
Florencia Magalí Morales tenía 39 años. Durante la cuarentena estricta, en abril de 2020, fue detenida en San Luis en la comisaría de la Mujer. La misma tarde del arresto apareció ahorcada en la celda en un supuesto suicidio y su caso trascendió las fronteras de la provincia. Ahora, tras una serie de pericias, piden que se investigue el caso como un “femicidio” y que se impute a los cuatro policías que estaban en la seccional el día de la muerte.
Los abogados que representan a la familia de Florencia, encontrada muerta en una celda de la comisaría de Santa Rosa del Conlara el 5 de abril del año pasado, son los que solicitaron que el caso se investigue como un femicidio.
Uno de los abogados, Federico Putelli, explicó a la agencia de noticias Télam que el pedido se basa en los peritajes criminalísticos que fueron incorporados al expediente que aseguran que Morales murió como consecuencia de una “asfixia por estrangulamiento”, por lo que se descarta la hipótesis del suicidio “y se confirma el femicidio”.
Ante esta situación, Putelli presentó un escrito en el que solicitó al juez de la causa, Jorge Pinto, “la ampliación del sumario, la recalificación de la causa” y que se indague a los cuatro policías imputados por “homicidio agravado, lo que técnicamente constituye femicidio”.
Putelli aclaró que el pedido, se basa en lo aportado por el trabajo forense de Vanina Elizondo y Mónica Chechi, profesionales de parte, que actuaron junto a los forenses del Poder Judicial, y adelantó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, constituida en parte de la causa también, requerirá “la ampliación de la imputación”, teniendo en cuenta los resultados revelados.
Por otra parte, y dentro del mismo estudio, el abogado agregó que el cordón con el que se encontró a la mujer, supuestamente suicidada en la celda de castigo, también fue peritado y los resultados revelaron que “no pertenecían al buzo que vestía al momento de su muerte” y “se trata de un elemento ajeno que no sabemos cómo llegó al hecho”.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se constituyó en parte del caso en abril de 2021 cuando la causa amenazaba con ser cerrada en San Luis, le hicieron conocer al juez, en base a un escrito, que los hechos no pueden encuadrarse en un mero incumplimiento policial.
En ese escrito, que está firmado por Horacio Pietragalla Corti, se enumeraron las prueba que constan en el expediente y que hacen presumir que se está ante un caso de violación de los derechos humanos. Entre esas pruebas, se encuentra el resultado de la segunda autopsia que fue confirmado por la Junta de Forenses, integrada por un profesional por cada circunscripción de San Luis, y sobre la que la forense Vanina Elizondo cuestionó a la primera autopsia realizada al cadáver y explicó que “al cuerpo le faltan músculos, una arteria, el hueso hioides estaba sin fracturas”.
Florencia Magalí Morales había nacido en Las Heras, Mendoza, y vivía en Santa Rosa de Conlara, un pueblo ubicado a 50 kilómetros de Merlo, en el norte de San Luis, con sus hijos de 11 y 7 años, y con su nieta de 2.
Según la investigación, el 5 de abril del año pasado, la mujer salió en bicicleta a buscar comida y terminó encerrada en una celda de la comisaría de la Mujer, presuntamente por haber violado la cuarentena, dado que la terminación de su documento de identidad no le permitía circular ese día.
Esa tarde la encontraron ahorcada con el cordón de una prenda, luego de haber pasado horas pidiendo auxilio.
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