
“El 21 de marzo de 1975 a las 21.30, ocho vehículos, varios Ford Falcon color gris, otros negros, también Torinos blancos, frenaron intempestivamente en la calle Donato Álvarez, a escasos metros de la Avenida Pasco, en el barrio San José de Temperley. Algunos autos llevaban balizas sobre el techo, al igual que los utilizados por la policía, otros traían valijas sobre el portaequipajes. Los automóviles transportaban entre quince y veinte personas de civil con capuchas negras. Llamativamente, uno llevaba una máscara de carnaval y otros dos la cara descubierta”, relata Patricia Rodríguez Heidecker, autora de una minuciosa investigación volcada en su libro Masacre de Pasco. Así marcó el inicio de uno de los ataques más sangrientos de los muchos perpetrados por los grupos parapoliciales del terrorismo de Estado antes el golpe que un año más tarde derrocaría al gobierno constitucional.
María Estela Martínez de Perón estaba sentada en el sillón presidencial, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró gobernaba la provincia de Buenos Aires, un concejal arribista llamado Eduardo Duhalde era intendente de Lomas de Zamora, luego del desplazamiento del anterior jefe comunal, Pedro Pablo Turner, un hombre identificado con la tendencia revolucionaria dentro del peronismo. Las bandas parapoliciales hacía rato que secuestraban y mataban en zonas liberadas por la policía.
El gobierno peronista ya había girado definitivamente hacia la ultraderecha y, en ese contexto, la Masacre de Pasco marcó un hito de terror en ese proceso que había comenzado en octubre de 1973, incluyendo la creación de grupos paraestatales para aniquilar a “los infiltrados”, una categoría confusa que englobaba a toda la oposición de izquierda, estuviera dentro o fuera del peronismo. “La Masacre de Pasco fue el hecho bisagra que marcó la derrota de un proyecto social, el de la tendencia revolucionaria del peronismo. Fue el castigo a las diferentes manifestaciones políticas presentes en el territorio que cuestionaban un orden desigual e injusto. También, la demostración anticipada de los métodos de exterminio que implementarían tiempo después, implicando a personajes aliados al poder hegemónico que reaparecerían con el tiempo en la escena nacional repitiendo historias”, dice a Infobae Patricia Rodríguez.

“Depurar al peronismo”
La Masacre de Ezeiza, coincidente con el retorno definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina el 20 de junio de 1973, había mostrado que la unidad del peronismo en el gobierno era una ilusión y que los espacios de poder se disputarían de manera violenta. La posición del propio Perón en esa puja quedó clara el 1 de octubre de 1973, cuando se conoció — contra su voluntad— un “documento reservado” con su propia firma en el que ordenaba realizar una “depuración” del Justicialismo con “todos los medios a su alcance”, lo que implícitamente incluía la eliminación de los disidentes. Entre las “directivas” que impartía, la número 9 era precisa. Bajo el subtítulo “Medios de lucha” decía: “Se utilizarán todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito”.
Poco después, las bandas parapoliciales de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) comenzaban a operar amenazando y asesinando “infiltrados” en zonas liberadas por la policía. La ofensiva incluyó el desplazamiento de los gobernadores cercanos al ala izquierda del peronismo. Así llegaron Victorio Calabró a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y Eduardo Alberto Duhalde a la intendencia de Lomas de Zamora, el lugar de la Masacre, y casi simultáneamente las bandas parapoliciales se adueñaron del territorio.
Duhalde era el tercer intendente desde el 25 de mayo de 1973. El primero había sido Roberto Ortiz, acusado de corrupción y destituido por un juicio político. En su lugar asumió el primer concejal de la lista del FREJULI, Pablo Turner, un hombre de la Juventud Peronista, que tenía un despliegue territorial muy importante en la zona. En medio del proceso de “depuración”, la presencia Turner en la jefatura del municipio resultaba intolerable para el gobernador bonaerense Victorio Calabró, que comenzó un movimiento de pinzas para destituirlo.
Hizo punta la revista Cabildo, de la ultraderecha más recalcitrante del peronismo y publicista de las listas de condenados a muerte por la Triple A, inició en marzo de 1974 una fuerte campaña periodística contra el intendente Turner. En una serie de artículos —algunos de ellos firmados por su director, Felipe Romeo— Cabildo calificó a Turner de “infiltrado” y en uno de ellos denunció que Lomas de Zamora se había convertido en “un aguantadero de cuanto delincuente y guerrillero se hallase prófugo”.
Al mismo tiempo, la Triple A iniciaba una serie de ataques contra las unidades básicas que respondían al intendente, cuya frecuencia y violencia iría creciendo con el correr de los meses. Cabildo proponía un reemplazo para el “intendente zurdo”, como lo llamaba. La nota decía textualmente: “Eduardo Duhalde tiene la oportunidad de revertir el proceso de anarquía, corrupción y marxistización (sic), imponiendo a su gestión una política peronista. Los peronistas y el pueblo todo de Lomas de Zamora, mantienen una esperanzada expectativa”.
Duhalde, por entonces, tenía 31 años, había ocupado el segundo lugar en la lista de concejales y estaba a cargo de la presidencia del Concejo Deliberante. Contaba con el apoyo del gobernador Calabró y de las 62 Organizaciones Peronistas. Era el hombre justo para el momento justo. Finalmente, en agosto de 1974, Turner fue desplazado tras un juicio político cuyo argumento central fue que era “zurdo”.
Pero el desplazamiento palaciego no era suficiente. Aún con Turner fuera de la intendencia, la Juventud Peronista contaba con una fuerte presencia territorial, sobre todo en los barrios más carenciados. Allí también era necesario “depurar”. En ese contexto se perpetró la Masacre de Pasco.

Una noche de terror
La noche del viernes 21 de marzo jugaban Chacarita Juniors e Independiente, en partido televisado, y era común que, en esos casos, muchos vecinos se reunieran en el Bar El Rincón, de la calle Donato Álvarez, para seguir las incidencias. Por eso, el boliche fue el primer lugar al cual —después de que las calles del barrio estuvieran sin movimiento— la patota se dirigió en busca de uno de los habitués, el concejal Héctor Lencina, uno de los pocos fieles a Turner que quedaban en el Concejo Deliberante. No lo encontraron, pero eso no impidió que dispararan sus armas contra el frente y dentro del bar antes de ir a la casa de Lencina, que vivía al lado.
Se hicieron dueños del barrio. Durante alrededor de una hora, los asesinos de la Triple A —la banda parapolicial creada por José López Rega, “El Brujo”, hombre fuerte del gobierno nacional— se movieron con total libertad, sin que apareciera un solo policía. En ese lapso, en diversas casas y en la Unidad Básica “22 de Agosto”, secuestraron a siete personas y mataron a una mujer, Gladys Martínez, cuando dispararon una ráfaga de ametralladora por la ventana de su vivienda. El “blanco” que buscaban no era ella sino su concubino, el maestro mayor de Obras Omar Caferatta.
La patota los fue capturando de a uno o de a dos y los subió a los autos y a un micro del que se habían apropiado. Dos de las víctimas habrían podido escapar, pero se entregaron cuando les gritaron que si no volvían matarían a sus hijos. En total sumaron siete secuestrados: el concejal Lencina, Héctor Flores, Aníbal Benítez, Germán Gómez, Eduardo y Alfredo Díaz (dos hermanos adolescentes, de 14 y 16 años), y Rubén “Cacho” Maguna, que no tenía militancia política y a quien confundieron con otra persona por llevar un apodo parecido.
“Finalmente concluyeron la serie de capturas, entonces la caravana de automóviles siguió viaje con los siete secuestrados hasta detenerse en la calle Santiago del Estero y Sánchez. Los hombres fueron bajados a empujones y colocados sobre la calle de tierra. El movimiento inusual en ese tranquilo barrio, determinó que salieran a la puerta de sus casas muchos vecinos, que en ese momento veían algún programa de televisión o se aprestaban a dormir, pero los asesinos los obligaron a retornar a sus casas amenazándolos con sus armas. Aparentemente, el que parecía dar las órdenes a los comandos intimaba a los vecinos a que se replegaran dentro de sus casas”, relata Rodríguez.

El testigo que vio todo
Desde su casa, ubicada en una esquina, el joven vio cómo una patota fuertemente armada rompía la puerta de entrada de la vivienda de su hermano Germán, donde iba a haber un asado al que pensaba asistir. No se atrevió a salir, pero cuando escuchó disparos de ametralladora y vio que se llevaban a Germán junto con otros hombres adentro de un auto, decidió seguirlos, casi por instinto, a pesar del miedo.
El joven llegó a un descampado a media cuadra de la esquina de Santiago del Estero y Sánchez y se zambulló en el pasto porque la caravana compuesta por varios autos y un micro se detuvo allí. Temblando, vio como bajaban a empujones a su hermano y a otros hombres y empezaban a pegarles. Algunos vecinos salieron a las puertas de sus casas, pero los gritos y las armas de la patota los hicieron volver adentro.
—¡Métanse! ¡Si salen son boleta ustedes también! —ordenó un encapuchado.
El muchacho seguía temblando cuando vio que tanto su hermano como los otros eran obligados a arrodillarse. Los miembros del comando, de civil, tomaron distancia con las armas empuñadas. También vio como Germán, su hermano, se puso de pie gritando:
—Si me van a matar, mátenme parado.
Otro de los capturados gritó:
—¡Viva la Patria!
Los gritos fueron ahogados por los tiros: ráfagas de ametralladora y disparos de armas cortas. Los remataron en el suelo, disparándoles como si quisieran hundir los cadáveres en la tierra a fuerza de balazos.
Salvo el temblor, el hombre joven seguía paralizado, pero frente a sus ojos la escena de terror terminó de desplegarse: los asesinos arrastraron los cuerpos hasta hacer con ellos una pila y los hicieron volar por los aires con dos granadas. Parte de uno de los cuerpos cayó sobre un cable eléctrico y, al tocarlo, provocó un corte de luz en varias cuadras a la redonda.
Iluminados por los focos de los autos, los miembros de la patota desplegaron una bandera blanca cerca de los cráteres que dejaron las granadas, entre los cuerpos destrozados. La bandera debía medir unos dos metros de largo y unos 65 centímetros de alto. Con letras rojas decía: “Fuimos Montoneros, fuimos del ERP”. Sólo entonces, en medio del olor a pólvora y los ruidos de armas, se fueron.

El “muerto” que sobrevivió
Más tarde, cuando concurrieron al lugar personas de distintas procedencias —desde familiares a funcionarios— encontraron una escena desgarradora: partes de esos cuerpos fueron localizadas a más de 40 metros del lugar de la explosión. La voladura de los cadáveres —cuya cantidad demoró en establecerse— y el asesinato de Gladys Martínez en la casa que compartía con Omar Caferatta, hicieron pensar que este último también había sido secuestrado y asesinado.
Durante mucho tiempo se creyó —porque su familia guardó silencio por su propia seguridad— que Cafferata había sido la octava víctima de la Masacre de Pasco. “En ese tiempo mis padres se habían separado, yo vivía con mi mamá aproximadamente a doce cuadras de donde tenía la casa mi papá. Él estaba en pareja con Gladys Martínez, vivían en la calle Amenedo y Santiago del Estero. Mi papá había programado un viaje a Australia, no se encontraba en la casa ese día, se salvó por ese motivo. La idea era viajar solo y luego mandarle el dinero a Gladys para el pasaje. Falleció de muerte natural en 1993, en Australia”, le contaría su hijo muchos años después a Patricia Rodríguez.
La Masacre de Pasco no fue el crimen más resonante de la Triple A, que en su extensa lista de más de cuatrocientas víctimas fatales cuenta a Rodolfo Ortega Peña, el cura Carlos Mugica, Silvio Frondizi y muchas otras reconocidas personalidades de la época. Sin embargo, se trató de la operación de mayor envergadura, tanto por el despliegue realizado, con el cierre de varias cuadras en un barrio, y la cantidad de víctimas.
El “sistema” de secuestrar, fusilar y volar los cadáveres de las víctimas fue también una marca de las organizaciones parapoliciales y paramilitares que operaron antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Sembrar cuerpos destrozados en las calles era una manera de expandir el terror en toda la población y tratar de paralizar cualquier intento de oposición al gobierno. Con el inicio de la última dictadura, esa “política de cuerpos exhibidos” cambiaría. Salvo excepciones —disfrazadas de falsos enfrentamientos— los grupos de tareas no dejaron los cadáveres de sus víctimas a la vista de todos. Los desaparecieron.
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