El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral una causa en la que están imputados altos ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por manejos irregulares de los fondos de la Obra Social.

A Benito Paredes Sánchez, Jorge Benjamín Cevallos, José María Domínguez, Adriana Kobetic -miembros del Consejo de Administración de la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal-, y a Osvaldo Palliano, Director de la entidad, se les imputa haber utilizado fondos de la institución para la compra irregular de un inmueble ubicado en la provincia del Chaco y de otro en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

Las propiedades iban a ser utilizadas para instalar sedes de la entidad. En el primer caso, este accionar provocó -según sostuvo el juez Torres- un perjuicio económico para la obra social de $ 1.522.600 y a su vez un beneficio para el grupo familiar de Carolina Mosqueda, funcionaria perteneciente a la fuerza. La maniobra se realizó entre fines de 2012 y principios de 2013, y contó con la participación de otros penitenciarios.

La causa se inició luego de que se detectara que uno de los inmuebles que adquirió la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal pertenecía a los padres de Carolina Mosqueda, la funcionaria encargada de la búsqueda y selección de la propiedad.

La investigación comprobó además que el inmueble fue seleccionado en forma directa, de modo arbitrario y sin cumplir con todos los trámites que tanto la ley como el reglamento establecían, es decir, el llamado a licitación pública, el análisis de por lo menos tres ofertas, la participación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para verificar antes de la compra si había inmuebles disponibles en forma gratuita.

Al avanzar con la pesquisa se determinó que no solo la Obra Social había comprado el inmueble de los padres de la funcionaria encargada de la selección sino que la adquisición era innecesaria ya que el Estado contaba con otras propiedades que podrían haber sido cedidas a título gratuito.

Pero no sólo eso, el acondicionamiento de la propiedad conforme a las necesidades de la Obra Social implicaba una inversión que duplicaba el valor de la casa.

Otra de las irregularidades en esta compraventa se dio al momento de escriturar, acto que en lugar de celebrarse con la intervención de la Escribanía General de la Nación se hizo a través de Irma Esther Petcoff, una escribana particular.

El juez Torres afirma que el rol de asesora jurídica en la Unidad regional 7 de Carolina Mosqueda da cuenta de que la funcionaria tenía un conocimiento especial de las exigencias legales y reglamentarias que se estaban quebrantando al efectuar una operación de esas características de la manera en que lo hicieron. "Utilizó sus conocimientos y contactos para lograr el cometido ilicíto", señaló el magistrado. Y agregó: "La acción desplegada por Mosqueda fue indispensable para direccionar la búsqueda y compra de un bien inmueble, en claro apartamiento de las formas debidas, en beneficio de su grupo familiar".

En esta causa se determinó que el mismo grupo de funcionarios llevó adelante una maniobra similar a través de la que compraron un inmueble en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

En este caso -tal como la compra del inmueble del Chaco- la adquisición era innecesaria ya que el Estado contaba con propiedades que podía entregarlas en forma gratuita.

Esta operación también estuvo plagada de irregularidades como haber efectuado la compra directa sin llamar a licitación, el inmueble se seleccionó de forma arbitraria y la escrituración se hizo con la intervención de un notario particular en lugar de la Escribanía General de la Nación como hubiera correspondido, entre otras.