(Gustavo Gavotti)
(Gustavo Gavotti)

A la justicia federal de la Capital llegan los casos en los que están imputados los que durante la cuarentena obligatoria salieron a las calles sin tener una justificación adecuada. Los primeros quince días de la cuarentena recibió los casos el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodríguez quien estaba de turno con la fiscal Alejandra Mángano.

Fue tanta la cantidad de casos –estimados por fuentes judiciales en unos 8.500- que la Cámara Federal y los propios jueces decidieron que de ahora en más cada juzgado estaría de turno solo una semana. El primer día de abril entró de turno el juzgado a cargo de Julián Ercolini con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Uno de los casos que recayó en el juzgado de Ercolini se inició el viernes 3 de abril a las 16.40 cuando un Mercedes Benz blanco estaba estacionado en una de las calles principales del barrio de Villa Devoto. El auto se hallaba parado sobre la calle Asunción al 4100, a metros de la estación Devoto del Ferrocarril San Martín, jurisdicción de la comisaría 11B de la Policía de la Ciudad. Allí está prohibido estacionar.

Un policía se acercó al automovilista para explicarle que no podía estar detenido en ese lugar y al mismo tiempo solicitarle el permiso para circular. El dueño del auto comenzó a gritar y a amenazar al policía que le había pedido los papeles. Como la agresión continuó el policía pidió apoyo y en un patrullero llegó hasta el lugar una Oficial Mayor de la policía de la Ciudad. La situación violenta se incrementó ante la presencia de la mujer policía. Ya que el hombre-según explicaron fuentes judiciales- comenzó a maltratarla por su condición de mujer.

El agresor se presentó como abogado y como amigo de “muchos jueces” y amenazó a los agentes con hacerlos “echar” de la Policía de la Ciudad por haber osado pedir su permiso para circular durante la cuarentena. Obviamente no estaba autorizado a circular y por ello fue secuestrado su Mercedes Benz modelo C250 Blue Efficiency, del año 2013.

El juez Julián Ercolini debe decidir el envío a juicio de la ex Presidente
El juez Julián Ercolini debe decidir el envío a juicio de la ex Presidente

Según se determinó mediante los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández para establecer la cuarentena obligatoria quienes violen el aislamiento serán denunciados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal. El último establece que “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal". La otra figura legal está dentro del Capítulo IV del Título VII del Código Penal que tipifica los delitos contra la salud pública. Así el artículo 205 dice que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Al abogado cuyas iniciales son G.M.F. cumplirá 48 años en diciembre próximo y tiene domicilio en Rivadavia al 16400 en Haedo, provincia de Buenos Aires se le inició una causa judicial por haber violado la cuarentena. Según pudo confirmar Infobae a través de fuentes judiciales, en los antecedentes penales del abogado aparece un caso de amenazas y violencia de género del año 2016 y una orden de restricción perimetral dictada en su contra dictada en 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 5 de la Capital. El abogado se comunicó con Infobae y negó la acusación. Al mismo tiempo aseguró que “fue absuelto en el caso de amenazas y violencia de género y la orden de restricción fue levantada”.

El abogado que maltrató a los agentes y se ensañó con la mujer policía, tendrá que pagar una multa establecida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aquellos a los que se les secuestra el auto por violar la cuarentena que puede llegar a los 80.000 pesos. Además deberá cumplir con la cuarentena y afrontar la causa penal que se le ha iniciado.