El hogar de menores María Luisa Servente, ubicado en la localidad Villa Elisa, en el partido de La Plata, cerró sus puertas el martes de la semana pasada. Las autoridades bonaerenses, a través del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), explicaron que la medida se tomó con el fin de realizar mejoras en la estructura edilicia del establecimiento, situado en Camino Centenario entre 47 y 48. Así, los menores alojados en el lugar fueron trasladados a otros hogares y dispositivos del OPNyA de manera transitoria.
Sin embargo, el desalojo se produjo en horas de la noche de manera “sorpresiva, intempestiva y violenta”, denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Por medio de un comunicado, ese organismo acusó de que los “niños y niñas de entre 5 y 13 años fueron informados en el momento que iban a ser trasladados y forzados entre llantos a subirse a los vehículos sin sus pertenencias, salvo una bolsita con su pijama, sin saber ni siquiera a dónde iban a ir, algunos de ellos incluso descalzos”.
Además, señalaron que los traslados “no fueron informados ni a los Servicios Locales ni a los Juzgados de Familia” que realizan el seguimiento de cada menor.
Para la CPM, lo que sucedió la noche del martes 5 de julio “fue la escena final de un proceso sistemático de incumplimientos normativos y una serie de torturas y malos tratos que los menores bajo responsabilidad del Estado venían padeciendo en este establecimiento oficial”.
En ese sentido, mencionaron situaciones de golpes, aislamiento, amenazas, gritos, burlas, sanciones desmedidas, malas condiciones de habitabilidad, falta de acceso apropiado a la educación, tratamientos psicológicos o psiquiátricos adecuados, y a la información y participación en los procesos judiciales y administrativos. “En lugar de garantizar derechos, el Estado agravó y profundizó violencias atroces”, consideraron.
La CPM comenzó a intervenir en febrero, al realizar una presentación en la Justicia luego de que uno de los chicos alojados en el hogar ingresara a la guardia del Hospital de Niños de La Plata por presentar dolores en el cuerpo, y denunciara haber sido víctima de golpes por parte de un operador.
En el marco de esa causa, se llevó a cabo una inspección general al hogar, en la que “se revelaron otras situaciones de malos tratos y torturas además de las pésimas condiciones edilicias: humedad, muebles en mal estado, cables eléctricos descubiertos, falta de limpieza, ausencia de griferías y cortinas en las duchas, olor nauseabundo en los baños, aberturas rotas y faltantes de vidrios”.
Como consecuencia, el organismo inició una acción de amparo ante el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata, pidiendo que “cesen las graves vulneraciones de derechos” de los chicos y requiriendo la intervención del Ministerio de Salud y el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental frente a casos de niños incorrectamente medicalizados, de la Asesoría de Menores e incapaces y la Defensoría Nacional de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
Según la CPM, las promesas gubernamentales de adoptar medidas en pos de adecuar el régimen de vida no se cumplieron en los meses siguientes y a principios de este mes varios niños escaparon del hogar y denunciaron que habían sido golpeados por trabajadores del lugar. Tres días después, llegó el cierre de la institución y los traslados cuestionados.
“Todos estos traslados sucedieron de noche, e incluso en uno de los casos debieron esperar por varias horas en una camioneta hasta poder ser ingresados en un nuevo lugar sin poder ir al baño, comer ni tomar agua. Algunos de los traslados fueron transitorios, durmiendo en el piso por falta de cupo en los destinos y exponiendo a los niños y niñas al cabo de horas a nuevos traslados por falta de planificación adecuada”, describieron desde la comisión, que se entrevistó con todos los chicos y presentó las pruebas recabadas desde febrero para que se investiguen todas las responsabilidades institucionales en la causa que tramita ante la UFI N° 3 de La Plata.
Por último, la CPM alertó que lo sucedido en el hogar Servente se repitió en otros establecimientos. “Estos hechos dan cuenta de los problemas estructurales de las políticas de niñez en la provincia de Buenos Aires, la falta de un proyecto que respete y garantice derechos de los jóvenes y la continuidad de las torturas y malos tratos –ya no sólo en los Centros Cerrados y de Recepción que alojan a jóvenes en conflicto con la ley penal–, sino también en dispositivos del Sistema de promoción y protección de derechos que aloja niñeces con medidas de abrigo”, concluyeron en el comunicado.
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