe de “Teto” Medina en la organización acusada de esclavizar adictos rompió el silencio: “Le pagaba $10 mil cada martes”

Néstor Ezequiel Zelaya regresó ayer a casa luego de más de un mes en las jaulas de dos comisarías del Conurbano, la 1° de Berazategui y la 4° de Ranelagh, pero su historia con la Justicia está lejos de terminar. El juez Adrián Marcelo Villagra le concedió la prisión domiciliaria, obtenida tras apelaciones de su abogado, el penalista Marcelo Biondi, al mismo tiempo que le dictó la prisión preventiva.

En el exterior, La Razón de Vivir funcionaba como una comunidad terapéutica para la recuperación de adictos con centros en Córdoba y Berazategui. El fiscal Daniel Ichazo recibió denuncias que detallan que dentro de la comunidad, los adictos eran supuestamente esclavizados, puestos a trabajar en construcción, panadería o fabricación de muebles, o directamente enviados a mendigar mientras vivían en condiciones infrahumanas, en ranchos y casillas. Varias víctimas que pasaron por el lugar contaron historias de hambre, frío y ratas, castigos en corrales a la intemperie similares a chiqueros. Operaban sin habilitación alguna, confirmaron fuentes en los organismos de salud.

Para la Justicia, La Razón de Vivir era, o es, una organización netamente coercitiva, “lo mismo que una secta”, afirma un investigador clave en el expediente.

A Zelaya lo acusan, básicamente, de ser el líder. Tenía un reclutador y cabeza de marketing, Marcelo Medina, “El Teto”, figura en los años 90 con VideoMatch. Medina era una suerte de predicador, daba charlas motivacionales a los adictos en los centros, en municipalidades de ciudades como Concordia, Entre Ríos, difundía a La Razón de Vivir en redes sociales y le insistía a amigos famosos para que envíen stories de apoyo en Instagram. Medina fue arrestado horas antes que Zelaya, excarcelado dos semanas atrás. En escuchas que son parte de la causa, Zelaya asegura a la madre de un adicto que Medina “trabaja para mí”.

El presunto líder y “Teto” no volvieron a hablar desde ese entonces.

Ahora, Zelaya habla por primera vez, su primera entrevista. “Ahora estoy tranquilo, pude volver a abrazar a mi hija, pasé uno de los peores momentos de mi vida estando detenido, jamás cometí un delito”, dice a Infobae. Imputado como jefe de una asociación ilícita que incluye las calificaciones de reducción a la servidumbre, trabajos forzosos, usurpación de autoridad, dice que toda la causa es una acusación falsa de consumidores que pasaron por La Razón de Vivir y que él mismo es, apenas, un hombre con una misión.

“Mi vida hace unos años es ayudar a todo adicto que quiera recuperarse, a raíz de unos problemas que tuvimos con las adicciones en mi familia”, dice, “con un hermano que ha consumido desde muy joven, hoy hace 8 años que están recuperados”. Su padre está imputado, con prisión preventiva tal como él.

—Entonces, si hiciste el bien, ¿por qué estás preso?

—Lamentablemente un grupo de chicos que está con un cura hicieron la denuncia. Ahora resulta que trabajar dentro de la institución, es reducir a la gente a la servidumbre. Se han tratado a 80, 90 chicos. Se trabaja en base a contención, con valores. Trabajábamos sin medicación.

—Pero operaban sin habilitación.

—Desde el primer momento que quisimos habilitar nos hemos presentado muchas veces, hace muchísimos años que no daban habilitaciones, desde el año 2012. Solo nos dieron los planes FINES, los chicos terminan los estudios, hay chicos que salen panaderos, peluqueros, que tienen su propio espacio.

—Mariano Torchia, uno de los imputados, está acusado de simular ser un fiscal y de inventar causas para retener a los internos dentro de la comunidad.

—Uno está en esto y la lucha nuestra es que los pibes no se mueran, uno para que el chico no se termine yendo de la comunidad hace lo que sea... La Razón de Vivir es una familia, y yo no puedo estar cerca de la familia porque estoy a disposición de la Justicia. Tengo entendido que la institución sigue, las familias están en el lugar que les devolvió la vida. Pueden ir a la institución, hablen con los chicos.

—Se habla de golpizas.

—Nunca se golpeó a nadie.

—¿Medina?

—Marcelo es alguien más del staff que venía a dar charlas motivacionales, los de martes de 11 a 17, 10 mil pesos se le pagaba el día. No cobramos de ningún municipio.

Sobre los denunciantes, Zelaya asegura que son “chicos que pasaron por el lugar”. “No duele la puñalada, duele por quiénes fueron, eran chicos que estaban en la delincuencia, hace años que viajamos al interior para darle la mano a un chico, fuimos a buscar a uno arruinado a la casa, muerto en vida, se recuperó”, sigue.

Marcelo Biondi, su abogado, argumenta: “Hicimos un gran trabajo en estos 30 días junto a mi equipo incorporando muchos testigos. Algunos son internos actuales, otros ex pacientes y familiares, los denunciantes a mi modo de ver están direccionados y han mentido intencionalmente. Por ese motivo pedí la extracción de varias piezas de la causa para que se investigue el posible delito de falso testimonio. A mi modo de ver es una hipótesis totalmente descabellada y arbitraria, no hay prueba para los requisitos que requieren esos tipos penales, sería la única asociación ilícita sin un peso, sin vehículos de alta gama sin propiedades”

“Es extraño también el rol del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Salud Mental, la Comisión de la Memoria y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que en sus dictámenes no entendió que los internados y los adictos son parte del pueblo también, que están voluntariamente en la granjas, que la mayoría de las granjas tienen el mismo sistema”, agrega Biondi y continúa: “La Razón de Vivir lo único que no tiene es habilitación porque el trámite dado los requisitos no lo pudieron cumplimentar, el resto es toda una película de Disney que espero en alguna instancia la causa se caiga y que alguna vez tengamos responsables de tamaña arbitrariedad”.

Zelaya retoma la charla. Se quiebra, llora, dice que hizo el bien. Quienes se reconocieron como víctimas y declararon ante la Justicia no dicen lo mismo. Medina, al contrario de Zelaya y su padre, está libre bajo caución juratoria. Ya volvió a trabajar como “operador socioterapéutico” en una comunidad.

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