Juan Domingo Salerno, procesado por delitos de lesa humanidad, y Edberto González de la Vega, sentenciado por las explosiones de Río Tercero, fallecieron luego de contraer el COVID-19 en la Unidad Penal N° 34 de Campo de Mayo. La noticia fue confirmada por el Ejército Argentino. Desde el penal también comunicaron que otros 28 internos dieron positivo al test de coronavirus. Fuera de esta lista, Ramón Abel Recio, alojado en el mismo penal, debió ser internado por coronavirus y su situación de salud es crítica.
Infobae constató que el brote del virus dentro del penal de Campo de Mayo se originó por uno de los penitenciarios. Hasta el momento, los miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) contagiados (aislados luego de conocerse la noticia) son 7. Julio Almada, Hugo Castagno, Rubén Chávez, Raúl Córdoba Sacheto, Héctor Francescángeli, Ricardo García, Jorge Lazarte, Carlos Leguizamón, Orlando Pérez, Ricardo Perrin, Juan Risso, Miguel Slaterry, Eduardo Ullua, Walter Ale, Héctor Amado, Rubén Andrade, Bernardo Caballero, Carlos Castillo, Omar Di Napoli, Gerardo Ferrer, Héctor Seisdedos, Carlos Ferreyra, Carlos Franke, Jorge Guarrochena, Julio Simón, Eduardo Ramos, Ramón Velasco y Gonzalo Sánchez conforman el grupo de los 28, internados durante la jornada del jueves en el Hospital Penitenciario de Ezeiza (HPC).
La gran mayoría de estos nombres solicitó, ante el avance del coronavirus, la posibilidad de continuar sus condenas en prisión domiciliaria. La Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ángeles Ramos, se opuso a los requerimientos de los condenados por estos delitos, cuyo promedio de edad es de 74 años.
El 26 de junio se conocieron los primeros contagios en el penal de Campo de Mayo. Para esa fecha se reportaron tres casos positivos: Luis Muña (uno de los militares detenidos) y dos penitenciarios. Aquel día, 16 miembros del SPF también fueron aislados.
Salerno tenía 71 años y estaba procesado por pertenecer en lo que en la jerga se conoce como “la patota” de Miguel Etchecolatz, ex policía condenado a cuatro cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Al igual que otros represores alojados en la unidades 31 y 34 del SPF, y tras el caso confirmado de Muiña, Salerno solicitó que se revea su pedido de arresto domiciliario.
González de la Vega, el otro fallecido, fue uno de los tres militares condenados por las explosiones ocurridas en Río Tercero el 3 de noviembre de 1995. Durante aquella época ocupaba la dirección de la planta riotercerense. También fue gerente de Coordinación de Fabricaciones Militares.
La pena impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba había sido por “estrago doloso agravado”. De la Vega fue condenado a 13 años de prisión. En 2017, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la pena y calificó el delito como “un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado, para concretar el móvil del ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices”.
La Secretaría General del Ejército, en un comunicado, expresó que “en relación a la situación vivida con el personal que se encuentra privado de su libertad en la Unidad Penal Federal N° 34 ‘Campo de Mayo', con síntomas compatibles con COVID-19 y el eventual traslado del personal infectado, el Ejército Argentino informa que dicha prisión tiene entre sus efectivos personal perteneciente a las Fuerzas Armadas”. También que “el día 22 de julio se realizó en el penal un hisopado a todo el personal perteneciente al pabellón A y B, dando como resultado internos positivos. De los hisopados con resultado positivo, se encuentra entre ellos el personal perteneciente al Ejército Argentino”.
En el comunicado se manifestó que “se está contemplando que todo el personal con resultado positivo –que sea asintomático– sea trasladado” por orden de la Justicia federal y por prioridades según su estado de salud.
“Asimismo serán trasladados los que presentan resultados positivos con síntomas que requieran internación a sus correspondientes hospitales militares para sus seguimientos. El SPF es el responsable de realizar y fiscalizar todos los traslados enunciados en los puntos anteriores”, agregaron.
Las familias de los contagiados exigieron que los mismos sean alojados en el Hospital Militar de Campo de Mayo o en el centro que se armó a fines de marzo para recibir a enfermos de COVID-19, a pocos metros del hospital. Sin embargo, fuentes cercanas al hospital manifestaron que la negativa se trata de una “maniobra estratégica” para que no tengan contacto con el resto del personal militar.
Infobae pudo saber que, en total, fueron 48 los presos hisopados. También que muchos de ellos serán derivados al Hospital Muñiz y que otros continuarán con la internación en las clínicas que les correspondan por sus obras sociales.
SEGUÍ LEYENDO:
Últimas Noticias
La UTA ratificó el paro de colectivos para hoy en el AMBA: qué líneas se ven afectadas
El sindicato aseguró la “abstención de tareas” en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron. “Si aparece la plata, salimos a trabajar”, dijo el vocero del gremio. La respuesta de los empresarios
Quién era la joven de 20 años que murió en Villa Devoto tras ser golpeada por un cartel de una obra en construcción
La víctima fue identificada como Lourdes Antonini. Era empleada administrativa del Ejército
Quiénes son los heridos que viajaban en el helicóptero que cayó sobre el ex circuito KDT de Palermo
Se trata de una mujer de 32 años, un joven de 24 y el piloto de 45. Fueron llevados al hospital Fernández pero están fuera de peligro. La investigación está a cargo de la ANAC
El baterista femicida de Callejeros confesó el crimen de Wanda Taddei en la cárcel y será padre con su nueva novia
Eduardo Vásquez, preso en el penal de Devoto, podría recibir las salidas transitorias a pesar de las advertencias del Servicio Penitenciario Federal, del Ministerio Público Fiscal y de la familia de la víctima. La polémica
Macabro giro en el caso de la policía que mató a su ex: la acusaron de montar una falsa escena del crimen
El asesinato ocurrió el 12 de noviembre en Caballito. La fiscal Mónica Cuñarro acusa a Cynthia Cecilia Maidana del homicidio y de cubrir sus rastros con mentiras. La pericia balística que la complicó y la denuncia que le hizo su propia familia
