Operación Caimán: la cifra que el Ministerio Público atribuye a la red que operaba en República Dominicana

La red desmantelada en la Operación Caimán habría movilizado 28 toneladas de cocaína al año desde el sur de República Dominicana y usaba el país como punto de paso hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, según la acusación del Ministerio Público difundida por El Día, en un caso que ahora entra en una etapa decisiva con acuerdos de culpabilidad bajo examen judicial y otros acusados reenviados a juicio.

Según el Ministerio Público, las 28 toneladas equivalen a unos 2,333 kilos al mes, 538 kilos por semana o cerca de 77 kilos diarios. La cantidad atribuida a la estructura supera toda la cocaína decomisada por las autoridades dominicanas durante 2023 y es prácticamente equivalente a la ocupada en todo 2022.

De acuerdo con las autoridades, la organización comenzó a operar en diciembre de 2021 y se mantuvo activa hasta abril de 2024, cuando fue desmantelada. Si el promedio anual sostenido por los fiscales se hubiese mantenido durante esos cerca de 28 meses, el total movilizado rondaría matemáticamente las 65 toneladas de cocaína.

La investigación sostiene que en las operaciones de narcotráfico transnacional participaban seis estructuras criminales integradas por unas 37 personas. Su esquema consistía en enviar embarcaciones artesanales rápidas tipo “Go Fast” hacia territorio colombiano, recoger cargamentos de cocaína y regresar a costas dominicanas.

La droga procedía de La Guajira y Alta Guajira, en Colombia, y entraba principalmente por las costas de Peravia, Barahona y Pedernales. Desde República Dominicana, los cargamentos eran preparados para seguir su ruta hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Según la acusación, los integrantes de las distintas estructuras se repartían tareas de planificación, transporte, logística, almacenamiento y ejecución de las operaciones marítimas. Una de las características que, según la investigación, llamó la atención fue la composición familiar de algunos de esos grupos.

El Ministerio Público identificó agrupaciones como “Los Santa”, “Los Pescadores” y “Los Ciguillos”, entre otras, con funciones específicas dentro de la red. Carlos Manuel Cuevas Pérez, uno de los imputados que alcanzó un acuerdo con el órgano acusador para buscar una reducción de condena, fue vinculado por los investigadores con “Los Santa”.

Las autoridades atribuyeron a Malbin Martínez Feliz la dirección de “Los Pescadores”. Otros imputados aparecen conectados con ramas dedicadas a la logística y al transporte de la droga.

El proceso judicial avanza con acuerdos y un juicio de fondo en curso

El Ministerio Público sostiene que las estructuras manejaban grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico y destinaban parte de esos recursos a obtener protección e información para facilitar sus operaciones. En las pesquisas iniciales, los fiscales atribuyeron a la organización el pago de sobornos a políticos, comerciantes, empresarios y militares.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon vehículos, embarcaciones, armas de fuego, drones, brújulas, equipos GPS y dinero en efectivo. La Fiscalía reunió además decenas de elementos de prueba, incluidas interceptaciones y transcripciones de conversaciones entre integrantes de las redes sobre la coordinación de operaciones.

Más de dos años después del desmantelamiento de la estructura, el caso entra ahora en una fase clave. Cuevas Pérez admitió los hechos que se le imputan para procurar una reducción de la pena, y otros acusados también buscan negociar con el Ministerio Público, según informó El Día.

Esos acuerdos deberán ser examinados por los jueces del Tribunal Colegiado de Barahona, que decidirán si los homologan. Entre los procesados figuran Geise Feliz Pérez, Gloria González Pérez, Jerbinson Bernabé López, Malbin Martínez Feliz, Wellington Ford Garó, Wilkins Joel Cuevas Ferreras y Wilmer Joel Cuevas Florián.

También seguirá el juicio de fondo contra Máximo Andrés Ruiz Moreta, Rafael Marcelo Saldaña Cuevas y Yesenia Florián, quienes fueron enviados nuevamente a juicio después de que la Corte de Apelación de Barahona revocara decisiones de no ha lugar emitidas a su favor. Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos, tráfico y porte ilegal de armas, además de otros delitos vinculados al crimen organizado.