En la Ciudad de Buenos se analizará eliminar la obligatoriedad para los socios de los gimnasios de contar con un certificado médico anual para poder practicar actividad física y, en cambio, se propone que los clientes tengan que presentar solamente una declaración jurada con algunos datos sanitarios propios.
Esta medida será debatida en la Legislatura porteña y, de ser aprobada, entraría a regir cuando estos establecimientos vuelvan a abrir sus puertas, una vez que se flexibilice el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La iniciativa busca que a partir de ahora quienes quieran hacer este tipo de actividad completen un cuestionario personal y, en base a las respuestas brindadas, se les solicitará o no el correspondiente análisis médico.
La modificación es parte de un listado de cambios al Código de Habilitaciones y Verificaciones que tratarán los diputados en la sesión ordinaria del próximo jueves, que apuntan a “simplificar” la actual regulación con la cual deben cumplir las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) para poder funcionar.
La iniciativa fue presentada por el legislador del bloque oficialista Vamos Juntos, Gonzalo Straface, en diciembre pasado, sin contemplar la pandemia por el coronavirus que llegó unos meses después y que determinó una serie de restricciones que recayeron, justamente, sobre el sector económico porteño integrado, en su mayoría, por Pymes.
En este marco, se impulsaron 28 modificaciones al Código que fueron trabajadas por la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, ya en un contexto de cuarentena, entre las que se encuentra el cambio a los alcances de la normativa -que data del año 1998-, que estipula el funcionamiento de los gimnasios en la Ciudad.
Aquella disposición, aún vigente, determina que “todas las personas que realicen actividades físicas” en estos establecimientos, tienen que “poseer un certificado de aptitud física que debe contener los resultados de estudios electrocardiográficos expedido por el especialista actualizado anualmente”.
La nueva redacción, en cambio, plantea que los potenciales socios que quieran practicar “actividades físicas no competitivas” en las instalaciones, estarán obligados a presentar solamente “una declaración de aptitud física cuyo contenido será fijado por el Ministerio de Salud”, que, a su vez, elaborará los “formularios diferenciados para menores y mayores de edad”.
En el proyecto, el oficialismo agregó que la planilla en cuestión será “de aptitud física y de regularidad en los controles personales de salud”, la cual permitirá conocer “antecedentes de enfermedades”, en tanto que deja abierta la posibilidad que las autoridades sanitarias pidan “certificados médicos obligatorios” cuando lo consideren necesario.
Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, que trabajó en la redacción de esta iniciativa junto a los asesores legislativos, “se reemplaza el certificado médico anual por un cuestionario que deberá ser completado por quien realice la actividad y, en base a las respuestas brindadas, se le solicitará o no el correspondiente análisis médico”.
En la actualidad, los gimnasios exigen a sus socios la presentación anual de un permiso médico, pero, de acuerdo con el análisis de los funcionarios y de los legisladores, “en muchas ocasiones, la gente no concurre a realizarse los chequeos”, sino que simplemente consiguen una autorización firmada por un profesional.
“Con este proyecto, queremos que intervenga el Ministerio de Salud de la Ciudad y así generar una conciencia en las personas del chequeo médico”, remarcó Straface, quien también consideró que esta medida contribuirá al esquema de verificación del cumplimiento de este requisito que está bajo la órbita de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) .
Las inspecciones en los gimnasios están a cargo de la AGC que realiza visitas periódicas con ingenieros o arquitectos que verifican la adecuación del local a la normativa vigente en distintos aspectos, entre ellos, el estado de las instalaciones, los sistema de ventilación y también el certificado médico de los clientes.
Para los impulsores del cambio de la ley, estos profesionales no cuentan con la capacitación necesaria para detectar posibles problemas de salud, por lo que consideraron más adecuado trasladar este asunto a la cartera sanitaria
La declaración jurada que deberán llenar los socios ya está en estudio y tomaría como modelo un cuestionario conocido como “PAR-Q”, que contiene una serie de preguntas respecto de la situación sanitaria y cardiovascular de las personas.
Entre las consultas figuran por ejemplo, la presencia de dolores en el pecho, pérdida de conocimientos o mareos y si registra problemas de presión arterial o circulación.
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