Nicaragua asignó más USD 19.7 millones a la universidad que reemplazó a la Universidad Centroamericana

El Estado de Nicaragua ha destinado 721.8 millones de córdobas (aproximadamente USD 19.7 millones) para sostener a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la institución pública que reemplazó a la antigua Universidad Centroamericana (UCA) tras la confiscación ordenada por las autoridades en agosto de 2023.

Esta cantidad, repartida en cuatro presupuestos anuales, se ha dirigido principalmente al pago de salarios, becas estudiantiles y mantenimiento del campus.

La transición se produjo luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cerrara la UCA bajo acusaciones de terrorismo y conspiración, adjudicándose las instalaciones y entregándolas a la nueva universidad estatal.

Desde entonces, el financiamiento público ha permitido mantener las operaciones, aunque la mayor parte de los fondos se ha dedicado a cubrir gastos corrientes y no a inversiones en infraestructura.

Entre 2023 y 2025, los recursos asignados a la universidad surgida de la expropiación se destinaron casi en su totalidad a sostener la nómina, otorgar becas y acondicionar el inmueble, según un análisis de Confidencial.digital sobre datos presupuestarios oficiales. Solo en 2026 se presentó el primer proyecto de inversión: el “Mejoramiento y equipamiento de infraestructura y servicios de la sede central de la UNCSM en Managua”, con una partida de 25.5 millones de córdobas (aproximadamente USD 700,000), de los cuales solo 7.2 millones (unos USD 200,000) se habían utilizado hasta junio, apenas un 28.4% del total previsto para la obra.

Presupuesto, ejecución y destino de los fondos

Durante el primer semestre de 2026, la universidad recibió 154.3 millones de córdobas (cerca de USD 4.2 millones) de los 328.3 millones asignados en el Presupuesto General de la República para ese año, alcanzando un nivel de ejecución del 47%. El resto de los fondos públicos invertidos desde 2023 se usó para gastos operativos, sin registrar inversiones en infraestructura hasta la llegada del nuevo proyecto en 2026.

La apertura de matrículas para el ciclo lectivo 2024 se pospuso hasta noviembre de 2023 debido a la falta de recursos para operar. La asignación inicial fue de 44.7 millones de córdobas (USD 1.2 millones), seguida de aumentos presupuestarios a 248.5 millones (USD 6.8 millones) en 2024 y 296.5 millones (USD 8.1 millones) en 2025, de los cuales se ejecutó el 92%. Los informes oficiales no reportan ninguna obra de inversión en esos tres años, confirmando la prioridad del gasto operativo. De acuerdo con Confidencial.digital, el grueso de estos presupuestos fue destinado a cubrir exclusivamente salarios, becas y mantenimiento.

El reemplazo institucional significó que el Estado asegurara la continuidad académica en el campus expropiado, pero relegó el desarrollo de nuevas infraestructuras, limitando las inversiones a mantener lo existente.

Cambios en la matrícula y desplazamiento estudiantil

Antes de la confiscación, la Universidad Centroamericana contaba con 5,000 alumnos. Tras el cierre, 2,301 de ellos solicitaron traslado a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador y a la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, lo que equivale a casi la mitad del estudiantado original.

A pesar de esta salida masiva, la narrativa oficial señala un crecimiento sostenido de la matrícula en la nueva universidad. Rosario Murillo reportó 5,100 estudiantes en 2024, mientras que en 2025 la cifra oficial superó los 10,000 estudiantes. Para 2026, el portal web institucional anunció más de 15,000 estudiantes inscritos en distintas modalidades.