Emergencia en discapacidad: qué se discute en el Congreso y por qué preocupa la continuidad de terapias y traslados

La continuidad de tratamientos, traslados y apoyos para personas con discapacidad vuelve a quedar en manos del Congreso. Los legisladores debatirán la prórroga de la emergencia en discapacidad antes de que venza en diciembre, en medio del desfasaje entre los aranceles, la inflación y los costos que afrontan instituciones, transportistas y profesionales. Además, las comisiones prevén reunirse los días 16 y 23, mientras familias y prestadores advierten que las demoras en los pagos ya reducen servicios e interrumpen terapias.

El acceso al sistema comienza con el Certificado Único de Discapacidad, emitido por las provincias después de la evaluación de una junta médica interdisciplinaria. Ese documento habilita tratamientos, transporte y algunas asignaciones para las personas que cumplen las condiciones establecidas.

La analista María Migliore explicó en Infobae A las Nueve que el siguiente eslabón es el nomenclador, el mecanismo que fija cuánto cubre el Estado por terapias, tratamientos y otros servicios. El principal conflicto surgió porque durante 2024 la inflación avanzó por encima de las actualizaciones de esos valores.

Aranceles atrasados y pagos de hasta 90 días

Los centros, profesionales y transportistas deben afrontar sus gastos antes de cobrar las prestaciones que brindan. Los pagos pueden llegar entre 30, 60 y 90 días después de la facturación, un plazo que se suma a aranceles que no alcanzan para cubrir el funcionamiento.

“Ese fue el eje de conflicto mayor”, sostuvo Migliore sobre la diferencia acumulada entre los valores establecidos y los costos reales. La falta de actualización alcanza a instituciones, profesionales, transportistas y escuelas especiales que integran la red de atención.

“El nomenclador no se actualiza”, afirmó la analista. A su juicio, la demora agravó un problema previo vinculado con los tiempos de pago y trasladó la presión financiera a quienes prestan servicios de manera directa.

Las familias también enfrentan negociaciones con obras sociales y prestadores para obtener autorizaciones. Esos trámites pueden dificultar la continuidad de los tratamientos, especialmente cuando requieren una cobertura sostenida.

La reducción de recursos ya impacta en los servicios disponibles. Algunas instituciones cierran o recortan su funcionamiento, mientras otras ofrecen menos prestaciones porque no pueden afrontar sus gastos con los montos que reciben.

Los efectos incluyen centros de atención, escuelas especiales y profesionales que asisten a niños, adultos mayores y personas con problemas de movilidad. En algunas familias, una terapia semanal pasa a realizarse cada dos semanas por falta de cobertura o de recursos.

“Esto está pasando, pero es enorme”, dijo Migliore. La analista advirtió que, cuando una persona necesita atención continua, la reducción de los tratamientos produce daños que “no se recupera”.

El transporte es uno de los puntos más sensibles porque muchas personas requieren traslados permanentes hacia terapias, escuelas, centros médicos y otros espacios de atención. También hay demoras en medicamentos, insumos, sillas de ruedas y tratamientos específicos.

La carga no recae únicamente sobre quien recibe la prestación. En algunos casos, un integrante de la familia deja de trabajar para acompañar a la persona con discapacidad y asumir tareas de cuidado, además de las gestiones administrativas.

Una ley vetada y sin alternativa oficial

El Congreso aprobó en 2025 una ley de emergencia en discapacidad para reconocer el desfasaje acumulado y actualizar las prestaciones, relató Migliore. El Gobierno vetó la norma, pero el Congreso volvió a promulgarla y, de acuerdo con la analista, aún persisten incumplimientos sobre la diferencia que debía cubrirse.

La oposición busca extender esa vigencia para impedir un vacío legal una vez que termine el plazo actual. “Lo que se está discutiendo más que nada” es la necesidad de prorrogar la norma, señaló Migliore, quien sostuvo que la medida apunta a mantener una cobertura ya existente.

La iniciativa no crea un gasto desde cero, planteó la analista, sino que propone actualizar por inflación los recursos destinados a prestaciones incluidas desde antes en el sistema. “Esto es prioritario”, afirmó al referirse a las personas con discapacidades severas que no cuentan con recursos para afrontar esos costos.

Migliore diferenció este asunto de otros debates sobre políticas sociales porque involucra necesidades que no pueden esperar. La falta de definiciones, añadió, prolonga la incertidumbre de instituciones que, una vez que reducen actividades o cierran, tienen dificultades para reconstruir sus equipos y servicios.

El sector también arrastra problemas de documentación y facturación. La analista mencionó prestaciones que no se habrían brindado y viajes que podrían haber sido sobrefacturados, situaciones que requieren controles y auditorías.

Sin embargo, sostuvo que esas revisiones no sustituyen una respuesta sobre el financiamiento de las prestaciones básicas. “El Gobierno se quedó en la auditoría”, cuestionó Migliore, al reclamar medidas posteriores a la detección de irregularidades.

La analista afirmó que el oficialismo demoró la actualización del nomenclador y que, hasta el momento de la conversación, no había presentado una propuesta alternativa.

El oficialismo había planteado discutir el tema en comisión los días 16 y 23, aunque el proyecto propio todavía no aparecía. Familias, organizaciones e instituciones esperaban una propuesta concreta en la sesión informativa prevista para exponer los problemas del sector.

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