
Después de tomar posición durante la campaña a favor de la despenalización del aborto y de aclarar -durante la gira presidencial por Europa en la que visitó al Papa Francisco- que estaba también a favor de la legalización, finalmente llegó el anuncio oficial. En el discurso de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, Alberto Fernández confirmó que presentará un proyecto propio de legalización de la interrupción legal del embarazo durante los próximos 10 días, "que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.
Es la primera vez en la historia argentina que un presidente envía al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto. La demanda, tomada por el oficialismo, es el resultado de décadas de lucha de los feminismos.

Había en los feminismos una enorme expectativa con el anuncio -por el valor del respaldo del Poder Ejecutivo- pero también cierta prudencia ante el hermetismo -por ahora se conocen lineamientos pero no detalles del proyecto-. Será un proyecto alternativo, distinto al que presentó siete veces la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y que es el resultado de un consenso entre más de 700 organizaciones sociales, de Derechos Humanos, académicas, científicas, religiosas, culturales, artísticas, sindicales y políticas.
Se siguió en vivo y por las redes sociales, por eso #Aborto2020 rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. Durante la espera, Alberto tuvo un fallido: “Derrotar al hombre” dijo, cuando quiso decir “derrotar el hambre”, y muchas feministas se hicieron eco en las redes llamándolo “el feminazi menos pensado”. El fallido se suma al de diciembre cuando Alberto dijo “volvimos y vamos a ser mujeres...mejores”, se corrigió.
Desde el recinto de la Cámara de Diputados y decidido a poner foco no en la grieta entre verdes y celestes sino en la Salud Pública, comenzó: “Quiero abordar un tema que llevamos mucho tiempo debatiendo entre nosotros. Sé que parea muchos es un tema que tiene profundas implicancias personales. La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos: distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo de aquellos que asumen las que desean interrumpir su embarazo. Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que esos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud”, dijo y fue aplaudido de pie.
En el recinto, la bancada del Frente de Todos estuvo con sus pañuelos verdes visibles, hubo más en la bancada de Juntos por el cambio. Hubo, también, un único pañuelo celeste, el de la banca de Dina Rezinovsky, diputada evangélica del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. La senadora María Inés Pilatti Vergara calmó el calor con un abanico verde. Adentro del recinto también estuvo la socióloga Dora Barrancos, cerca de cumplir 80 años, una de las “históricas” del feminismo argentino, férrea defensora del derecho al aborto legal, que también aplaudió sonriente, mientras la transmisión oficial mostraba la emoción de las mujeres que fueron a la puerta del Congreso.

Alberto Fernández se refirió a la legislación vigente y aseguró que “no es efectiva”. “Desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Cien años después la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma. Está dicho que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y recurren a él para interrumpir sus embarazos. La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma, también ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a practicas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma”.
Pidió salir de “la hipocresía que nos atrapa” y -mientras su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, partícipe clave en la redacción del proyecto- aplaudía de pie y emocionada, el presidente siguió: “Un Estado presente debe defender a los cuidadanos en general y a las mujeres en particular y en el siglo 21 toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”.

Después de citar todo ese contexto, Fernández anunció que dentro de los próximos 10 días presentará “un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”. No aclaró hasta cuántas semanas (en el proyecto de la Campaña se prevé el aborto legal hasta las 14 semanas). Aplaudieron de pie también diputados de la oposición como Silvia Lospenatto.
En simultáneo, anunció que lanzará un programa “contundente” de Educación Sexual Integral -el lema de la Campaña por el aborto legal también habla de “Educación sexual para decidir”- y prevención del embarazo no deseado. La otra pata, tal como se había filtrado, hará foco en “llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza”.

Así, el Poder Ejecutivo también enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el “Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”, ante el aplauso del también conmovido ministro de Salud, Ginés González García. Esta parte del anuncio se considera un gesto hacia la Iglesia.
“Por esa vía queremos reducir significativamente las tasas de mortalidad y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el neurodesarrollo y la salud de madres e hijos de manera integral. Estamos seguros que de este modo estamos ampliando los derechos de la mujer y dando protección a las que necesitan más apoyo en el momento del embarazo. Así como lo hacemos con los derechos ciudadanos, hemos recuperado la centralidad de los Derechos Humanos en la gestión de gobierno”, cerró. Poner la defensa de los Derechos Humanos como marco, también fue un paraguas clave dentro del discurso.
Dos años atrás, el gobierno de Mauricio Macri anunció que iba a habilitar el debate y no iba a poner obstáculos para que el Congreso debatiera el tema (después, cuando tomó posición en busca de la reelección, se supo que estaba en contra). Se debatió en 2018 -Diputados aprobó el proyecto y el Senado lo rechazó- . Esta vez hay un cambio sustancial. Por primera vez un presidente presentará un proyecto propio.
Lo que se sabe hasta ahora es que en la redacción del proyecto participan equipos técnicos del Ministerio de Salud, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. No sólo contemplará la despenalización sino también la legalización del aborto, lo que significa que, de aprobarse, las mujeres e identidades con capacidad de gestar (varones trans) no podrán ir presas o presos por recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo y que podrán ser atendidos en el sistema público para evitar la clandestinidad.

Las versiones indican que el proyecto incluirá la “objeción de conciencia” para médicos y clínicas privadas, pero obligará a atender en hospitales públicos. Esa posibilidad de qué médicos/as, anestesistas, enfermeras o instituciones completas se nieguen a hacer la práctica podría volver a este punto en particular uno de los principales ejes de debate.
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