“Ante el aborto como política pública” es el título de la declaración de las facultades de Derecho de las Universidades Católicas en la Argentina sobre la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de hacer del aborto un “derecho” garantizado por el Estado, “una política pública”.
Frente a este proyecto, las facultades de Derecho consideraron un deber “ofrecer una respuesta jurídica acerca de la importancia del derecho a la vida y su protección constitucional desde la concepción en el ordenamiento jurídico argentino”.
En este largo y detallado documento aseguran que el “orden jurídico fundamental” de la Argentina, es decir su Constitución Nacional, los Tratados sobre Derechos Humanos con jerarquía constitucional y el Código Civil y Comercial, “asimila el concepto de ‘niño’, ‘persona humana’ y ‘ser humano’” y afirman que “se es niño ‘desde la concepción y hasta los 18 años’, que el derecho a la vida por lo tanto se encuentra tutelado desde la concepción y, aún más, que la vida del embrión humano se encuentra tutelada también fuera del seno materno”.
Invocan también la vigencia en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Y aclaran que no están argumentando a partir de convicciones personales sino en base al orden jurídico vigente: “No se trata tampoco de razones religiosas, morales, ni de convicciones personales. Ellas existen, tienen una fuerte e inocultable presencia en nuestra sociedad y, sin duda, serán integradas al debate. Pero en nuestro caso, como Facultades de Derecho, queremos situar los argumentos en el plano del orden jurídico vigente”.
Buscan además precisar los términos del debate, definir lo que está en juego en torno a la legalización del aborto: “Se trata del derecho objetivo a la vida del niño y de la madre y su efectiva tutela constitucional y convencional o del avasallamiento de nuestro orden jurídico federal junto con la eliminación de miles de seres humanos. Este es el debate pendiente antes de continuar con la aplicación de estos ‘protocolos’ intolerables o de insistir con proyectos de despenalización o legalización del aborto transformando un delito en un derecho”.
A propósito de los protocolos, denuncian que éstos implican una legalización de hecho: “El ‘Protocolo’ aprobado por la Resolución 1/20 del Ministerio de Salud configura una virtual legalización del aborto a demanda, asumiendo el PEN atribuciones exclusivas del Congreso”.
Finalmente, apuntan contra la intención anunciada por el Gobierno de “compensar” la legalización del aborto con otras dos leyes: una reforma de la ley de adopción y otra de apoyo a las mujeres que quieren llevar adelante su embarazo y se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“El hecho de anunciar, al mismo tiempo, medidas para la protección de la madre y el niño desde la concepción revela una flagrante contradicción y no legitima la grave decisión de impulsar el aborto como objeto de la política de salud pública –dice la declaración–. Conforme a la Constitución, en realidad, dicha protección integral de la madre y el niño por nacer debiera ser el único objetivo de toda política pública en este campo”.
Y recuerdan que el tema ya se debatió y hace apenas dos años: “Todo ello a pesar del rechazo por el mismo Congreso de la Nación el 9/8/18 del proyecto de ‘Interrupción Legal del Embarazo’ (ILE), que el PEN impone ahora mediante una norma administrativa, por ello mismo doblemente inconstitucional”, advierten.
Firman la declaración: por la Universidad Católica Argentina, Pablo María Garat, de la facultad de Derecho Buenos Aires; Martín Acevedo Miño, de la facultad “Teresa de Ávila”, de Paraná; Luis María Caterina, de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de Rosario. Por la Universidad Católica de Córdoba, Carlos F. Ferrer, de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por la Universidad Católica de La Plata, Miguel Gonzáles Andia, de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Ricardo von Büren, de la facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Por la Universidad del Salvador, Livia Mercedes Uriol, de la facultad de Ciencias Jurídicas. Por la Universidad Fasta, María Paula Giaccaglia, de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
(Con información de AICA)
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