La historia violenta del oficial Matías Ezequiel Martínez, el asesino de Úrsula Bahido, acusado de apuñalarla en el cuello en un descampado de la zona de Rojas y de luego llamar a su propio tío para alertarlo del femicidio que generó una fuerte indignación a nivel nacional, parece ser larga en el tiempo. Al momento del crimen, Martínez, separado de la Policía Bonaerense desde 2020 con una carpeta psiquiátrica cuyos contenidos se desconocen, tenía una cita pendiente para el 18 de febrero en el Juzgado en lo Correccional N°1 de la jurisdicción por una causa por amenazas calificadas que data de 2019.
También, tenía otra causa en su contra: estaba radicada, según información de altas fuentes de la Procuración a la que accedió Infobae, en la UFI N°5 de Sergio Terrón, el mismo que investiga el femicidio de Úrsula. La víctima en ese expediente es Úrsula misma. La denunciante es su madre, Patricia Nasutti, con un expediente iniciado el 28 de enero. Los delitos: amenaza y desobediencia. El 9 de ese mes, según un documento judicial, se inició otro expediente, mismas calificaciones, una información que consta en el Juzgado de Paz local.
Úrsula misma luego denunció a Martínez, también por los mismos delitos en la UFI N°3, una causa iniciada días más tarde, el 5 de febrero, tres días antes del crimen. La joven de 18 años se había hartado. Martínez tenía una perimetral en su contra que nuevamente violaba.
Ese día, Úrsula tuiteó:
Sin embargo, a pesar de todas estas denuncias, Úrsula no recibió siquiera un botón antipánico, un recurso considerado insuficiente en situaciones de violencia de género extrema y proximidad entre víctima y victimario. “Hay diez botones antipánico en todo Rojas, que tiene 30 mil habitantes. Se le estaba buscando uno”, asegura una fuente en la zona. El botón, por otra parte, depende del Ejecutivo municipal.
Así, con tres líneas de defensa del Estado a cargo de su seguridad, la joven de 18 años fue llevada por su asesino al paraje rural Guido Spano en la zona de Cuartel V para ser apuñalada en el cuello hasta la muerte el lunes por la noche. El asesino fue directamente con un cuchillo de carnicero a las arterias del cuello: también la hirió en el abdomen y en el dorso, según el reporte de autopsia.
La situación judicial continuó, con Martínez suelto en la calle. El 8 de febrero, en la mañana de la muerte, un oficio es enviado a la Comisaría de la Mujer local desde el Juzgado de Paz a cargo del magistrado Luciano Callegari. En el texto, el Juzgado citó el expediente iniciado el 9 de enero, un mes antes, pidieron la restricción de acercamiento a Úrsula con un radio de exclusión de 200 metros.
El documento, también, pide “rondas periódicas y frecuentes de vigilancia por 15 días”, en lo que permita “la capacidad operativa” de la Comisaría de la Mujer.
También, en este documento, se establece que debía entregársele a la joven un botón antipánico, con un pedido de formalizar la cita para que se le entregue el dispositivo a Úrsula en el Juzgado de Paz.
También, se pidió expresamente al área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad que se notifique de la situación de Martínez.
Hoy, mientras la indignación crece en Rojas, la Comisaría de la Mujer es intervenida por autoridades policiales. Todavía no se establece una fecha para que Martínez sea indagado por el fiscal Terrón, con un plazo abierto supeditado a su internación tras las lesiones que se provocó a sí mismo tras matar a la adolescente.
Muchos en Rojas hablan de un supuesto encubrimiento de policías ante las denuncias de la famiia. Por lo pronto, una alta fuente en la Justicia penal de la provincia con conocimiento directo de la causa aseguró a este medio que la presunta complicidad policial, al menos para los investigadores “no es una hipótesis en el expediente”.
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