Se casaron pobres, tuvieron seis hijos, se hicieron millonarios y al divorciarse él se quedó con todo: “Ni tarjeta de crédito le dio”

Cuando Stella R. y Marcelo F. se conocieron a fines de la década de 1980, no tenían bienes ni proyecciones de fortuna. Vivían de prestado en una habitación en la casa de los padres de él, en la ciudad rionegrina de General Roca, y dependían de lo que el hombre ganaba manejando un taxi.

Treinta años después, al divorciarse, el hombre acumulaba un patrimonio superior a 1,7 millones de dólares, y Stella, que había dedicado su vida al hogar, la crianza de seis hijos y la administración de la chacra familiar se había quedado “con lo puesto”: sin propiedades ni autos a su nombre, sin aportes jubilatorios y sin ingresos.

Stella y Marcelo se casaron en 1991 y se divorciaron en 1996, pero continuaron conviviendo sin interrupciones hasta junio de 2020. A lo largo de esos años, formaron una familia con seis hijos y construyeron su hogar primero en una propiedad familiar, luego en una casa donada por la tía del hombre y finalmente en una chacra de cuatro hectáreas, que fue transformada en una quinta equipada con pileta, quincho, salón de eventos y múltiples dependencias.

Con el tiempo, la pareja asumió también la administración de un campo de más de 8.000 hectáreas, donado por la tía de Marcelo en 2001. Ese predio, atravesado por ductos de servidumbre petrolera, se convirtió en una fuente de ingresos millonarios, principalmente por contratos con una empresa que pagaba regalías por el uso de las tierras.

En Río Negro, los campos no son buenos a nivel productivo para criar ganado. Pero esas hectáreas tenían esa particularidad, que es lo que le dio un enorme valor agregado.

En 2005, ambos firmaron una declaración policial reconociendo su convivencia. Años después, vivieron alternativamente entre la chacra y la casa del centro, que estaba a nombre de la tía de él. Ella nunca tuvo propiedades a su nombre.

Cuando estalló la pandemia, en 2020, decidieron asentarse nuevamente en la chacra. Esa situación se extendió hasta junio de ese año. En ese momento, Stella decidió abandonar la propiedad definitivamente, luego de descubrir infidelidades (nuevas) y sufrir violencia emocional y económica sostenida.

La mujer estuvo viviendo un par de meses en la casa del centro y luego se mudó a la vivienda de unos familiares. Nunca recibió cuota alimentaria a pesar de que vivía junto a su hija más chica. El resto de los hijos ya eran todos mayores de edad.

Durante tres décadas, Stella cumplió múltiples roles. Cuidó de sus hijos, atendió la casa, acompañó a su pareja en tareas del campo, administró un salón de eventos en la chacra y gestionó, junto a Marcelo, las relaciones contractuales con empresas del sector petrolero. Según ella, fue responsable de trámites, control de obras y negociaciones clave que permitieron que las tierras donadas se convirtieran en una fuente de ingresos extraordinarios.

Tras la separación, su situación económica se deterioró bruscamente. Comenzó a trabajar como moza en una parrilla, dejó de utilizar los vehículos de alta gama que había comprado el matrimonio y no pudo seguir pagando la escuela privada de su hija menor, quien debió pasar a una institución pública.

En el juicio que Stella le entabló a su ex, la justicia dio por acreditado que fue víctima de violencia económica y emocional en el marco de una relación de dependencia estructural. Consideró que la ruptura la dejó en una situación de “escasez material y simbólica”, sin herramientas para reinsertarse en el mundo laboral y con una vida entera dedicada al hogar, los hijos y el proyecto económico común.

Finalmente, el 25 de octubre de 2024, la Unidad Procesal Nº16 de la Segunda Circunscripción Judicial falló a favor de ella. “El señor es dueño de todo y la señora no es dueña de nada”, resaltó en la resolución a la que accedió Infobae, la jueza de Familia de Roca, Carolina Gaete, al ordenar una compensación económica para la mujer, que estuvo representada por los abogados Enrique Llanos y Tomás Kamerbeek.

Además, una pericia psicológica oficial confirmó que la mujer sufre un trastorno adaptativo crónico con ansiedad y depresión, con una incapacidad funcional del 20% y recomendó tratamiento psicológico semanal por al menos ocho meses.

Durante el proceso también se acreditó que Miguel recibía más de $3.000.000 mensuales solo en concepto del pago de las servidumbres. Era titular exclusivo de un campo valuado en USD 1.157.550, una quinta urbana con vivienda de 572 m² cotizada en USD 201.7000, una casa en el centro de Roca tasada en USD 48.104, y 17 vehículos (entre camionetas 4x4, cuatriciclos, motos, autos y maquinaria agrícola) que valen entre 150 mil y 200 mil dólares.

Además de esos bienes, el hombre había percibido pagos acumulados por más de $45.000.000 entre 2021 y 2023 en concepto de regalías hidrocarburíferas, lo que equivale a más de USD 200 mil al tipo de cambio promedio del período.

En el fallo se reconoció que existió un desequilibrio económico manifiesto tras la ruptura de una convivencia. La justicia concluyó que el patrimonio del hombre superaba los USD 1.750.000.

El juez ordenó que Marcelo le pague a Stella una compensación económica mensual del 20% de sus ingresos, con un piso mínimo de tres salarios mínimos, vitales y móviles, durante 23 años.

“Vivía en una cárcel de cristal, donde si bien tenía todas sus necesidades cubiertas, dependía de manera total del demandado, quien ni siquiera le dio una tarjeta de crédito o débito para poder realizar sus gastos personales”, señaló la jueza Gaete.

El fallo, además, aplicó una perspectiva de género, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

“Apostar al desarrollo de la productividad y crecimiento de uno de los miembros no puede implicar la renuncia a un equilibrio económico al final de la unión convivencial para quien ha apuntalado y reforzado aquello, sea directa o indirectamente”, expresó la jueza en la sentencia favorable a la mujer.

La magistrada consideró que ese dinero le permitirá a Stella aliviar su situación económica y buscar un objetivo claro para ver de qué manera, a los 53 años, sin estudios y sin oficio, pueda reinsertarse laboralmente y así poder acceder a una jubilación en el futuro.