
Es una de las claves de la crisis actual, pero de eso no se habla. O casi no se habla.
Entre las escasas personalidades políticas francesas en aludir a ello, el socialista Jean-Pierre Chevènement, varias veces ministro en diferentes áreas y etapas, dijo: “Hemos perdido 70 mil nacimientos desde 2014. Pero hace falta una población activa numerosa que trabaje y cotice para tener un buen sistema jubilatorio. Ese es el fondo del asunto”.
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Ese es el fondo de la reforma que impulsa Macron, que pretende fundir los 42 sistemas de pensiones existentes en Francia en uno solo. Aunque para la mayoría la edad mínima de retiro es de 62 años, en la actualidad hay convenios por actividad, que permiten a algunos trabajadores jubilarse antes. La esperanza de vida es de 85,7 años para las mujeres y de 79,8 para los hombres, lo que implica unas dos décadas de vida pasiva.
Francia tiene un sistema jubilatorio análogo al argentino, de solidaridad intergeneracional: los trabajadores de hoy aportan para sostener a la clase pasiva actual, a cambio de lo cual serán sostenidos a su vez cuando se jubilen por las futuras generaciones activas. Por sus hijos.
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Pero la natalidad viene disminuyendo de modo constante según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, organismo oficial. Nacieron 753.000 bebés en 2019, 6000 menos que el año anterior. La baja es leve, pero es el 5° año consecutivo de caída. El índice de fecundidad se ubica ahora en 1,87 niño por cada mujer en edad fértil, contra 2,03 en 2010.
Tradicionalmente, siempre estuvo presente en el pensamiento de los líderes franceses la necesidad de mantener una tasa lo más constante posible, entre otras cosas por el horizonte de una posible crisis del sistema previsional.
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Entre 2006 y 2014, gracias a políticas de fomento de la natalidad -como aumentos exponenciales de los beneficios sociales a partir del tercer hijo- y al aporte migratorio, Francia conoció una “edad de oro” de la natalidad: una tasa de fecundidad más cercana a la de reemplazo -que mantiene constante el número de habitantes de un país-, y que es de 2,1 hijos por mujer. Tras haber caído hasta un nivel de 1,88, la tasa había ascendido a 2 hijos por mujer en 2006, a 2,03 en 2010 (el pico del período), y era de 2,01 en 2014, cuando empezó a declinar.
Esta “edad de oro” no fue espontánea. Obedeció a medidas como la posibilidad, para uno de los progenitores, de hasta un año de licencia paga a partir del tercer hijo.
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El descenso iniciado en 2014 tampoco es casual. El director del Instituto de Estudios Opinión y Márketing en Francia (IFOP), Jerôme Fourquet, dijo que los padres que ya tienen dos niños son cada vez menos estimulados a buscar un tercero. “Hay concomitancia entre la afectación a las políticas familiares y la declinación de los nacimientos. Hasta 2014, la política familiar francesa era un santuario”.
Ahora, frente a la caída, Fouquet cree que se puede formular la hipótesis del impacto de los “cambios de política familiar del gobierno Ayrault” [Jean-Marc Ayrault, primer ministro de François Hollande, de 2012 a 2014], a saber, “una disminución por dos del cociente familiar”, por el cual el impuesto a los ingresos disminuye en proporción inversa al tamaño de la familia, mientras que las ayudas sociales -guarderías, subsidios a las vacaciones…- crecen junto con ella.
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Pero existe otro mensaje, que no es tanto material como cultural. Y es el discurso antinatalista que va de la mano de la radicalización de ciertas posiciones feministas y de la banalización del aborto.
Entre nosotros, algunos pocos legisladores evocaron el aspecto demográfico durante la discusión del aborto, a pesar de que su legalización es claramente un mensaje antinatalista, por más que sus promotores lo nieguen. Basta ver los resultados en los países donde esa práctica se ha “normalizado” al punto de constituir un método anticonceptivo más. Y Francia es un ejemplo paradigmático. Como lo explicaba la socióloga Ségolène Du Closel a Infobae -ella fue una de las expositoras en el Congreso argentino en 2018 sobre el tema-, actualmente, “se requiere mucha fortaleza, mucha fuerza interior, para tener una familia numerosa”. La familia numerosa es un signo de descontrol. Existe casi una condena moral.
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Desde la legalización, en 1975, la ley francesa fue reformada varias veces pero siempre en el sentido de facilitar la práctica del aborto; nunca al revés, como sí sucede en muchos estados norteamericanos.
En 45 años de práctica del aborto legal, se pasó de la disuasión -período de reflexión, entrevista con profesionales, búsqueda de otras alternativas- a prácticamente su promoción. “Se le quitó todo carácter de drama”, explicó Du Closel. El resultado está a la vista, aunque no sea éste el único factor de la débil natalidad.
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Más aun, François Hollande -no por casualidad, el mismo que canceló políticas natalistas- cerró su olvidable presidencia con una Ley, la 4118 de 2017, que extiende el llamado “délit d’entrave” al aborto; es decir, castiga con dos años de cárcel y 30.000 euros de multa “el impedir o intentar impedir la práctica o la información sobre una interrupción del embarazo”. La norma está cuestionada por inconstitucional, pero de momento vigente y habla del nivel al que ha llegado el antinatalismo que impregna a muchas sociedades occidentales en la actualidad.
Algo análogo sucede en Argentina, donde el aborto se cuela a través de un Protocolo que es una legalización de facto: deshumanizar al feto, no mostrarlo -ni en pintura, como lo prueba la censura a los murales del Hospital Piñero-, hablar sólo del cuerpo de la mujer, como si no hubiera dos vidas-, ignorar totalmente al padre en la decisión, etcétera.
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“Uno de cada cinco potenciales franceses es abortado hoy -siendo el niño discapacitado el primero en ser eliminado-. Es un poco crudo dicho así pero genera un malestar”, decía Du Closel. “Hoy las francesas, muchas de ellas, no se autorizan el bebé que no está planeado. Una pareja, si el hijo no está planeado, no se da a sí misma la autorización de tenerlo”, explicaba.
<b>El signo de la vitalidad de un país</b>
La natalidad no es una estadística más: representa el signo de la vitalidad de un país, de la confianza de su población en el futuro. No por casualidad, el historiador y demógrafo francés Emmanuel Todd pronosticó ya en 1976 el fin de la URSS en un libro llamado “La caída final. Ensayo sobre la descomposición de la esfera soviética”, en base a la observación de algunas estadísticas sociales y en particular demográficas. Y el mismo Todd, partiendo de las variables análogas, escribió en 2003: “El regreso de Rusia”...

¿Qué dice hoy sobre la crisis francesa? Una desorganización progresiva de la sociedad acaba por quebrar sus resortes, sostiene. Esa desorganización se expresa en tres rupturas: la ruptura económica -desindustrialización, empobrecimiento-, la ruptura educativa -caída generalizada del nivel de enseñanza- y la ruptura demográfica -caída de la fecundidad, shock migratorio-.
Independientemente del acierto o no de la reforma de Macron -por caso, la eliminación de todos los regímenes especiales puede conllevar una gran injusticia hacia profesiones más desgastantes que otras-, lo cierto es que está inspirada en la insostenibilidad a largo plazo de un sistema de solidaridad intergeneracional cuando la clase pasiva es cada vez más longeva y la generación de los hijos cada vez más magra.
El envejecimiento de la población afecta a largo plazo a todos los sistemas de este tipo. Sin embargo, inexplicablemente, el debate casi nunca incluye el factor demográfico.
<b>De eso tampoco se habla en Argentina</b>
Veamos qué sucede en la Argentina en materia previsional: estamos lejos del 82 por ciento móvil que indica un ideal de justicia hoy irrealizable. Por la simple razón de que el número de trabajadores aportantes al sistema no alcanza para remunerar de ese modo a todos los jubilados.
La relación óptima para que funcione la solidaridad intergeneracional es de 6 trabajadores activos por cada jubilado. Una meta más que lejana: con 6,9 millones de jubilados y 11,7 de aportantes, el ratio es de 1,7 activos por cada jubilado.
Es el motivo por el cual el actual gobierno quiere achatar la pirámide jubilatoria: que más retirados cobren ingresos más bajos, para volver sustentable el sistema que, obviamente no se sostiene a sí mismo.
Es una necesidad urgente. Lo que no se entiende en este marco es que el mismo gobierno que en una anterior gestión promovió la Asignación Universal por Hijo, que luego la extendió a la mujer embarazada, que ideó el Plan Qunita -más bien fallido pero bien intencionado-, habilite hoy el mensaje antinatalista poniendo en primer término de sus prioridades la legalización y la gratuidad del aborto.
No existe, o no se ha manifestado aún, ningún funcionario que siquiera esté integrando la variable demográfica en su reflexión sobre el futuro de la Argentina. En lo previsional y más allá. A modo de recordatorio, va de nuevo la cita de Chevènement: "Hace falta una población activa numerosa que trabaje y cotice para tener un buen sistema jubilatorio”.

“Gobernar es poblar”, decía nuestro Juan Bautista Alberdi. Francia, por otra parte, tiene una población más numerosa -casi 67 millones- en un territorio que cabe cinco veces en el nuestro.
La demografía, el número y distribución de la población en un territorio, un mercado interno amplio y dinámico como base de la recuperación de una economía y de su desarrollo; todos elementos que los estadistas deberían integrar en su estrategia.
Para grandes potencias como Rusia y Estados Unidos, la población es un factor clave del desarrollo: la población es poder. Para la primera, la recuperación demográfica fue el signo de su renacer; en la segunda, el gobierno avala activamente políticas de disuasión del aborto.
En Argentina, hoy, de eso no se habla, ni en eso se piensa, en un gobierno que se declara peronista y keynesiano, pero tiene -activa o pasivamente- una política como la del intrascendente Hollande, ya que fomenta o tolera la extensión de un clima antinatalista en el país.
Salvo que crea que con el aborto se come, se cura y se educa...
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